|
Por Horacio Verbitsky
 La estrategia del miedo que
aplicó el gobierno nacional tuvo un éxito relativo. El anuncio
de eventuales actos de violencia redujo la cantidad de asistentes el jueves
a las ollas populares y al acto central de la CGT/MTA en la Plaza de Mayo
y frente al Congreso, y a los cortes de avenidas programados por la CTA
en la Capital. Pero no afectó la masividad del paro, que se sintió
como pocos, ni la cantidad y calidad de actos y movilizaciones en el interior
el viernes. Aunque una estimación exacta es imposible, la información
recogida en distintas ciudades permite afirmar que en todo el país
se manifestaron entre cien y doscientas cincuenta mil personas, algo que
no ocurría desde hace décadas.
Con la pasión que sólo tienen los conversos Patricia Bullrich
se asumió como punta de lanza de la ofensiva contra los sindicatos.
La ministra de Trabajo desafió a los gremios a que permitieran
el funcionamiento de los transportes públicos, para medir quiénes
acataban en forma espontánea el llamamiento a interrumpir las tareas
por 36 horas. Los colectiveros recién iniciaron el cese de actividades
a las seis de la tarde del jueves, lo cual dio tiempo para que los trabajadores
desairaran a la ex montonera: desde el mediodía hasta esa hora
los coches circularon vacíos por una ciudad paralizada. La parábola
de la ex incendiaria devenida en bombera también incluyó
un desopilante cálculo sobre las pérdidas que habría
que atribuir al paro: 600 millones de dólares por cada día,
si la mitad de los trabajadores suspendiera la labor. Temerosa de que
los camioneros de Hugo Moyano y los colectiveros de Juan Manuel Palacios
le pasaran por encima (la brutal metáfora es suya), la ministra
les apuntó con la manguera, de la que sólo salió
un chorrito risible. Bullrich dividió en público el Producto
Interno Bruto por el número de días de un año. Uno
de los más altos funcionarios del gobierno nacional la descalificó
en privado: “Eso sólo se sostendría si el conjunto
de la actividad del país fuera un proceso de colada continua, como
en la siderurgia, y no pudiera interrumpirse”. Salvo unas pocas actividades,
ocurre lo contrario. El mismo discurso que la ministra adoptó el
empresario menemista Daniel Hadad. Aunque el único incordio que
padeció fue el adelanto en un día de la aparición
de su revista, pretendió que los habitantes del país serían
después del paro mil millones más pobres. No es así.
La merma en la producción y comercialización de bienes y
servicios por la huelga puede compensarse con un aumento proporcional
en los días anteriores o posteriores. Dada la prolongada recesión,
que ya ha desembocado en lo que los economistas califican como depresión,
casi todas las unidades productivas tienen capacidad ociosa, por lo que
el cese del trabajo no tiene consecuencias económicas. El desafortunado
cálculo ministerial puede ceder paso a otro más riguroso:
el PIB está estancado en 290 mil millones de dólares. Pero
con la capacidad productiva disponible podría ser de 330 mil millones.
Es decir que en los últimos once meses, las políticas recesivas
aplicadas por el actual gobierno han hecho perder a los argentinos 36.700
millones.
Sociedad Anónima
CGT
Cada central llegó al paro con motivaciones y expectativas distintas.
La CGT Oficialista decidió adherir sólo cuando advirtió
que la medida anunciada por las otras centrales sería exitosa.
Sus dirigentes tienen intereses comunes con los del gobierno, el anterior,
éste o el que venga. Un buen ejemplo de ello es el mercantil Armando
Cavalieri, quien sigue ocupando los 340 mil metros cuadrados de Parque
Norte, sin que el gobierno nacional sostenga las objeciones que De la
Rúa formuló cuando gobernaba la Ciudad Autónoma y
el ex presidente Carlos Menem beneficiaba con una venta irregular al ideólogo
cegetista. Otro es Gerardo Martínez, de la UOCRA, que abandonó
a Moyano y volvió al refugio de la calle Azopardo en cuanto “Telenoche
Investiga” descubrió la organización corrupta que desde
lo más alto de su gremio lucraba con los accidentes de los albañiles
que caen de los andamios por insuficiente inversión empresaria
en seguridad. De ese modo se aseguró que el gobierno no enviaría
a la UOCRA la intervención que parecía inevitable cuando
el secretario adjunto de Martínez, Juan Ladina fue filmado in fraganti.
