DESPUES DEL PARO DE LAS TRES CENTRALES
La bombera

La estrategia del miedo escogida por el gobierno nacional y escenificada por la ministra de Trabajo Bullrich no afectó la masividad del paro ni la calidad y cantidad de movilizaciones. Entre cien y doscientas cincuenta mil personas se manifestaron en todo el país, algo que no ocurría desde hace décadas. Cada una de las tres centrales llegó al paro con sus propias motivaciones y expectativas. Los negocios de Cavalieri, la ruptura de Moyano y Rückauf, los devaluadores y los dolarizadores y el Movimiento por la Consulta Popular de la CTA.

Por Horacio Verbitsky

La estrategia del miedo que aplicó el gobierno nacional tuvo un éxito relativo. El anuncio de eventuales actos de violencia redujo la cantidad de asistentes el jueves a las ollas populares y al acto central de la CGT/MTA en la Plaza de Mayo y frente al Congreso, y a los cortes de avenidas programados por la CTA en la Capital. Pero no afectó la masividad del paro, que se sintió como pocos, ni la cantidad y calidad de actos y movilizaciones en el interior el viernes. Aunque una estimación exacta es imposible, la información recogida en distintas ciudades permite afirmar que en todo el país se manifestaron entre cien y doscientas cincuenta mil personas, algo que no ocurría desde hace décadas.
Con la pasión que sólo tienen los conversos Patricia Bullrich se asumió como punta de lanza de la ofensiva contra los sindicatos. La ministra de Trabajo desafió a los gremios a que permitieran el funcionamiento de los transportes públicos, para medir quiénes acataban en forma espontánea el llamamiento a interrumpir las tareas por 36 horas. Los colectiveros recién iniciaron el cese de actividades a las seis de la tarde del jueves, lo cual dio tiempo para que los trabajadores desairaran a la ex montonera: desde el mediodía hasta esa hora los coches circularon vacíos por una ciudad paralizada. La parábola de la ex incendiaria devenida en bombera también incluyó un desopilante cálculo sobre las pérdidas que habría que atribuir al paro: 600 millones de dólares por cada día, si la mitad de los trabajadores suspendiera la labor. Temerosa de que los camioneros de Hugo Moyano y los colectiveros de Juan Manuel Palacios le pasaran por encima (la brutal metáfora es suya), la ministra les apuntó con la manguera, de la que sólo salió un chorrito risible. Bullrich dividió en público el Producto Interno Bruto por el número de días de un año. Uno de los más altos funcionarios del gobierno nacional la descalificó en privado: “Eso sólo se sostendría si el conjunto de la actividad del país fuera un proceso de colada continua, como en la siderurgia, y no pudiera interrumpirse”. Salvo unas pocas actividades, ocurre lo contrario. El mismo discurso que la ministra adoptó el empresario menemista Daniel Hadad. Aunque el único incordio que padeció fue el adelanto en un día de la aparición de su revista, pretendió que los habitantes del país serían después del paro mil millones más pobres. No es así. La merma en la producción y comercialización de bienes y servicios por la huelga puede compensarse con un aumento proporcional en los días anteriores o posteriores. Dada la prolongada recesión, que ya ha desembocado en lo que los economistas califican como depresión, casi todas las unidades productivas tienen capacidad ociosa, por lo que el cese del trabajo no tiene consecuencias económicas. El desafortunado cálculo ministerial puede ceder paso a otro más riguroso: el PIB está estancado en 290 mil millones de dólares. Pero con la capacidad productiva disponible podría ser de 330 mil millones. Es decir que en los últimos once meses, las políticas recesivas aplicadas por el actual gobierno han hecho perder a los argentinos 36.700 millones.

