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OPINION
Pacto de banqueros
Por Jorge Altamira
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La negociación entre el gobierno nacional y los gobernadores no ha tenido otro objetivo que el de hacer frente a la cesación de pagos de los estados provinciales, el mismo problema del Estado nacional. Es que la deuda pública de las provincias pasó, entre 1993 y 1999, de 2500 a casi 20.000 millones de pesos, de los cuales 8000 millones son préstamos bancarios. El nuevo pacto fiscal congela el monto de la coparticipación federal para forzar a las provincias a privatizar todo lo que tengan a mano y destinar la recaudación al pago de esa deuda. Buenos Aires prevé crear a partir del pacto un Fondo Fiduciario con los ingresos por privatizaciones, venta de activos y coparticipación para hacer frente a los dos mil millones de dólares que suman su déficit anual y su deuda pública.
El aumento del déficit primario de las provincias fue de un 5 por ciento en ese período, que obedeció a la transferencia de los servicios de salud y educación de la Nación. La deuda provincial creció, en cambio, un 45 porciento y el pago de los intereses, la friolera del 160 por ciento. Corrientes y Río Negro tienen una deuda que equivale al 140 por ciento de sus ingresos corrientes. Las tasas de los bonos de deuda de las provincias son de �ensueño�, arriba del 20 por ciento anual. En el 2001, las provincias tienen la misión imposible de amortizar casi 4000 millones de dólares. No es casual que las consultoras internacionales hayan rebajado la calificación de los bancos que acumulan en su carteras deuda provincial. Tampoco es casual que De la Sota haya sido �apretado� por el BID a firmar el pacto y Ruckauf, por sus socios cavallistas. De manera que el piso por coparticipación federal que ofrece la Nación ya está comprometido al pago de los intereses, que se gira directamente a los acreedores desde el Banco Nación. Varias provincias ahora ofrecen además sus regalías gasíferas o eléctricas como garantía para reciclar su deuda con nuevos préstamos. Las empresas de energía que se han anotado en este negocio verán reducir a la nada, tasa de interés mediante, lo que deben pagar a las provincias. En contraste con esto, el impuesto a las Ganancias apenas tributa un 3 por ciento del PBI.
Pero el pacto fiscal ni siquiera pretende ser una salida; la expectativa subyacente es que Argentina crezca fuertemente. La estimación oficial de que lo haría en un 3 por ciento el año que viene no tiene asidero. El derrumbe fiscal y financiero del país, la quiebra del régimen federal, los 14 millones que se encuentran por debajo del nivel de pobreza y los cuatro millones de desocupados y subocupados están indicando que la organización social y política de Argentina es incompatible con su necesidad de desenvolvimiento. Argentina oscila entre la cesación de pagos, con el consiguiente retroceso de sus fuerzas productivas, y el repudio de la deuda usuraria y la nacionalización de la banca y de las AFJP, como base para un replanteo de sus relaciones internacionales y para un plan económico y social de conjunto que la saque del atolladero.
* Diputado de la Ciudad por el Partido Obrero. |
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