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 A los presos del Movimiento
Todos por la Patria les quedan pocos caminos porque la vía judicial
quedó agotada. Ahora sólo una decisión del presidente
Fernando de la Rúa podría salvarles la vida. El jueves,
día 81 de la huelga de hambre, amanecieron con una mala noticia:
la Cámara de Casación Penal se negó a revisar las
condenas que les impusieron hace once años por el copamiento del
cuartel de La Tablada. Si bien podrían presentar un recurso extraordinario
ante la Corte Suprema, las posibilidades de un pronunciamiento rápido
y favorable del Alto Tribunal son casi nulas. Y el Congreso ya demostró
poca voluntad de aportar una solución. El Poder Ejecutivo queda
solo en el escenario, aunque tampoco despierta esperanzas, porque ya adelantó
en reiteradas oportunidades que “no va a haber un indulto o una conmutación
de penas”.
“Esto es grave porque una vez más un tribunal argentino desconoce
los pactos de derechos humanos y no se hace cargo de interpretarlos y
aplicarlos. Nadie se quiere jugar en esta cuestión”, se quejó
el abogado que los defiende, Roberto Yanzón, con bronca contenida.
La sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó
el pedido que habían hecho para que sean revisadas las condenas
a reclusión perpetua dictadas por la Cámara Federal de San
Martín en 1989. Ese tribunal aplicó la Ley de Defensa de
la Democracia que establece una instancia única, es decir, la imposibilidad
de una apelación de la sentencia. Pero en 1997 la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA le recomendó
al gobierno argentino la posibilidad de dar una segunda instancia judicial.
Sin embargo, los camaristas Raúl Madueño, Pedro David y
Juan Fégoli consideraron que las decisiones de la CIDH “no
son vinculantes ni obligatorias” para el Poder Judicial, sino que
son “simples consejos”.
Tampoco tuvieron en cuenta que en 1994 se incorporó a la Constitución
nacional el Pacto de San José de Costa Rica, que prevé el
derecho a apelar. “Es que la jurisprudencia internacional, por más
novedosa y pertinente que sea, no podría constituir un motivo de
revisión de las resoluciones judiciales, pues ello afectaría
la estabilidad de las decisiones como presupuesto ineludible de la seguridad
jurídica”, escribieron los camaristas citando a la Corte en
el fallo que ya había rechazado el pedido de segunda instancia
presentado por los presos de La Tablada hace varios años. Yanzón
opinó que Madueño, Fégoli y David “pusieron
la seguridad jurídica por encima de los derechos humanos”
y que “no se entiende cómo puede existir la primera sin los
segundos”.
La sala II entendió que “una medida de tal gravedad –como
calificó a la revisión de una sentencia firme– sólo
puede tener lugar en casos excepcionalísimos y expresamente determinados
por el legislador”. Yanzón afirmó que “están
deslindando la responsabilidad en el Congreso cuando ellos como jueces
tienen la obligación de interpretar los pactos internacionales”.
Y explicó que “la ausencia de una ley nacional no puede ser
un impedimento para hacer valer un derecho reconocido en esos acuerdos”.
La resolución de Casación traspasó también
el asunto a la Corte porque “como órgano supremo le corresponde
fijar la interpretación constitucional final”. En tal caso,
la referencia podría ser confusa, porque la Corte había
habilitado la segunda instancia para Enrique Gorriarán Merlo pero
se la había negado al resto del grupo que lidera.
En otro párrafo, los camaristas consideraron que la garantía
de doble instancia sugerida por la CIDH no correspondería a este
caso sino para lo sucesivo. Yanzón cuestionó esa interpretación
y destacó que el tribunal ignoró la tercera recomendación
de la OEA que mencionaba la necesidad de establecer una “reparación
para las víctimas” de las violaciones a los derechos humanos
cometidas en la recuperación del cuartel (torturas, desapariciones
y ejecuciones extrajudiciales).
La resolución apesadumbró en los trece ayunantes –internados
en dos hospitales porteños–, pero siguen decididos a continuar
la huelga de hambre. “La responsabilidad política de dar una
solución es de De la Rúa, como siempre dijimos, pero sabemos
que el Presidente está más cerca defirmar la pena de muerte
de los compañeros”, enfatizó su vocero, Adrián
Witemberg. La cuenta regresiva del deterioro en sus cuerpos sólo
puede detenerse con una luz que se encienda en la Casa Rosada.
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OPINION
Por Patricio Echegaray*
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Para comenzar a ganar
Por la masividad del paro, por los obstáculos que tuvieron
que vencer, por la fortaleza del enemigo al que se desafió,
por las propias limitaciones del campo popular, no se pueden dejar
de considerar estas jornadas de lucha como una verdadera lección
de dignidad. Los millones de trabajadores ocupados, subocupados,
precarizados o jubilados que pararon y/o se movilizaron, tuvieron
que vencer el miedo a la pérdida del puesto de trabajo, verdadero
certificado de “muerte civil” en la Argentina de hoy;
la andanada de amenazas y la evidencia de que este gobierno no duda
en matar trabajadores como ya hizo en Corrientes hace un año
o en Salta hace unos días y también la desconfianza
que les genera la dirigencia cegetista que ayer nomás apoyó
a Menem y también firmó pactos con De la Rúa.
Si a todos estos obstáculos superados le sumamos la propia
dispersión de las fuerzas realmente opositoras, la valoración
del paro crece y nos permite afirmar que los tiempos del consenso
activo al modelo, y aun del consenso pasivo, van dejando paso a
un nuevo tiempo de rechazo al modelo y al gobierno que ganó
prometiendo cambios correctores. Se explica entonces que la bronca
vaya creciendo en amplios sectores populares, una bronca justa y
base cierta para construir otro futuro para la patria.
Rápidos para tranquilizar a los grupos económicos
dominantes, los voceros oficiales han salido a proclamar que nada
cambiará con el paro. En lo que a ellos respecta puede ser
verdad, porque el gobierno persistirá perversamente en un
rumbo que nos lleva a un próximo y cercano ajuste. Pero han
mejorado sustancialmente las condiciones para gestar un cambio.
No es cierto que la protesta no tenga propuesta. Las soluciones
técnicas no son difíciles, ni nos son desconocidas.
Si se anulara el subsidio a las AFJP y las exenciones impositivas
a las grandes empresas se cubriría el déficit fiscal;
si se suspendieran los pagos por la ilegal e inmoral deuda externa
se crearía un fondo suficiente para un plan de reactivación
económica que saque al país de la emergencia. Este
gobierno tiene un plan de ataque sistemático contra los trabajadores
y el pueblo; para enfrentarlo, es necesario un plan de lucha dirigido
por un centro coordinador que agrupe a todos los sectores populares,
y hace falta, también, crear una nueva fuerza política
capaz de representar a los que no sólo han rechazado el hambre
y la miseria, sino también al modelo neoliberal que sostienen
el PJ, Cavallo y la Alianza, que son los responsables de la crisis
nacional. Seguramente el Gobierno hará oídos sordos
al paro, pero desde Izquierda Unida nos comprometemos a bregar para
que el reclamo popular de cambios converja en un proceso de unidad
de la izquierda y se abra paso un nuevo tiempo para comenzar a ganar.
* Diputado porteño de Izquierda Unida.
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