El objetivo de los participacionistas es negociar algunas ventajas estamentales
en la desregulación de los sistemas de salud para lo cual confían
en las buenas relaciones establecidas con el ministro Héctor Lombardo
y el Superintendente de Servicios de Salud, Rubén Cano. Rastros
de ese vínculo se detectan en la investigación iniciada
por la Sindicatura General de la Nación en su intento de detectar
el origen de los fondos que pagaron voluntades senatoriales para la sanción
de la ley de flexibilización laboral.
Patéticas miserabilidades
El secretario general de la CGT/MTA había negociado un entendimiento
con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Rückauf,
quien comprometió su apoyo a las movilizaciones convocadas. Pero
a último momento Rückauf desistió y sustrajo su aporte
a Moyano. La razón hay que buscarla no sólo en la tan conocida
personalidad del ex ministro de trabajo de Isabel Perón y ex vicepresidente
de Carlos Menem sino también en el estado de las finanzas de Buenos
Aires. Esa es también la causa de la capitulación de Rückauf
ante el gobierno nacional, cuando terminó por firmar lo que le
pusieron por delante, con la sola diferencia de una partida extra para
asistencia social (de los 225 millones de dólares para todo el
país, a Buenos Aires le corresponderán algo menos de cien)
que podrá aplicarse para los gastos del año electoral 2001,
lo único que de verdad le interesa. Durante la gobernación
de Antonio Cafiero y la primera de Eduardo Duhalde, el ministro de Economía
de ambos, Jorge Remes Lenicov, mantuvo las cuentas equilibradas e incluso
tuvo años de superávit. Pero a partir de 1996 el deterioro
fue vertiginoso. Ese año arrojó un déficit de 810
millones de dólares o el 7 por ciento sobre el gasto total (atenuado
a los efectos contables por los ingresos por privatizaciones) y el crescendo
culminó el año pasado con un rojo de 2.130 millones, o el
19 por ciento del gasto. El promedio de las provincias argentinas arrojó
ese mismo año 1999 un déficit del 12 por ciento. Buenos
Aires es el lugar de residencia del 39 por ciento de los argentinos, pero
genera el 47 por ciento del déficit total de las provincias. La
explicación de este desborde se encuentra en los gastos electorales
que la provincia padeció por las campañas de Rückauf
a la gobernación y de Eduardo Duhalde a la presidencia. Remes se
fue para no convalidarlo y su sucesor Jorge Sarghini nada pudo hacer para
impedirlo.
Rückauf había anunciado que reduciría el déficit
de este año a 1.200 millones, pero ya es ostensible que al 31 de
diciembre será un 50 por ciento más alto, lo cual equivale
a un 60 por ciento del déficit estimado para el conjunto de las
provincias argentinas. Gracias a la estricta administración de
los años de Remes, la provincia sólo está endeudada
en unos tres mil millones de dólares. Hasta ahora pudo cubrirlo
sin necesidad de comprometer los recursos que le corresponden por la coparticipación
de impuestos. Pero ese endeudamiento va en ascenso y la provincia ha perdido
la posibilidad de recurrir a su propio banco, que no pasa por su mejor
momento. Por el contrario, Rückauf ha debido retirar fondos provinciales
de sus cuentas en el Bapro, a riesgo de colocarlo en zona de emergencia.
Esto significa que de ahora en más, por cada peso que pida prestado,
ya sea a bancos privados con sede en el país o en el extranjero,
necesitará la autorización del gobierno nacional. Por eso
Rückauf se allanó a los reclamos del gobierno nacional y se
apeó sin chistar del estribo del camión de Moyano.
