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 El juez de Instrucción
Pablo Bruno, a quien se acusa de haber hecho la vista gorda ante una sesión
de torturas en una comisaría porteña, presentó la
renuncia a su cargo, y el gobierno nacional la aceptó ayer mismo.
La dimisión liberaría al juez del peregrinar que ya inició
ante el Consejo de la Magistratura, pero no lo salvaría de la investigación
que se lleva a cabo en otro tribunal porteño por el supuesto encubrimiento
de apremios ilegales.
Con buenos vínculos con la Policía Federal, Bruno llegó
a juez con el padrinazgo de Hugo Anzorreguy, el ex jefe de la SIDE menemista.
Su carrera judicial la inició nada menos que como secretario del
juez de la dictadura Lucio Somoza. Y en su foja de servicio tiene como
antecedente el haber procesado en 1995 a la Madre de Plaza de Mayo Carmen
Lapacó, acusándola de un robo que ella misma había
denunciado, después de someterla a un durísimo interrogatorio.
Ahora, Bruno se encuentra de licencia y hace rato que no pisa su despacho.
Si bien ayer se negó a hablar sobre el tema, fuentes del Ministerio
de Justicia confirmaron que la renuncia fue presentada y que anoche ya
estaba firmado el decreto con la aceptación.
La acusación contra Bruno no la hizo un detenido sino el Tribunal
Oral 9, que juzgó a los acusados del llamado “asalto del siglo”,
y descubrió serias irregularidades en la instrucción de
la causa, a cargo del cuestionado juez. Entre otras, lo denunciaron por
haber montado su despacho en una seccional de la Federal y haber tolerado
la aplicación de torturas contra un detenido.
La investigación de esta denuncia quedó en manos de su colega,
el juez de Instrucción Nelson Jarazo, pero también ingresó
en el Consejo de la Magistratura. La presentación fue aceptada
por la Comisión de Acusación de ese cuerpo, que lo citó
para que dé explicaciones. Bruno concurrió el 29 de agosto
y el 19 de setiembre, y en ambas ocasiones negó haber tomado conocimiento
de la aplicación de torturas a detenidos en la seccional.
La renuncia de Bruno llega cuando la comisión estudia si lo cita
para hacer su descargo, el paso previo a la acusación. Pero si
el Poder Ejecutivo acepta la renuncia, la causa iniciada en el Consejo
de la Magistratura se extinguirá en forma automática: ese
cuerpo sólo está habilitado para investigar a jueces, y
si se acepta su dimisión, Bruno ya no será magistrado.
De todas formas, el camino está libre para que el fiscal pida su
declaración indagatoria en la causa penal. De comprobarse las acusaciones,
el juez habría incurrido no sólo en el delito de mal desempeño
de los deberes de funcionario público sino en el encubrimiento
de apremios ilegales.
Como los términos de la renuncia no se conocieron, se abrieron
paso las conjeturas. Mientras unos dijeron que el juez renunciaba para
evitar un seguro juicio político, otros atribuyen el paso al costado
a una oferta para trabajar en el área Seguridad del gobierno bonaerense.
El “robo del siglo” –el hecho donde aparece involucrado
el juez– ocurrió el 20 de diciembre de 1996, cuando un grupo
de delincuentes robó 18 millones de pesos en la empresa de caudales
Firme SA. Tiempo después, la policía detuvo al ex custodio
de la empresa Jorge Trillo y al pai umbanda Ides Betancourt. El primero
denunció que había sido torturado el mismo día en
que el juez estaba en la comisaría. Trillo apareció muerto
tiempo después en la celda de otra seccional.
Bruno también fue cuestionado este año por la Cámara
del Crimen, por su actuación en una causa en la que se investigaba
una red de prostitución: la Sala I le tuvo que pedir que investigara
la complicidad de tres oficiales en el cobro de coimas a proxenetas.
INVESTIGAN
A MAS POLICIAS POR LA RED DE PROSTITUCION
En busca de la conexión azul
El barrio porteño
de Flores, considerado por una fuente policial como “el paraíso
de la prostitución”, vuelve a estar en el centro de una causa
por la explotación de prostíbulos que tiene el ojo puesto
sobre un comisario inspector de la Federal, en actividad, que está
sospechado de cobrar coimas para facilitar la continuidad sin sobresaltos
del negocio. El caso comenzó a partir de un seguimiento realizado
por la Superintendencia de Asuntos Internos que terminó con allanamientos
en cuatro hoteles de la zona de Flores y uno del barrio de Congreso que
formaban parte de la red utilizada por la organización. Unas 130
personas, entre prostitutas, travestis y propietarios o empleados de los
hoteles prestaron declaración en Asuntos Internos y abonaron una
causa en la que podrían estar involucrados otros funcionarios policiales.
La investigación realizada por Asuntos Internos es derivación
de una causa, abierta desde fines de 1998, que estaba a cargo del juez
Pablo Bruno (ver nota aparte), que ayer presentó su renuncia al
cargo y que recién a fines del mes pasado había ordenado
el procesamiento de dos oficiales inspectores de la Federal, Norberto
Pol (de Seguridad Personal) y Juan Palacio (de la comisaría 38ª,
ubicada en Esteban Bonorino 258, en pleno barrio de Flores) y del subcomisario
Horacio Hourcade, quien se desempeñaba en la comisaría 15ª.
En la misma causa fueron sobreseídos por falta de mérito
otros cinco policías de la Federal. En julio, la Sala I de la Cámara
del Crimen, integrada por los camaristas Edgardo Donna y Guillermo Rivarola,
le habían ordenado a Bruno que profundizara la investigación
relacionada con la pista policial en torno de las actividades ilegales
que tenía como centro de operaciones un local nocturno llamado
Sheik, ubicado en Flores, uno de cuyos encargados era en ese momento un
oficial retirado de la Federal.
Con ese hilo conductor, Asuntos Internos apeló a la intervención
de teléfonos y a las cámaras ocultas para establecer ahora
una nueva red, en Flores, integrada en este caso presuntamente por los
hoteles Casa Grande (Aranguren 2500), Arenas (Yerbal 2800), Casino (Cayetano
Rodríguez al 400) y Fénix (Bacacay al 2800”), a los
que se sumó el apart hotel Plaza, ubicado en Rivadavia al 1600,
en Congreso. En esta causa intervienen el juez Luis Altieri y el fiscal
Rodolfo Cudicio.
Los responsables de la red de prostitución tenían un catálogo
de ofertas sexuales que incluían a unas 90 mujeres y 20 travestis.
“Había para todos los gustos”, concluyó una fuente
policial consultada que participó en los operativos realizados
durante la semana pasada. En los allanamientos fueron detenidas unas 130
personas que fueron llevadas a las oficinas de Asuntos Internos, en Rivadavia
al 1300.
Allí se les tomó declaración, incluso a muchos clientes,
y todos quedaron en libertad en menos de 24 horas. Ahora la pista se está
cerrando sobre un comisario inspector cuyo nombre es mantenido en reserva
“para no entorpecer la pesquisa”. A comienzos de 1998 se había
descubierto otra red de prostitución, que incluía al barrio
de Flores, en la que estuvo involucrado el ex agente de la SIDE Raúl
Luis Martins.
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