Sociedad Anónima CGT

Cada central llegó al paro con motivaciones y expectativas distintas. La CGT Oficialista decidió adherir sólo cuando advirtió que la medida anunciada por las otras centrales sería exitosa. Sus dirigentes tienen intereses comunes con los del gobierno, el anterior, éste o el que venga. Un buen ejemplo de ello es el mercantil Armando Cavalieri, quien sigue ocupando los 340 mil metros cuadrados de Parque Norte, sin que el gobierno nacional sostenga las objeciones que De la Rúa formuló cuando gobernaba la Ciudad Autónoma y el ex presidente Carlos Menem beneficiaba con una venta irregular al ideólogo cegetista. Otro es Gerardo Martínez, de la UOCRA, que abandonó a Moyano y volvió al refugio de la calle Azopardo en cuanto “Telenoche Investiga” descubrió la organización corrupta que desde lo más alto de su gremio lucraba con los accidentes de los albañiles que caen de los andamios por insuficiente inversión empresaria en seguridad. De ese modo se aseguró que el gobierno no enviaría a la UOCRA la intervención que parecía inevitable cuando el secretario adjunto de Martínez, Juan Ladina fue filmado in fraganti. El objetivo de los participacionistas es negociar algunas ventajas estamentales en la desregulación de los sistemas de salud para lo cual confían en las buenas relaciones establecidas con el ministro Héctor Lombardo y el Superintendente de Servicios de Salud, Rubén Cano. Rastros de ese vínculo se detectan en la investigación iniciada por la Sindicatura General de la Nación en su intento de detectar el origen de los fondos que pagaron voluntades senatoriales para la sanción de la ley de flexibilización laboral.

Patéticas miserabilidades

El secretario general de la CGT/MTA había negociado un entendimiento con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Rückauf, quien comprometió su apoyo a las movilizaciones convocadas. Pero a último momento Rückauf desistió y sustrajo su aporte a Moyano. La razón hay que buscarla no sólo en la tan conocida personalidad del ex ministro de trabajo de Isabel Perón y ex vicepresidente de Carlos Menem sino también en el estado de las finanzas de Buenos Aires. Esa es también la causa de la capitulación de Rückauf ante el gobierno nacional, cuando terminó por firmar lo que le pusieron por delante, con la sola diferencia de una partida extra para asistencia social (de los 225 millones de dólares para todo el país, a Buenos Aires le corresponderán algo menos de cien) que podrá aplicarse para los gastos del año electoral 2001, lo único que de verdad le interesa. Durante la gobernación de Antonio Cafiero y la primera de Eduardo Duhalde, el ministro de Economía de ambos, Jorge Remes Lenicov, mantuvo las cuentas equilibradas e incluso tuvo años de superávit. Pero a partir de 1996 el deterioro fue vertiginoso. Ese año arrojó un déficit de 810 millones de dólares o el 7 por ciento sobre el gasto total (atenuado a los efectos contables por los ingresos por privatizaciones) y el crescendo culminó el año pasado con un rojo de 2.130 millones, o el 19 por ciento del gasto. El promedio de las provincias argentinas arrojó ese mismo año 1999 un déficit del 12 por ciento. Buenos Aires es el lugar de residencia del 39 por ciento de los argentinos, pero genera el 47 por ciento del déficit total de las provincias. La explicación de este desborde se encuentra en los gastos electorales que la provincia padeció por las campañas de Rückauf a la gobernación y de Eduardo Duhalde a la presidencia. Remes se fue para no convalidarlo y su sucesor Jorge Sarghini nada pudo hacer para impedirlo.
Rückauf había anunciado que reduciría el déficit de este año a 1.200 millones, pero ya es ostensible que al 31 de diciembre será un 50 por ciento más alto, lo cual equivale a un 60 por ciento del déficit estimado para el conjunto de las provincias argentinas. Gracias a la estricta administración de los años de Remes, la provincia sólo está endeudada en unos tres mil millones de dólares. Hasta ahora pudo cubrirlo sin necesidad de comprometer los recursos que le corresponden por la coparticipación de impuestos. Pero ese endeudamiento va en ascenso y la provincia ha perdido la posibilidad de recurrir a su propio banco, que no pasa por su mejor momento. Por el contrario, Rückauf ha debido retirar fondos provinciales de sus cuentas en el Bapro, a riesgo de colocarlo en zona de emergencia. Esto significa que de ahora en más, por cada peso que pida prestado, ya sea a bancos privados con sede en el país o en el extranjero, necesitará la autorización del gobierno nacional. Por eso Rückauf se allanó a los reclamos del gobierno nacional y se apeó sin chistar del estribo del camión de Moyano.

