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Por Felipe Yapur
 En 1976, el Arsenal Miguel
de Azcuénaga de Tucumán integraba la lúgubre lista
de 33 centros clandestinos que se diseminaban por todo el territorio provincial.
En julio de ese año, Luis Eduardo Falú, de 24 años,
fue secuestrado y trasladado al Arsenal. Allí sobrevivió
algunos meses de tortura y confinamiento hasta que una noche de setiembre
llegó Antonio Domingo Bussi, el genocida de la provincia. “El
se acercó a Luis, le puso su arma en la cabeza y disparó.
Así asesinó Bussi a mi hermano”, afirmó a Página/12
José Falú, actual ministro de Gobierno de Tucumán.
“Bussi iba todas las semanas a matar a un tucumano, para que después
todos los demás oficiales sigan matando y así consumar el
acuerdo de sangre que tienen entre ellos”, agregó para más
datos el funcionario justicialista.
Falú explicó que la razón que lo llevó a sacar
a luz el destino de su hermano son los constantes ataques que el propio
Bussi y sus seguidores realizan contra el funcionario desde que la Fiscalía
Anticorrupción provincial, creada a iniciativa de Falú a
fines del año pasado, investiga al genocida. El caso contra Bussi
es por haber autorizado durante su gobierno partidas reservadas para sí
y sus ministros, pese a estar prohibidas por la Constitución provincial,
que ascienden según el funcionario a la friolera de cinco millones
de pesos.
Frente al procesamiento, Bussi respondió atacando. Dijo primero
que el ministro es “un saltimbanqui de la política”,
luego lo acusó de haber dispuesto de gastos reservados durante
la gestión de Ramón Ortega, cuando ocupó similar
ministerio. También lo sindicó como el “mandamás
de la Justicia tucumana” y finalmente aseguró que ejerce influencia
sobre el Senado nacional para evitar que Pablo Walter ocupe la banca que
le corresponde a Fuerza Republicana, el partido del genocida.
“Es un personaje satánico –replicó Falú–
que está acusado de ladrón. Deshonró el uniforme
de general de la Nación y es un prófugo de la Justicia que
utiliza a Tucumán como su guarida. Me acusa a mí de ser
su perseguidor político cuando en el ‘76 él mató
a Luis, mandó al exilio a mi familia y echó a mi padre de
la Justicia, pese a que era un juez reconocido, quien murió dos
años más tarde, de pena por la desaparición de mi
hermano menor.”
El ministro, hermano del reconocido guitarrista Juan Falú y sobrino
del músico salteño Eduardo Falú, conoce muy bien
cómo murió su hermano gracias al ex gendarme Omar Torres,
quien por esos años se desempeñaba como custodio de los
detenidos en el centro clandestino de detención. Torres fue testigo
de asesinatos perpetrados por Bussi y brindó su testimonio ante
la Conadep, la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones
a los Derechos Humanos de esa provincia y el juez español Baltasar
Garzón.
Torres detalló puntillosamente la mecánica del campo clandestino.
Así, describió que había largas sesiones de tormento
que los torturadores realizaban preferentemente durante el crepúsculo.
Después de la muerte del detenido, su cuerpo era arrojado junto
a otros a una fosa común que era tapada con leña y cubiertas
de automóviles para quemarlos. El momento clave de las ejecuciones
era la ceremonia conducida por el propio Bussi, quien disparaba a la sien
de uno de los detenidos. Torres estuvo presente la noche que Bussi asesinó
a Luis Falú en los campos del Arsenal, el mismo cuartel desde donde
en diciembre de 1994 partieron ocho camiones atestados de municiones y
explosivos rumbo a Croacia.
Hoy, veinticinco años más tarde, el genocida y el ministro
viven forzadamente en Tucumán porque el genocida continúa
haciendo política en la provincia y fundamentalmente porque no
puede salir del país. El pedido de captura internacional que realizó
el magistrado español Garzón por considerarlo responsable
de crímenes cometidos durante la dictadura en aquella provincia
lo obliga a quedarse dentro de los límites nacionales.
OBJETAN
UN PROYECTO QUE RESTRINGE LA LIBERTAD DE PRENSA
Cantón vs. el senador Alasino
El Relator para la Libertad
de Expresión de la OEA, Santiago A. Cantón, objetó
el proyecto presentado por el senador Augusto Alasino contra “el
ejercicio extralimitado de la libertad de expresión” en los
casos en que la información expresada ocasione “un perjuicio
al honor y a la propia imagen”. Alasino postuló el “ejercicio
responsable de la libertad de expresión” y exhortó
a las comisiones del Senado a debatir los proyectos de ley que regulan
el derecho a réplica y el secreto de la fuente periodística.
“Es un retroceso en la defensa del ejercicio y el derecho a la libertad
de expresión demostrado por Argentina en los últimos años”,
dijo Cantón.
Recordó la derogación de las leyes de desacato y la elaboración
de un proyecto de ley de despenalización de las figuras de calumnias
e injurias contra funcionarios públicos, resultado de una solución
amistosa entre el Estado argentino y la Asociación Periodistas,
en la cual las partes solicitaron la asistencia como mediador del Relator
para la Libertad de Expresión. Ese proyecto fue presentado por
los senadores José Genoud y Jorge Yoma, pero Alasino paralizó
su tratamiento.
El comunicado difundido en Washington recordó los principios 10
y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión,
recientemente aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. El décimo dice que “la protección a la reputación
debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles,
en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público
o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente
en asuntos de interés público” y el undécimo
que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor
escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión
ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas
como leyes de desacato atentan contra la libertad de expresión
y el derecho a la información”.
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