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Por Gabriel Alejandro
Uriarte
 Si Colombia es Vietnam, Panamá
se está convirtiendo en su Camboya. Territorio neutral con Fuerzas
Armadas literalmente inexistentes, sus fronteras son fácilmente
penetradas por guerrilleros y paramilitares colombianos. Ayer, el gobierno
panameño declaró un “estado de alerta” en la frontera
luego de recibir informaciones de que se producirá una incursión
entre el 14 y el 16 de diciembre. Los destacamentos policiales fueron
reforzados y se enviaron cuatro helicópteros artillados con visores
infrarrojo. Ante las alarmas cada vez más desesperadas de su vecino
panameño, ayer el presidente colombiano Andrés Pastrana
sugirió vagamente que ambos países deberían promover
el desarrollo social de las zonas fronterizas. Aparentemente hastiado,
el gobierno panameño llamó a una cumbre para el 12 de enero
de los ministros de Defensa de los países fronterizos con Colombia.
Este último país no fue invitado.
En Panamá, el temido “derrame” de la guerra civil colombiana
es un hecho desde hace tiempo. Si bien la frontera era extremadamente
estrecha en comparación con Brasil o Ecuador, estaba prácticamente
abierta para quien quiera pasar. El país está desmilitarizado
desde que la invasión norteamericana de 1989 disolvió a
las Fuerzas Panameñas de Defensa de Manuel Noriega. La única
fuerza armada que posee es su policía, equipada primordialmente
con armas cortas. No ha sido en absoluto suficiente para detener la infiltración
desde el sur. Hasta ahora, la función del territorio panameño
en la guerra colombiana ha sido primordialmente logístico. Hay
importantes rutas de tráfico de drogas y armas, y la guerrilla
colombiana (como el Vietcong en Camboya) utiliza las zonas fronterizas
como santuario para replegarse y descansar. Sin embargo, en los últimos
meses la situación ha adoptado un cariz mucho más violento.
Esto se debe al nuevo interés en la zona que han demostrado los
paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Como en Colombia,
sus tácticas en Panamá enfatizan la intimidación
de la población civil. “Los paras llaman colaboradores a quienquiera
les venda una gallina”, explicó un campesino local. Por otra
parte, los guerrilleros amenazan con que si no se les suministra de alimentos,
se verán forzados a tomarlos por la fuerza. Hace un mes, alguno
de los dos bandos atacó la aldea de Nazaret, matando a una niña,
e hiriendo a tres policías y nueve civiles.
Las autoridades panameñas son cada vez menos capaces de defender
su territorio. “Podemos proteger algunas poblaciones, pero no tenemos
capacidad de actuar en la sierra”, confesó un oficial. El
ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, precisó ayer
que se temía un ataque contra las poblaciones de Puerto Obladía
y Maliwita. La policía y los residentes locales, en su mayoría
indios Kunas, ya reportaron el movimiento “de hombres armados vestidos
de camuflaje” que se sospecha son colombianos. El cacique indígena
local ya hizo pública su preocupación “por la presencia
de insurgentes colombianos fuertemente armados”.
La situación en Colombia ofrece pocas esperanzas de desactivar
el derrame. Las negociaciones de paz entre el gobierno y el principal
grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
continúan interrumpidas. El gobierno se manifestó dispuesto
a reanudarlas “ya mismo”, pero el máximo líder
guerrillero Manuel Marulanda Vélez (“Tirofijo”) estimó
el miércoles que veía “demasiado débil”
al presidente Andrés Pastrana. Este último afirmó
ayer que esperaba que el diálogo se retomara antes del 7 de diciembre,
fecha en la que vence el decreto presidencial que le otorgó a las
FARC el control la “zona desmilitarizada” de 42 mil kilómetros
cuadrados de territorio. Pastrana sugirió que si las FARC no volvían
a negociar, la zona perdería su razón de ser. Y por tanto,
supuestamente, el gobierno intentaría recuperarlo, por la razón
o por la fuerza.
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