Frente Nacional

Junto con el comienzo del paro, comenzaron a pegarse carteles con la consigna “Frente Nacional” y el nombre de Moyano. Esa idea se complementó con la presencia en la sede sindical durante la conferencia de prensa en la que se evaluó el paro, del secretario de la Pastoral Social de la Iglesia. Este hombre, Guillermo García Caliendo, transmitió un mensaje del paleocardenal Raúl Primatesta, el rostro eclesiástico del imperio Yabrán.
El ideólogo de esta movida es el asesor económico de Moyano, Daniel Carbonetto. Amenazado por la Triple A en 1974, Carbonetto dejó su empleo como técnico en la fábrica de cerveza Quilmes y viajó a Perú. Allí asesoró en la década del 80 al ex presidente peruano Alan García Pérez, quien le delegó negociaciones cruciales con organismos internacionales de crédito y con los mayores grupos empresariales. Carbonetto salió del Perú, bajo acusaciones de haber usado los contactos oficiales con empresarios en provecho propio. Poco después García dejó el poder con su país sumido en la hiperinflación. El ex asesor se radicó entonces en la Argentina, donde comenzaba el gobierno menemista. Aquí efectuó negocios subsidiados de comercio exterior entre ambos países, se declaró amigo del coronel Mohamed Seineldín, encomió el Plan Bunge & Born y propuso una “revolución capitalista”, que debía basarse en “un acuerdo nacional empresarial y sindical”. Como protagonistas del acuerdo mencionó a “los grupos más importantes”. Este Frente Nacional fantasma recomienda hoy la devaluación del peso, igual que los grandes grupos económicos que hicieron superganancias con las privatizaciones, vendieron luego sus participaciones a empresas transnacionales, colocaron lo percibido a interés en dólares fuera del país y se replegaron sobre emprendimientos agroindustriales de exportación. No es difícil comprender el beneficio que derivarían de la devaluación, que valorizaría tanto sus excedentes financieros como sus exportaciones, pero resulta inexplicable que adhieran a esa propuesta representantes de los trabajadores, que de ese modo verían aún más reducidos sus ingresos.

Fin de una etapa

Para la Central de Trabajadores Argentinos el paro formó parte de un proyecto de creación de poder popular. El fin de semana anterior sesionó en la Facultad de Derecho de Buenos Aires el tercer Encuentro por un Nuevo Pensamiento, dedicado este año a “Movimiento Social y Representación Política”. Participaron junto con la CTA representantes de la Federación Agraria, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas. Allí se caracterizó el actual momento como el final de una etapa y se afirmó que el orden de concentración económica, desigualdad social y autoritarismo político que permitió a Menem gobernar por decreto durante una década se basó en tres pilares: el terror a la hiperinflación, que atenuó las demandas populares; la constitución de una sólida comunidad de negocios entre grupos locales, bancos acreedores y empresas transnacionales, que se asociaron para participar en el desguace del Estado; y el nuevo ciclo de endeudamiento externo que sostuvo la actividad económica local. (De 1991 a 1999, el endeudamiento creció a una tasa del 11,5 por ciento anual acumulativo pero el Producto Interno Bruto lo hizo a menos del 5 por ciento, lo cual define bien la inviabilidad del modelo en curso).
Ninguna de estas tres condiciones existen hoy. Si a principios de la década pasada el terror a la hiperinflación moderaba cualquier reclamo social, hoy la hiperdesocupación y la generalización de la pobreza ha engendrado un sentimiento de hartazgo, que se expresa en crecientes síntomas de sublevación social. A partir de 1997 la ruptura de las asociaciones entre grupos locales, transnacionales y bancos ha dado lugar a un ascendente grado de confrontación, que se expresa, por ejemplo, en las posiciones contradictorias del Grupo Productivo y del sector financiero. Así como quienes vendieron activos locales y colocaron sus ganancias en dólares presionan por la devaluación, aquellos que les compraron tienen interés en la dolarización que preservaría su valor. Paradojas de la globalización: los patriotas del Frente Nacional tienen sus activos invertidos bien lejos en el exterior y las transnacionales producen para los mercados interno y regional, con excepción de la italiana Techint. Las noticias de los últimos meses son elocuentes acerca del agotamiento de la tercera condición: la Argentina ha perdido la posibilidad de financiarse con más endeudamiento en el mercado de capitales.
El líder de la filial local de uno de los cinco mayores bancos del mundo, quien sólo accede a hablar bajo condición de anonimato, analiza así la hipótesis del blindaje financiero: “Es un error pensar que su objetivo es obtener de nuevo el acceso a los mercados de capitales. Su función es exactamente la contraria: permitir que la Argentina prescinda de ese financiamiento durante un año. En definitiva, dos tercios de los compromisos pueden renegociarse dentro del país, son simples roll over. La necesidad real de financiamiento externo no es por más de siete mil millones, que el blindaje cubrirá de sobra”. Un funcionario del equipo económico lo refuta: “Esa hipótesis se analizó en el primer momento, pero fue dejada de lado. Una parte del blindaje será de disponibilidad inmediata, pero otra estará inmovilizada. El objetivo es volver al mercado de capitales lo antes posible, pagando las menores tasas posibles”. Pero, eso ¿será posible?

