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 La batalla político-judicial
por la Casa Blanca escaló a un escenario superior ayer cuando la
Corte Suprema de Estados Unidos aceptó considerar una de las dos
demandas presentadas por el candidato republicano George W. Bush, para
determinar si la Corte Suprema de Florida se extralimitó en sus
funciones al autorizar recuentos de votos en determinados condados de
ese Estado, del que depende la identidad del futuro presidente norteamericano.
La decisión no suspende la marcha de las operaciones de recuento,
que seguirán hasta mañana domingo; sin embargo, el hecho
de que la Corte norteamericana haya fijado el próximo viernes 7
como fecha para la audiencia de una hora y media en que recibirá
los argumentos de los abogados de Bush amenaza postergar aún más
una definición que ya lleva más de dos semanas de atraso.
El embrollo actual es resultado de un virtual empate en los decisivos
resultados de Florida, que movió al candidato demócrata
Al Gore a solicitar recuentos en cuatro condados de mayoría demócrata
donde se denunciaron irregularidades y en que las papeletas de votación
resultaban confusas. Los demócratas exigieron conteos manuales
sobre la base del argumento de que las anticuadas máquinas de escrutinio
eran incapaces de visualizar con claridad semiperforaciones que indicaban
una intención de voto. Inicialmente, la campaña de Bush
para revertir estos conteos fracasó tres veces: primero el 13 de
noviembre, ante una corte federal en Miami; luego pocos días después,
cuando intentó revertir ese fallo ante una corte de apelaciones
de Atlanta, y por último esta semana, cuando la Corte Suprema de
Florida rechazó sus argumentos. Allí fue cuando Bush decidió
llevar su demanda a la Corte Suprema nacional. Sin embargo, el fallo de
la Corte de Florida no resultó del todo desfavorable para Bush,
ya que confirmó el domingo como fecha límite para los recuentos,
lo que determinó que el condado más grande de todos, el
de Miami-Dade, decidiera abandonar sus recuentos alegando falta de tiempo
para terminar con el examen de sus más de 654.000 sufragios. La
campaña de Gore apeló entonces a la Corte Suprema de Florida
para que ordenara al condado realizar sus recuentos, pero los magistrados
rechazaron la demanda anteayer, dejando la posición del actual
vicepresidente en máximo peligro.
La aparente nimiedad de los puntos en debate resulta no ser tal cuando
se examina lo parejo del combate voto a voto entre Gore y el gobernador
de Texas. Sobre un primer escrutinio oficial, Bush lleva una ventaja de
apenas 930 votos sobre los seis millones de sufragios expresados. Gore
espera arrebatarle la victoria gracias al recuento iniciado en dos condados
de Florida y a que debe concluir mañana: Palm Beach y Broward.
Hasta el momento, los recuentos en ambos condados redujeron, pero no eliminaron
la distancia entre los candidatos: según informes periodísticos,
la ventaja de Bush se mantenía ayer por unos 700 votos y lo escaso
del tiempo que queda para la fecha límite de mañana explicaba
el énfasis con el cual Gore buscó esta semana que se reexaminaran
y contabilizaran los 10.750 votos que se encuentran cuestionados en el
condado de Miami-Dade. El hecho de que ese condado haya suspendido sus
recuentos significa que los 157 votos favorables a Gore que habían
aparecido entre los votos cuestionados no serán incluidos en las
cifras finales. Al mismo tiempo, la campaña de Bush acusa a funcionarios
electorales demócratas de impugnar unos 2000 votos provenientes
de militares basados en el exterior con falsos argumentos de que fueron
enviados después del 7 de noviembre.
El domingo, tras recibir los nuevos resultados de los dos condados, la
secretaria de Estado de Florida, la republicana Katherine Harris, podría
anunciar el resultado del escrutinio, dándole al ganador una importante
ventaja para el resto de la batalla. Sin embargo, la pugna se prolongará
seguramente más allá del fin de semana. Los dos campos disponen
de un plazo de 10 días tras la oficialización de los resultados
para cuestionarlos. Florida tiene hasta el 12 de diciembre para designar
a sus 25 grandes electores. Un consejero de Gore adelantó que,
en caso dederrota, los demócratas no excluyen nuevas acciones judiciales
y amenazó con impugnar los que se comuniquen mañana si favorecen
a Bush. El resultado puede ser que Florida sea incapaz de aportar sus
15 electores al Colegio Electoral, con lo cual ninguno de los dos candidatos
podría ser certificado como ganador, ya que ni Gore ni Bush llegan
hoy al número de 270 electores que necesitan para hacerlo. Y se
abriría la posibilidad de que la definición final dependiera
del Congreso, que mantiene una ligera mayoría republicana.
