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 El Poder Ejecutivo optó
finalmente por girar al Congreso el anteproyecto de reforma previsional,
desistiendo así de resolverlo mediante decreto de necesidad y urgencia.
Así lo confirmó ayer en conferencia de prensa José
Luis Machinea, ministro de Economía, que además adelantó
que “muy probablemente el lunes” se dé a conocer un nuevo
decreto reglamentario de la desregulación de obras sociales. “Nos
congratulamos con la noticia, pero esto no implica un compromiso del Frepaso
con el contenido de la ley ni con plazo alguno para votarlo”, fue
la primera respuesta que dio ayer la diputada María América
González, consultada por este diario. De acuerdo al nuevo proyecto
que irá al Congreso, la eliminación total del aporte estatal
en las futuras jubilaciones (Prestación Básica Universal,
PBU) sólo regirá para aquellos a los que les correspondan
haberes superiores a los 600 pesos. Se ratifica, en cambio, la desaparición
del régimen de reparto para los que ingresen al sistema con posterioridad
a la sanción de la ley.
“Quizás el Gobierno dé hoy una sorpresa, haga algún
anuncio importante en este tema, pero no me quiero adelantar”, había
señalado Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, muy temprano en
una entrevista radial. Posteriormente, fue el presidente del bloque de
diputados de la UCR, Horacio Pernasetti, quien anunció que el Ejecutivo
enviaría un proyecto de ley al Congreso con la reforma. Ya por
la tarde, el secretario de Seguridad Social, Jorge Antonio Sanmartino
primero, y el ministro de Economía después, lo confirmaron.
Sanmartino adelantó que “la iniciativa contendrá algunas
modificaciones para reemplazar la PBU por otra prestación, tanto
para los trabajadores que están en el régimen de reparto
como para los que están en el de capitalización”. Se
refería a lo que se denominará prestación suplementaria,
que compensará parcialmente la PBU de las jubilaciones inferiores
a 600 pesos, garantizando además un piso de 300 pesos.
Otra modificación al texto original elaborado por Economía
es que la edad jubilatoria para las mujeres no se elevará obligatoriamente
a 65 años, sino que se establece una quita en los haberes para
las que se jubilen antes de esa edad, que será mayor en la medida
en que anticipen en más años su pase al sector pasivo. Pero
será, en todos los casos, una decisión voluntaria de la
aportante.
La diputada María América González anticipó
su rechazo a estas medidas. “No vamos a aceptar la eliminación
del régimen de reparto ni de la PBU, como tampoco una quita para
las mujeres que se jubilen a los 60 años; el Frepaso no asume ningún
compromiso previo antes de conocer el nuevo texto, lo conversé
con Darío (Alessandro, presidente del bloque de la Alianza) y ésta
es la posición de nuestro sector”, señaló la
legisladora a este diario. “No es una amenaza –agregó
enseguida–, sino que hay necesidad de estudiar la propuesta.”
En cambio, anticipó que no va a presentar su propio proyecto “para
evitar roces”.
“Es importante –agregó– que el presidente de la
Nación haya comprendido que una reforma tan importante no se podía
hacer por decreto de necesidad y urgencia, y que debía debatirse
en el Congreso, pero no veo cuál es la necesidad de correr ahora
para sacar la ley; escuché que Eduardo (Santín, diputado
por la UCR y presidente de la Comisión de Previsión Social)
aseguró que el dictamen estará listo para mediados de diciembre
y no estoy de acuerdo: acá no hay compromisos previos de plazo.”
El proyecto, de más de 50 artículos, establece además
toda una serie de modificaciones al régimen actual de las cuales
sólo hay trascendidos. Entre ellas, se menciona el establecimiento
de la movilidad para las prestaciones, la eliminación de las comisiones
variables que cobran las AFJP (quedan inalterables las fijas) y otras
normas que modificarían los haberes para jubilados de edad avanzada.
Machinea, en tanto, admitió que habrá un nuevo decreto reglamentario
para la desregulación de obras sociales, aunque eludió dar
precisiones. “Habrá una prestación (plan médico
obligatorio) única, no hay segmentación del mercado”,
definió sin más detalles Pablo Gerchunoff, jefe de asesores,
a su lado. Así, intentó despejar versiones que indicaban
que en una primera etapa sólo se desregularía el segmento
de obras sociales de personal de dirección. Pero otra definición
parcial de Machinea dejó latente el alcance que tendrá la
desregulación a partir del 1º de enero próximo: al
ser consultado si desde esa fecha habría opción por una
obra social o una privada, respondió que “sí, para
el que sea dado de alta en el sistema”, lo cual debería interpretarse
como sólo para nuevos trabajadores.