El Nuevo Pensamiento

Según el documento base aprobado en el Encuentro por el Nuevo Pensamiento, los mercados votan todos los días y el pueblo una vez cada dos años, inequidad que requiere una corrección. La organización de los piquetes en La Matanza, en los que tuvo un rol central el miembro de la conducción nacional de la CTA Luis D’Elía, habría señalado el camino hacia una participación más equilibrada en las decisiones. Para transformar el consenso puntual de una elección en un consenso permanente de la comunidad en torno a sus objetivos son necesarias formas de representación y acción política distintas. Además de la creación del denominado Consejo de Emergencia con todas las organizaciones sociales y políticas, la presencia de la red de barrios y la manifestación directa de la comunidad de La Matanza, el documento ejemplificó con la experiencia de Presupuesto Participativo en Porto Alegre y en Rio Grande Do Sul. En ambos casos se trataría de estrategias superadoras de las representaciones tradicionales tendientes a garantizar la presencia permanente de la sociedad en la discusión y definición de sus prioridades.
En una crítica apenas velada al ex vicepresidente Carlos Alvarez y al ministro del Interior Federico Storani se afirmó que era imposible disociar la calidad institucional del modelo económico social: “El financiamiento de la política está estrechamente asociado a las políticas que se financian, y la corrupción es el precio que se paga por validar políticas que carecen de consenso”. La crítica a los ex aliados se combinó con una autocrítica. En los últimos años habrían fracasado dos estrategias: “la de aquellos que creyeron que con la sola acumulación de espacios institucionales se podía afirmar una política diferente” pero también “la de aquellos que pensaron que acumulando en el terreno social iban a poder influir en las instituciones”. En lugar de estrategias institucionaleshuérfanas de anclaje social y de experiencias sociales sin influencia institucional, se propuso una manifestación directa del conjunto de la comunidad capaz de poner límite a las prácticas de los sectores dominantes. “Esto supone ponernos de acuerdo en función de un modelo de sociedad deseable y no de una intervención electoral inmediata, reafirmar que la política transita por nosotros mismos e implica replantear la misma noción del poder”, dice el documento.
El punto de articulación política común, superador de las estrategias de resistencia sectorial, sería el combate a la desocupación y la pobreza, en los términos que la CTA propuso durante la Marcha Grande por el Trabajo. Su objetivo es que no quede un solo hogar por debajo de la línea de pobreza; sus instrumentos, el reclamado Seguro de Empleo y Formación de 380 pesos mensuales para cada jefe o jefa de familia desocupado y Asignación Universal por hijo de 60 pesos; y su forma de realización, la Consulta Popular, que incluye contenidos de democracia directa.
No es una propuesta de aplicación fácil, como puede verse en la pirámide de estratificación social del Gran Buenos Aires confeccionada por Artemio López con datos del INDEC de mayo de este año. De ahí surge que el 68 por ciento de los jefes de familia tienen ingresos inferiores a esos 380 pesos mensuales del reclamado Seguro de Desempleo y Formación. Es decir que la pobreza extrema alcanza incluso a quienes no han perdido el empleo. Pero eso mismo ayuda a valorar el giro copernicano que implicaría la puesta en práctica del seguro. Si el gobierno nacional no convoca a la consulta, la CTA y el resto de las organizaciones sociales y políticas participantes decidieron hacerlo por su cuenta.
La iniciativa popular fue establecida en el artículo 39 de la Constitución de Olivos. A seis años de la reforma aún no se sancionó la ley reglamentaria, pero según el propio texto constitucional, “no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa”. Ambas condiciones han sido cumplidas, con la presentación de medio millón de firmas. El Congreso tendrá un año para tratar esos proyectos. El artículo 40 de la Constitución también faculta a la Cámara de Diputados a someter un proyecto de ley a consulta popular. El Movimiento por la Consulta Popular quedaría constituido dentro de un mes, el 20 de diciembre, en una Asamblea de representaciones políticas sociales y culturales de todo el país.