Frente Nacional
Junto con el comienzo del paro, comenzaron a pegarse carteles con la
consigna “Frente Nacional” y el nombre de Moyano. Esa idea se
complementó con la presencia en la sede sindical durante la conferencia
de prensa en la que se evaluó el paro, del secretario de la Pastoral
Social de la Iglesia. Este hombre, Guillermo García Caliendo, transmitió
un mensaje del paleocardenal Raúl Primatesta, el rostro eclesiástico
del imperio Yabrán.
El ideólogo de esta movida es el asesor económico de Moyano,
Daniel Carbonetto. Amenazado por la Triple A en 1974, Carbonetto dejó
su empleo como técnico en la fábrica de cerveza Quilmes
y viajó a Perú. Allí asesoró en la década
del 80 al ex presidente peruano Alan García Pérez, quien
le delegó negociaciones cruciales con organismos internacionales
de crédito y con los mayores grupos empresariales. Carbonetto salió
del Perú, bajo acusaciones de haber usado los contactos oficiales
con empresarios en provecho propio. Poco después García
dejó el poder con su país sumido en la hiperinflación.
El ex asesor se radicó entonces en la Argentina, donde comenzaba
el gobierno menemista. Aquí efectuó negocios subsidiados
de comercio exterior entre ambos países, se declaró amigo
del coronel Mohamed Seineldín, encomió el Plan Bunge &
Born y propuso una “revolución capitalista”, que debía
basarse en “un acuerdo nacional empresarial y sindical”. Como
protagonistas del acuerdo mencionó a “los grupos más
importantes”. Este Frente Nacional fantasma recomienda hoy la devaluación
del peso, igual que los grandes grupos económicos que hicieron
superganancias con las privatizaciones, vendieron luego sus participaciones
a empresas transnacionales, colocaron lo percibido a interés en
dólares fuera del país y se replegaron sobre emprendimientos
agroindustriales de exportación. No es difícil comprender
el beneficio que derivarían de la devaluación, que valorizaría
tanto sus excedentes financieros como sus exportaciones, pero resulta
inexplicable que adhieran a esa propuesta representantes de los trabajadores,
que de ese modo verían aún más reducidos sus ingresos.
Fin de una etapa
Para la Central de Trabajadores Argentinos el paro formó parte
de un proyecto de creación de poder popular. El fin de semana anterior
sesionó en la Facultad de Derecho de Buenos Aires el tercer Encuentro
por un Nuevo Pensamiento, dedicado este año a “Movimiento
Social y Representación Política”. Participaron junto
con la CTA representantes de la Federación Agraria, el Instituto
Movilizador de Fondos Cooperativos y la Asamblea de Pequeñas y
Medianas Empresas. Allí se caracterizó el actual momento
como el final de una etapa y se afirmó que el orden de concentración
económica, desigualdad social y autoritarismo político que
permitió a Menem gobernar por decreto durante una década
se basó en tres pilares: el terror a la hiperinflación,
que atenuó las demandas populares; la constitución de una
sólida comunidad de negocios entre grupos locales, bancos acreedores
y empresas transnacionales, que se asociaron para participar en el desguace
del Estado; y el nuevo ciclo de endeudamiento externo que sostuvo la actividad
económica local. (De 1991 a 1999, el endeudamiento creció
a una tasa del 11,5 por ciento anual acumulativo pero el Producto Interno
Bruto lo hizo a menos del 5 por ciento, lo cual define bien la inviabilidad
del modelo en curso).
Ninguna de estas tres condiciones existen hoy. Si a principios de la década
pasada el terror a la hiperinflación moderaba cualquier reclamo
social, hoy la hiperdesocupación y la generalización de
la pobreza ha engendrado un sentimiento de hartazgo, que se expresa en
crecientes síntomas de sublevación social. A partir de 1997
la ruptura de las asociaciones entre grupos locales, transnacionales y
bancos ha dado lugar a un ascendente grado de confrontación, que
se expresa, por ejemplo, en las posiciones contradictorias del Grupo Productivo
y del sector financiero. Así como quienes vendieron activos locales
y colocaron sus ganancias en dólares presionan por la devaluación,
aquellos que les compraron tienen interés en la dolarización
que preservaría su valor. Paradojas de la globalización:
los patriotas del Frente Nacional tienen sus activos invertidos bien lejos
en el exterior y las transnacionales producen para los mercados interno
y regional, con excepción de la italiana Techint. Las noticias
de los últimos meses son elocuentes acerca del agotamiento de la
tercera condición: la Argentina ha perdido la posibilidad de financiarse
con más endeudamiento en el mercado de capitales.