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PAMI busca su destino
Hasta las primeras horas de la noche de ayer continuaba la discusión
entre Mario Vicens, secretario de Hacienda, y un bloque de diputados
de la Alianza encabezados por José Vittar (Frepaso), en busca
de un acuerdo sobre cómo será considerado el PAMI
en el Presupuesto 2001. Según declaró ayer José
Luis Machinea, Economía pretende que la obra social de los
jubilados sea incluida en el Presupuesto, pero aceptaría
que se la excluya en tanto no requiera fondos del Tesoro ni tome
nueva deuda, “que termina pagando el Estado”. El bloque
legislativo pretende que el PAMI quede afuera del Presupuesto, pero
con un aporte de 120 millones del Tesoro en el 2001. “Podemos
aceptar que el PAMI se rija por la ley 24.156 (régimen de
contrataciones del Estado), para que quede alcanzado por las auditorías
y el control de la Sigen y la AGN, y el Estado pueda tener garantías
de transparencia; pero sin el aporte del Tesoro, el PAMI no puede
funcionar”, le plantearon a Vicens. Pese a las distancias,
aseguran que antes del lunes habrá acuerdo.
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Todo igual tras el
paro
“Siempre tomamos en cuenta lo que está sucediendo en
la realidad. Pero no va a haber cambios en la política económica”,
respondió Machinea cuando le preguntaron si, dado el alto
acatamiento del paro, iba a haber algún cambio de rumbo.
Y agregó: “No me parece que un paro general sea la manera
de oponerse a una política económica. Para eso están
las elecciones. Los paros sirven para reclamos sectoriales o puntuales
de los trabajadores”, explicó el ministro, en un intento
por dar cátedra de gremialismo. En tanto, volvió a
cargar fuerte contra la CGT oficialista, conducida por Rodolfo Daer:
“Este reclamo tiene una carga política muy grande, porque
la política económica de Menem era mucho más
dura y nunca le hicieron un paro”, afirmó. Por otro
lado, el ministro de Economía se negó a dar una estimación
del costo económico del paro, como sí lo habían
hecho previamente, entre otros, la ministra de Trabajo, Patricia
Bullrich, el secretario de Finanzas, Daniel Marx, y el jefe de Gabinete,
Chrystian Colombo. “Se habla de 500 millones, pero no me jugaría,
porque hay industrias y sectores que siguieron funcionando”,
afirmó.
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Salvador pintado de
verde
Los “mercados” para Argentina reaccionaron ayer de manera
contradictoria. Por un lado, la Bolsa de Comercio local subió
un tímido 0,81 por ciento, arrastrada por la fuerte suba
ocurrida en otras bolsas de mundo, y en particular la de Nueva York.
Sin embargo, el riesgo país, la tasa de interés adicional
que pagan los títulos públicos argentinos que cotizan
en el exterior también subió, aunque levemente, para
ubicarse en 8,65 puntos porcentuales por encima de la tasa que paga
el Tesoro norteamericano por su deuda. Por otra parte, se conoció
el proyecto de dolarización presentado por el gobierno de
El Salvador, que fue bienvenido por el secretario del Tesoro norteamericano.
También el FMI apoyó abiertamente la iniciativa.
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MACHINEA
Y LA DEPENDENCIA DEL HUMOR DEL “MERCADO”
“No habrá cesación de pagos”
–Ministro, durante todo
este año, las medidas fueron una respuesta casi perfecta al aumento
del riesgo país. ¿Estamos viviendo en una mercadocracia?
–le preguntó Página/12 a José Luis Machinea.
–En una situación financiera delicada, hay que dar respuestas
a los mercados –reconoció el titular del Palacio de Hacienda.