Del lado demócrata, se trató de poner buena cara a la decisión
de ayer. “Yo pienso que se justifica que la Corte Suprema de Estados
Unidos escuche esta apelación, puesto que acarrea serias preguntas,
pero yo creo que la ley es clara y que la Corte Suprema no revertirá
la decisión de la Corte Suprema de Florida –dijo a la TV David
Boies, uno de los principales abogados del equipo demócrata–.
No estoy decepcionado por la decisión de la Corte Suprema, pero
voy a estar muy decepcionado y muy sorprendido si la Corte Suprema considera
este caso para cambiar los resultados de las elecciones presidenciales
en Florida”, agregó.
En el campo republicano, domina un cauteloso optimismo. Ayer, por lo demás,
fue dado de alta Dick Cheney, su candidato a vicepresidente, tras sufrir
una leve afección cardíaca. Y se mostró confiado
en el triunfo.
LA
FUTURA PRESIDENCIA ASUMIRA CON PROBLEMAS
Una transición en punto cero
Por
Javier Valenzuela *
Desde
Washington
La crisis electoral
no sólo pone en cuestión la legitimidad del futuro presidente
de EE.UU., sino la efectividad de los primeros meses de su gobierno. El
período de transición entre el gobierno de Bill Clinton
y el de su sucesor ya ha perdido 2 de sus 10 semanas. Muchas cosas están
paralizadas, desde el chequeo por el FBI del historial de los futuros
cargos hasta el esbozo de las primeras órdenes ejecutivas, propuestas
legislativas y proyecto de Presupuestos de la nueva Casa Blanca.
El pueblo norteamericano sigue con paciencia la crisis, pero la clase
política y los altos funcionarios de Washington son conscientes
de que el próximo presidente está perdiendo un tiempo precioso.
El relevo en el cargo político más importante del planeta
es complicado y tradicionalmente se efectúa en las 10 semanas que
median entre la jornada electoral y la toma de posesión, prevista
para el 20 de enero. El presidente electo debería estar haciendo
ya un montón de cosas.
El nuevo Ejecutivo nombrará unos 3000 nuevos altos cargos, cuyos
historiales deben ser rastreados minuciosamente por organismos policiales
como el FBI y fiscales como el IRS. De ese paquete de cargos, 600 necesitan
la confirmación del Senado, en un proceso de negociaciones que
dura meses y comienza en la transición.
El próximo presidente debería estar ya facilitando al FBI
y el IRS la lista de sus altos cargos. También tendría que
estar recibiendo “briefings” del FBI, la CIA y el Pentágono
sobre secretos de Estado, sosteniendo sus primeras conversaciones con
líderes internacionales y reuniéndose, como hizo Clinton
en 1992, con Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal. Si no
fuera por el lío actual, su discurso de toma de posesión
y sus primeras medidas ejecutivas y propuestas legislativas -incluido
el proyecto de Presupuestos, que debe presentar al Congreso en febrero–
estarían ya en fase de borrador.
Al Gore y George Bush han dejado en suspenso las tareas de la transición.
El retraso es menos oneroso para Gore, que de algún modo ya está
en el poder, en su calidad de vicepresidente. Gore podría comenzar
a trabajar sobre la base del gobierno de Clinton. Pero tras ocho años
de presidencia demócrata, Bush empezaría de cero.
Cuando Gore da señales de que está dispuesto a prolongar
la batalla de Florida hasta, como mínimo, el 12 de diciembre, fecha
límite para la designación de los 25 compromisarios de ese
Estado en el Colegio Electoral, al equipo de Bush se le eriza la piel.
“El FBI –dice Karen Hughes, portavoz de Bush– quiere hablar
ya de las comprobaciones de seguridad de los futuros altos cargos, pero
no sabe con quién.” En Washington se cree que, aunque supere
la crisis de legitimidad que le dará una corta y disputada victoria,
el retraso en la transición le costará al futuro presidente
un primer de año de escasa efectividad.
El Congreso, por su parte, ve con temor la posibilidad de que la polémica
entre Gore y Bush termine en sus manos. Si el Colegio Electoral se reúne
en Washington el 18 de diciembre sin nombrar un presidente, el Congreso
entraría en acción en enero. “Si el ‘impeachment’
de Clinton fue difícil, esto sería todavía peor”,
señala el senador demócrata John Breaux.
* De El País de Madrid, especial para Página/12.
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La decisión
de la Corte Suprema de EE.UU. de escuchar las denuncias de la campaña
de George W. Bush es otro avance para la campaña republicana,
que alega discriminación e inconstitucionalidad en el recuento
manual de votos en dos condados donde los demócratas están
acortando su desventaja. El alegato fue respaldado ayer por la Legislatura
de Florida, de mayoría republicana.