El líder de la filial local de uno de los cinco mayores bancos
del mundo, quien sólo accede a hablar bajo condición de
anonimato, analiza así la hipótesis del blindaje financiero:
“Es un error pensar que su objetivo es obtener de nuevo el acceso
a los mercados de capitales. Su función es exactamente la contraria:
permitir que la Argentina prescinda de ese financiamiento durante un año.
En definitiva, dos tercios de los compromisos pueden renegociarse dentro
del país, son simples roll over. La necesidad real de financiamiento
externo no es por más de siete mil millones, que el blindaje cubrirá
de sobra”. Un funcionario del equipo económico lo refuta:
“Esa hipótesis se analizó en el primer momento, pero
fue dejada de lado. Una parte del blindaje será de disponibilidad
inmediata, pero otra estará inmovilizada. El objetivo es volver
al mercado de capitales lo antes posible, pagando las menores tasas posibles”.
Pero, eso ¿será posible?
El Nuevo Pensamiento
Según el documento base aprobado en el Encuentro por el Nuevo
Pensamiento, los mercados votan todos los días y el pueblo una
vez cada dos años, inequidad que requiere una corrección.
La organización de los piquetes en La Matanza, en los que tuvo
un rol central el miembro de la conducción nacional de la CTA Luis
D’Elía, habría señalado el camino hacia una
participación más equilibrada en las decisiones. Para transformar
el consenso puntual de una elección en un consenso permanente de
la comunidad en torno a sus objetivos son necesarias formas de representación
y acción política distintas. Además de la creación
del denominado Consejo de Emergencia con todas las organizaciones sociales
y políticas, la presencia de la red de barrios y la manifestación
directa de la comunidad de La Matanza, el documento ejemplificó
con la experiencia de Presupuesto Participativo en Porto Alegre y en Rio
Grande Do Sul. En ambos casos se trataría de estrategias superadoras
de las representaciones tradicionales tendientes a garantizar la presencia
permanente de la sociedad en la discusión y definición de
sus prioridades.
En una crítica apenas velada al ex vicepresidente Carlos Alvarez
y al ministro del Interior Federico Storani se afirmó que era imposible
disociar la calidad institucional del modelo económico social:
“El financiamiento de la política está estrechamente
asociado a las políticas que se financian, y la corrupción
es el precio que se paga por validar políticas que carecen de consenso”.
La crítica a los ex aliados se combinó con una autocrítica.
En los últimos años habrían fracasado dos estrategias:
“la de aquellos que creyeron que con la sola acumulación de
espacios institucionales se podía afirmar una política diferente”
pero también “la de aquellos que pensaron que acumulando en
el terreno social iban a poder influir en las instituciones”. En
lugar de estrategias institucionaleshuérfanas de anclaje social
y de experiencias sociales sin influencia institucional, se propuso una
manifestación directa del conjunto de la comunidad capaz de poner
límite a las prácticas de los sectores dominantes. “Esto
supone ponernos de acuerdo en función de un modelo de sociedad
deseable y no de una intervención electoral inmediata, reafirmar
que la política transita por nosotros mismos e implica replantear
la misma noción del poder”, dice el documento.
El punto de articulación política común, superador
de las estrategias de resistencia sectorial, sería el combate a
la desocupación y la pobreza, en los términos que la CTA
propuso durante la Marcha Grande por el Trabajo. Su objetivo es que no
quede un solo hogar por debajo de la línea de pobreza; sus instrumentos,
el reclamado Seguro de Empleo y Formación de 380 pesos mensuales
para cada jefe o jefa de familia desocupado y Asignación Universal
por hijo de 60 pesos; y su forma de realización, la Consulta Popular,
que incluye contenidos de democracia directa.