Machinea dio ayer, pasadas las cinco de la tarde, una conferencia de prensa
en un Ministerio de Economía casi inhóspito: sólo
el 10 por ciento de los 3000 empleados concurrieron a su trabajo. Y buena
parte de las que lo hicieron se movilizaron en los remises que pagó
el ministerio. Lo que llevó a Machinea a convocar la conferencia
fue la impresión dentro de su equipo de que había que ratificar
señales tranquilizadoras a los “mercados”. En concreto,
el propio ministro se había metido en un brete cuando el jueves
manifestó que la situación argentina seguía siendo
grave y que si no se aprobaba el paquete financiero había riesgo
de default (cesación de pagos).
Paradójicamente, con esas declaraciones amplificó dichos
previos en el mismo sentido del número dos del FMI, Stanley Fischer,
que el propio Machinea había solicitado, como una forma de presionar
sobre la dirigencia política para la aprobación de la reforma
previsional y el nuevo proyecto de Presupuesto 2001. Pero ese mensaje
podía volverse un boomerang frente a los “mercados”,
ya que los inversores en diversas latitudes del globo lo que vieron en
las últimas horas en las pantallas de la agencia de noticias financieras
Bloomberg era que Argentina estaba al borde del default, admitido por
las propias autoridades.
Sea como fuera, lo cierto es que el ministro quiso dejar en claro sus
dichos: “La situación de Argentina es grave, pero mi opinión
es que el programa anunciado más el reaseguro financiero internacional
elimina el riesgo de default para Argentina”, afirmó.
Machinea se preocupó también por disparar nuevamente contra
la dirigencia sindical (ver aparte) y relativizó los alcances del
paro: “Hablar de acatamiento o no al paro cuando hubo acciones intimidatorias
muy graves es muy difícil de medir”, aseguró. Sin embargo,
reconoció que “hay insatisfacción de la gente con la
marcha de la economía”.
A la hora de ponerle un plazo para la aprobación de la reforma
previsional en el Congreso, Machinea no dudó: “Espero que
en 30 días esté todo listo”, sostuvo. Y ese mismo plazo
–afirmó– corre para el anuncio del “blindaje financiero”
acordado con el Fondo Monetario, del cual se negó a precisar su
magnitud.
El lunes arribará al país la misión del FMI, encabezada
por la economista italiana Teresa Ter Minassian, con la que el Gobierno
deberá acordar una nueva Carta de Intención. A partir de
allí, el nuevo acuerdo sería tratado por el directorio del
Fondo “en la segunda o tercera semana de diciembre”, tras lo
cual –si paralelamente avanza la reforma previsional y el Presupuesto
2001 en el Congreso– estaría todo listo para el anuncio del
paquete de salvataje financiero. “Si alguien se pone nervioso en
el camino, se comunicará antes”, adelantó Machinea
sin aclarar a quién se refería, pero dando por entendido
que los únicos que pueden ponerse nervioso en Argentina y arrancarle
una respuesta inmediata al Gobierno son los “mercados”.
Según el ministro, una vez que se anuncie el paquete de asistencia
financiera, “las tasas de interés caerán fuertemente”.
Pero cuando este diario le pidió precisiones sobre la magnitud
de la baja esperada en la tasa de interés se limitó a decir:
“No hago pronósticos al respecto”. El punto es importante
porque de hasta dónde caiga la tasa de interés, si es que
cae, dependerá de que haya reactivación o no en los próximos
meses. Para Machinea, el descenso de las tasas de interés inducirá
un aumento en el consumo y la inversión que –según
el ministro– debería traducirse en una reactivación
hacia el primer trimestre del 2001. Así y todo, vale recordar que
la proyección de crecimiento incluida en el Presupuesto deese año
es un magro 2,5 por ciento, después del estancamiento en el fondo
del pozo de la recesión que se notará este año.
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Universidades y el
Nación
Las medidas adoptadas por el equipo económico desde que
asumió en diciembre pasado guardan una relación casi
perfecta con la marcha del riesgo país: cada vez que aumentó
se tomaron medidas de ajuste para dar una “señal positiva”
a los mercados. Es la “mercadocracia”, cuya realidad el
ministro tácitamente aceptó ayer.
–Si hay un nuevo aumento del riesgo país tras estas
medidas, hay diputados de la Alianza que dicen que las próximas
medidas que usted ofrendará a los mercados serán la
privatización del Banco Nación y el arancelamiento
de las universidades nacionales –le dijo Página/12 a
Machinea.
–Yo no voy a mandar esas medidas al Congreso. Ninguna de las
dos: ni el arancelamiento universitario ni la privatización
del Nación –prometió.
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