|
Por Cledis Candelaresi
 Después de haber cerrado
el acuerdo con los gobernadores justicialistas, el Gobierno se juega a
que Diputados acelere la media sanción del Presupuesto del 2001
en una sesión especial del martes próximo, al definir una
serie de modificaciones. Para disciplinar a sus propios legisladores,
que cuestionaron duramente la iniciativa apenas fue girada, Economía
estaría dispuesta a incrementar el gasto en no menos de 600 millones
de pesos el año próximo, dejando en pie los subsidios al
combustible y al tabaco que pretendía recortar. Otro capítulo
de la estrategia oficial para contentar a los aliancistas sería
la determinación de girar al Parlamento el proyecto de ley previsional,
que los legisladores esperan recibir en los próximos días
(ver aparte).
La decisión de modificar la Ley de Solvencia Fiscal, permitiendo
que el déficit de este ejercicio y del próximo sean mayores,
dejó algún resquicio para que el gasto sea superior a lo
que José Luis Machinea había previsto originalmente. Con
ese margen, los legisladores de la Alianza insistieron en su exigencia
de que no se recorten las subvenciones a los combustibles pagatónicos
y al tabaco, prerrogativas fiscales que benefician directamente a un lote
de provincias por un monto total de unos 200 millones de pesos. A última
hora de ayer, el radical Horacio Pernasetti descontaba que ésa
era una batalla ganada.
El diputado oficialista trabajó ayer junto a sus compañeros
de bancada Jesús Rodríguez, Rodolfo Rodil, José Vittar,
Raúl Baglini y Darío Alessandro en el pulido del proyecto
que necesariamente Economía tiene que modificar. La reunión
fue convocada en el Palacio de Hacienda para el mediodía, justo
cuando comenzaba la medida de fuerza contra la política instrumentada
desde ese ministerio. Invocando el escaso sentido de oportunidad para
el cónclave, los oficialistas prefirieron no ir y ahora esperan
que les detallen las planillas con los números finales.
Las últimas medidas económicas –empezando por la corrección
hacia abajo de las pautas de crecimiento y la alteración de la
Ley de Solvencia Fiscal– obligan a hacer correcciones sobre el texto
original.
Otros cambios son producto directo de la negociación política
con las provincias, incluida la intención de mantener intactas
aquellas subvenciones. Como resultado de ese acuerdo, la Nación
decidió destinar un adicional de 225 millones de pesos para el
gasto social y una partida especial, posiblemente por un importe semejante,
para encarar obras públicas en algunas localidades del interior.
Ese pacto con los principales referentes del justicialismo acotó
el margen de este partido para discutir el texto en el Parlamento. Por
ahora, el reclamo en firme de los diputados opositores es que la Alianza
les acerque lo antes posible las planillas con el detalle de las iniciativas
en cifras, porque quieren evitar sorpresas en el recinto. Formalmente
el PJ reclama analizar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda
todas las modificaciones al proyecto, al que formularon 98 pedidos de
observación. Sin embargo, no mantendrían diferencias sustanciales
respecto de la propuesta oficialista, que desde que ingresó al
Parlamento fue más cuestionada por representantes de la propia
Alianza que de la oposición.
El riesgo más nítido de oposición que aparecía
hasta ayer provenía del heterogéneo grupo de diputados de
extracción sindical. Este bloque, que integran opositores y oficialistas,
plantea firmes cuestionamientos al recorte salarial del 12 por ciento
sobre los sueldos estatales.
Esa oposición es casi tan contundente como la que ejercen los frepasistas,
contrarios a la anunciada reforma previsional. La posibilidad de que Fernando
de la Rúa la disponga por decreto alimentó el rumor de otra
crisis en el Gobierno, supuestamente provocada por las renuncias de Alessandro,
titular del bloque, y Graciela Fernández Meijide. Con esta presión,
el Presidente prometió a sus legisladores girarles el proyecto
de ley en las próximas horas, aunque con la advertencia de que,
si el debateno se agota pronto, apelará al decreto. Lo que pocos
parecen considerar es que, aun así, el Parlamento debería
luego convalidarlo.
|
Prontitud y rapidez
El presidente Fernando de la Rúa mantuvo ayer una reunión
con el jefe de Gabinete y el ministro de Economía para ultimar
los detalles de los cambios del sistema jubilatorio y la desregulación
de las obras sociales. Al término del encuentro, Chrystian
Colombo aclaró que respecto de la edad jubilatoria de las
mujeres se definió que será gradual y optativo porque
“podrán optar por jubilarse a los 60 años o hacerlo
entre esa edad y los 65 años”. “A medida que se
jubile más cerca de los 65 años cobrará una
jubilación mayor”, sostuvo el funcionario, quien agregó
que con el recálculo jubilatorio “las mujeres van a
cobrar una retribución igual a los hombres, cuando hoy es
sensiblemente inferior”. Respecto de si habrá un decreto
de necesidad y urgencia o un proyecto de ley, Colombo afirmó
que “yo no voy a hacer especulaciones; siempre hemos dicho
que si sale con prontitud y rapidez es mejor la ley, pero también
hemos dicho que esto es imprescindible para generar solvencia y
credibilidad en el largo plazo”. En tanto, el bloque de senadores
justicialistas advirtió ayer que tiene previsto rechazar
la reforma previsional o promover la derogación del decreto
correspondiente si el Gobierno no introduce modificaciones sustanciales
en la iniciativa anunciada. “Están totalmente locos
si piensan que vamos a dejar pasar ese proyecto”, amenazó
el senador Augusto Alasino.
|
LAS
TERMINALES SIGUEN QUEJANDOSE POR EL ACUERDO
Riesgo de colisión de frente
A pesar de las
críticas de las terminales locales, el secretario de Industria,
Javier Tizado, ratificó el acuerdo alcanzado con Brasil, para destrabar
la puesta en marcha de la política automotriz bilateral en el marco
del Mercosur. El acuerdo fue avalado también por las terminales
brasileñas que expresaron que lo convenido es “bueno y representa
un avance para el bloque”. No obstante, en línea con sus pares
argentinas, se quejaron del 32 por ciento máximo de contenido importado.
Vincenzo Barello, presidente de Fiat, la misma firma a la que pertenece
el titular de Adefa, Cristiano Ratazzi, consideró que la pauta
de contenido local de partes establecida es “antieconómica
y de difícil cumplimiento”.
La posición de Fiat es previsible, pues recientemente esta firma
–que se contaba entre las pocas que actualmente estaban en condiciones
de sobrecumplir la pauta de contenido local– decidió una estrategia
global de producción que incluyó dejar de producir motores
en la Argentina. Esta decisión de su casa matriz la colocó
inmediatamente fuera del cumplimiento de contenido local mínimo
para satisfacer las demandas de la política automotriz del Mercosur.
Tizado, por su parte, defendió lo acordado. “Hemos escuchado
a todos, automotrices y autopartes, y luego de varias reuniones, Argentina
y Brasil firmaron un acuerdo que está vigente. La medición
del componente local comenzará el 1º de enero”, reafirmó
el secretario de Industria, quien agregó que se llegó al
acuerdo “luego de once reuniones en Brasil y catorce en Buenos Aires”.
En tanto, las automotrices brasileñas agrupadas en Anfavea se mostraron
conformes en el acuerdo, aunque propondrán, junto con la argentina
Adefa, elevar el contenido importado máximo del 32,5 al 37,0 por
ciento. Cabe recordar que las firmas que integran ambas asociaciones de
productores son prácticamente las mismas.
|
