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¿Quién paga los impuestos de ISL?

Los clubes, como asociaciones civiles, están exentos. Pero los capitales privados tendrán que abonarlos, aunque pretenden evadirlos.

Fernando Miele,
el presidente de San Lorenzo.

Por Gustavo Veiga

Con la empecinada búsqueda de capitales privados que oxigenen al fútbol se aproxima un problema que, más temprano que tarde, puede explotarle en las manos a los dirigentes argentinos: el hipotético pago de impuestos en una actividad que, hasta ahora, no está gravada. Y es que los clubes no tributan ganancias en su carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro. Avisados de esta cuestión, los representantes de la multinacional que ha tomado la delantera en materia de gerenciamientos –los suizos de ISL– han introducido cláusulas en sus cartas convenio con San Lorenzo y Boca en las que se refieren al tema para tratar de mantener el actual status quo. O sea, lo que intentan es seguir gozando de las exenciones que tienen los clubes, no obstante que su objetivo sea lucrar. En este sentido son coherentes con su socia dilecta, la FIFA, que ya ha pedido en Tokio y por boca de su propio presidente, Josep Blatter, que se exima a la poderosa corporación futbolística de los impuestos al consumo y a la renta cuando se dispute el Mundial del 2002. La inveterada costumbre de evitar el pago de impuestos es patrimonio universal y, desde Zurich, tanto la FIFA como ISL van señalando el camino.
La carta de intención (FMI dixit) que la empresa suiza y el club de Boedo –en rigor, el oficialismo encabezado por Fernando Miele– acordaron firmar, siempre y cuando una asamblea de representantes de socios la apruebe pasado mañana, dice en su punto 2.8: “Las partes trabajarán juntas de buena fe para mantener el estado legal exento de impuestos de San Lorenzo. Si tal estado legal exento de impuestos es eliminado, entonces las partes discutirán en buena fe caminos para minimizar los efectos del impuesto en los pagos conforme a la presente”.
En cambio, en el más breve anteproyecto de contrato analizado por ISL y Boca Juniors, la cláusula 2.7 señala que “cada una de las partes se hará cargo del pago de impuestos, restricciones de control de moneda, cargas u otras retenciones que pudieran ser requeridos”. ¿A qué tipo de tributos se referirán las partes en ese punto?
Cuando el fondo texano de inversión Hicks, Muse, Tate & Furst, junto a la productora Torneos y Competencias, se lanzaron a conseguir el control de recursos por 23.500.000 dólares al año que tiene River en sus manos, se redactó un borrador de convenio que no pasó el primer filtro del departamento jurídico que funciona en el club. Más allá de la obstinada actitud de impulsarlo que mostró el vicepresidente 1° Alfredo Davicce –el verdadero gestor de la operación–, los abogados puntualizaron en sus comentarios sobre el contrato que “el objeto de ambas partes es diferente y la vinculación que conciertan, si bien es en beneficio mutuo, no consiste para el club en la explotación comercial de los negocios, sino en la obtención de recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos, que no son comerciales”. De este modo se aclaraba, por si hacía falta, el carácter de asociación civil de la institución que, por consiguiente, no debería tener gravada su actividad, como sí los capitalistas norteamericanos.
Cabe agregar que el modelo de contrato con sus respectivas enmiendas tuvo una vida efímera porque recibió impugnaciones de todos los sectores opositores riverplatenses e inclusive, hasta fue vetado por un grupo representativo del propio oficialismo que encabeza el secretario general del club, José María Aguilar.
Aunque demasiadas expresiones del fútbol local se han mostrado refractarias a los cambios que pasan por el denominado gerenciamiento –o plan para la captación de inversiones privadas, como gustan llamarlo en la AFA–, el potencial problema de quién, cuándo y cuánto tributará por los negocios que se hagan en los clubes ya está instalado. El doctor Pedro Kondratiuk, uno de los principales funcionarios de la AFIP durante la administración de Carlos Silvani, ya lo adelantó el 6 de este mes en una nota publicada por Página/12 cuando se refirió al caso de San Lorenzo, aunque su concepto abarcaba a todos los demás: “Va a traer un problema fiscal, porque el gerenciamiento significa una actividad gravada de impuestos que ahora no existe”.
Mientras esto acontece en la Argentina, a miles de kilómetros y en el país del sol naciente, el presidente de la FIFA pasó por allí para solicitar una ley especial que le permita a la corporación futbolística organizar su próximo Mundial con la máxima tasa de rentabilidad. La petición que Blatter les dejó a los ministros de Finanzas, Kiichi Miyazawa, y de Educación, Cultura y Deportes, Tadamori Oshima, es que se exceptúe a la Federación de abonar un par de impuestos. Noticias originadas en la propia prensa nipona referidas a la lentitud del gobierno para resolver el tema tributario con la FIFA inquietaron al suizo, quien decidió viajar este mes a Japón para hacer lobby en persona.
Lo que se dice, un digno representante de la política de disuasión basada en que es el dueño de la pelota.

 

 

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