25 años después

El programa de acción política para 2001 acordado en el Encuentro también contempla un mes de actividades aún sin definir en torno del 24 de marzo, cuando se cumplan 25 años del último golpe militar, con el propósito de demostrar la continuación del genocidio de entonces en la planificación de la desigualdad que se extiende hasta el presente. Ese concepto tiene origen en el párrafo de la Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, según el cual “en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. La conmemoración de esa fecha requiere de una excepcional amplitud de miras, de modo que puedan participar el mayor número de fuerzas políticas y sociales, unificadas en el mínimo común denominador del repudio a aquel proceso, prioritario sobre el debate de las contradicciones secundarias. En abril se realizaría una Marcha sobre Buenos Aires en repudio a la reunión de Ministros de Economía convocada con vistas a la constitución del Area de Libre Comercio de las Américas, ALCA.

Lo que vendrá

Al margen de estos proyectos, el gobierno trata de negar la contundencia de la medida de fuerza del jueves y viernes, apenas un capítulo más en su resistencia a admitir algunos datos básicos de la realidad. Pero a pesar de todos los intentos por minimizar lo sucedido, sintió el impacto y, aunque se considera sin margen para cualquier cambio de línea económica, ha iniciado contactos tendientes a una negociación política. Por lo pronto, anunció que había decidido enviar al Congreso el proyecto de repliegue estatal del sistema jubilatorio, que la ministra Bullrich hubiera preferido decretar a sola firma presidencial. Esto implica un grado no desdeñable de probabilidad de que sea rechazado o que requiera enmiendas significativas. Otro tanto podría ocurrir esta semana con el debate sobre el presupuesto 2001, en la cada vez más evidente disyuntiva entre ajuste o democracia. Uno de los negociadores oficiales con los legisladores de la propia Alianza sostiene que luego de haber afirmado que, por decreto o por ley, la reforma previsional era la frontera que el Frepaso no traspasaría, el licenciado Alvarez estaría considerando un cambio de posición. Lo habrían inducido las reuniones con el presidente del bloque, Darío Alessandro, y con los especialistas previsionales de ambas fuerzas de la Alianza, Eduardo Santín y María América González. Alvarez analizaría varias hipótesis: la aprobación en general, con disidencias en particular, el retiro de algunos diputados en el momento de votar o la abstención, de modo que la ley pudiera ser aprobada por una coalición entre la UCR y Acción por la República, el partido de Domingo Cavallo. Esto pondría al Frepaso al borde de la fractura y de todos modos no aseguraría su aprobación en el Senado peronista, salvo nuevas artes de banelquización.

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