No es una propuesta de aplicación fácil, como puede verse
en la pirámide de estratificación social del Gran Buenos
Aires confeccionada por Artemio López con datos del INDEC de mayo
de este año. De ahí surge que el 68 por ciento de los jefes
de familia tienen ingresos inferiores a esos 380 pesos mensuales del reclamado
Seguro de Desempleo y Formación. Es decir que la pobreza extrema
alcanza incluso a quienes no han perdido el empleo. Pero eso mismo ayuda
a valorar el giro copernicano que implicaría la puesta en práctica
del seguro. Si el gobierno nacional no convoca a la consulta, la CTA y
el resto de las organizaciones sociales y políticas participantes
decidieron hacerlo por su cuenta.
La iniciativa popular fue establecida en el artículo 39 de la Constitución
de Olivos. A seis años de la reforma aún no se sancionó
la ley reglamentaria, pero según el propio texto constitucional,
“no podrá exigir más del tres por ciento del padrón
electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada
distribución territorial para suscribir la iniciativa”. Ambas
condiciones han sido cumplidas, con la presentación de medio millón
de firmas. El Congreso tendrá un año para tratar esos proyectos.
El artículo 40 de la Constitución también faculta
a la Cámara de Diputados a someter un proyecto de ley a consulta
popular. El Movimiento por la Consulta Popular quedaría constituido
dentro de un mes, el 20 de diciembre, en una Asamblea de representaciones
políticas sociales y culturales de todo el país.
25 años después
El programa de acción política para 2001 acordado en el
Encuentro también contempla un mes de actividades aún sin
definir en torno del 24 de marzo, cuando se cumplan 25 años del
último golpe militar, con el propósito de demostrar la continuación
del genocidio de entonces en la planificación de la desigualdad
que se extiende hasta el presente. Ese concepto tiene origen en el párrafo
de la Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, según
el cual “en la política económica de ese gobierno debe
buscarse no sólo la explicación de sus crímenes,
sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la
miseria planificada”. La conmemoración de esa fecha requiere
de una excepcional amplitud de miras, de modo que puedan participar el
mayor número de fuerzas políticas y sociales, unificadas
en el mínimo común denominador del repudio a aquel proceso,
prioritario sobre el debate de las contradicciones secundarias. En abril
se realizaría una Marcha sobre Buenos Aires en repudio a la reunión
de Ministros de Economía convocada con vistas a la constitución
del Area de Libre Comercio de las Américas, ALCA.
Lo que vendrá
Al margen de estos proyectos, el gobierno trata de negar la contundencia
de la medida de fuerza del jueves y viernes, apenas un capítulo
más en su resistencia a admitir algunos datos básicos de
la realidad. Pero a pesar de todos los intentos por minimizar lo sucedido,
sintió el impacto y, aunque se considera sin margen para cualquier
cambio de línea económica, ha iniciado contactos tendientes
a una negociación política. Por lo pronto, anunció
que había decidido enviar al Congreso el proyecto de repliegue
estatal del sistema jubilatorio, que la ministra Bullrich hubiera preferido
decretar a sola firma presidencial. Esto implica un grado no desdeñable
de probabilidad de que sea rechazado o que requiera enmiendas significativas.
Otro tanto podría ocurrir esta semana con el debate sobre el presupuesto
2001, en la cada vez más evidente disyuntiva entre ajuste o democracia.
Uno de los negociadores oficiales con los legisladores de la propia Alianza
sostiene que luego de haber afirmado que, por decreto o por ley, la reforma
previsional era la frontera que el Frepaso no traspasaría, el licenciado
Alvarez estaría considerando un cambio de posición. Lo habrían
inducido las reuniones con el presidente del bloque, Darío Alessandro,
y con los especialistas previsionales de ambas fuerzas de la Alianza,
Eduardo Santín y María América González. Alvarez
analizaría varias hipótesis: la aprobación en general,
con disidencias en particular, el retiro de algunos diputados en el momento
de votar o la abstención, de modo que la ley pudiera ser aprobada
por una coalición entre la UCR y Acción por la República,
el partido de Domingo Cavallo. Esto pondría al Frepaso al borde
de la fractura y de todos modos no aseguraría su aprobación
en el Senado peronista, salvo nuevas artes de banelquización.
|
