|
|
|
|
|
|
|
|
| |
||
|
Falta mucho para el mani pulite
|
Por Adriana Meyer El soñado proceso de �mani pulite� argentino no empezará en la Justicia, tal como imaginó el ex vicepresidente Chacho Alvarez. Ninguna de las causas que investigan hechos de corrupción en el Senado producirá resultados visibles antes de fin de año. Quizás en el 2001 serían procesados por el juez federal Carlos Liporaci al menos dos senadores imputados por haber recibido un soborno a cambio de su voto favorable a la Reforma Laboral. Pero los investigadores del caso reconocen que las pruebas que hay �no alcanzan� para sostener esa decisión. Tampoco parece haber demasiado movimiento en el expediente que investiga el uso de fondos reservados y el presunto enriquecimiento ilícito de todos los legisladores que pasaron por la Cámara alta desde 1992, aunque los requerimientos del fiscal Paulo Starc generaron nerviosismo en ese cuerpo. Esta tormenta política provocó la renuncia de dos ministros y un vicepresidente, pero en Tribunales los ritmos son más lentos y las consecuencias mucho menos contundentes.
�Probablemente sea uno de cada bando, un justicialista y un radical�, especularon ante Página/12 quienes conocen el expediente de Liporaci. Todos los pronósticos coinciden en que el senador Emilio Cantarero sería número puesto para el procesamiento. La medida podría alcanzar incluso a alguno de los funcionarios de carrera que ocuparon cargos estratégicos en el Senado. �El juez siempre estuvo dispuesto a llegar hasta el Presidente�, recordó uno de sus colaboradores a Página/12. Quienes dejaron de mirarlo con simpatía sostienen que, en realidad, se guarda esa carta en la manga y en algún momento podría requerir explicaciones a Fernando de la Rúa. El hipotético cuestionario abordaría los interrogantes que subsisten sobre las cuentas reservadas y los manejos de dinero de la SIDE. Desde el principio, el desarrollo de esta causa estuvo ligado a la investigación sobre el incremento del patrimonio de Liporaci. Ahora, la gran incógnita gira en torno al tiempo que le queda al frente del Juzgado Federal Nº 3. Tanto el proceso penal, que lleva adelante el fiscal Pablo Recchini, como el que impulsa el Consejo de la Magistratura seguramente impedirán que sea él quien concluya la investigación de los sobornos. En los pasillos de Comodoro Py ya hay apuestas sobre quién deberá continuar con el explosivo expediente. Gabriel Cavallo y Adolfo Bagnasco se disputan la delantera. Cuando el escándalo del Senado tomó estado judicial no fueron pocos los funcionarios que se quejaron. �Nos pasaron la pelota para acá y vamos a pagar el costo si no obtenemos algún resultado�, fue la frase escuchada por esos días de agosto. Seis jueces investigan siete hechos de corrupción que habrían sido protagonizados por senadores, pero sólo tres de esos expedientes tienen un objeto tal que les permitiría convertirse en la �megacausa� que imaginó Alvarez (ver aparte). Aunque quizás ninguno llegue a tanto. De hecho, un juez federal fue sondeado para convertirse en el impulsor del proceso de transparencia, pero los enviados del ex vicepresidente abandonaron su despacho desanimados. El chachismo frenó entonces su iniciativa de presentar una denuncia por asociación ilícita que apuntaba a concentrar en una sola investigación todas las acusaciones contra los senadores. Los investigadores judiciales descreen de las intenciones de los políticos, a la luz del escaso valor de las pruebas aportadas hasta ahora. �En las escalinatas ante los micrófonos prometen todo, pero luego acá no aportan nada que sirva�, se quejó uno de ellos. Y recordó que, además, el Poder Ejecutivo no se caracterizó por su celeridad y eficiencia ante los requerimientos de informes y documentación formulados por el juez y los fiscales. Más allá de esa limitación, los funcionarios consultados admitieron que el soborno es un delito muy difícil de probar. Liporaci procesará a alguno de los imputados más por la presión de producir algún resultado ante la magnitud del caso que por el peso real de las pruebas que posee. �Tenemos un senador confeso�, le dijo Liporaci a Vanesa Petrillo, en un reportajepara Recol.com. La periodista abrió los ojos y repreguntó, pero el magistrado pronunció el ya conocido nombre del senador Cantarero que habría confesado ante una cronista parlamentaria, pero que en el juzgado se limitó a desmentirla. Un veterano funcionario con acceso al expediente opinó que �nunca había visto una causa tan �gaseosa� como ésta�. Es decir, sólo aire. Además del anónimo que relató la �trama secreta� del caso �al que tanto el juez como los fiscales valoran como prueba� y la confesión de Cantarero, sólo hay datos sueltos sobre el patrimonio de los senadores y carpetas con información sobre las cuentas del Estado cuyo valor aún no fue establecido. La estrategia de Liporaci es revisar esos movimientos de dinero para determinar si el dinero de los sobornos salió de alguna dependencia del Poder Ejecutivo. Liporaci empezó pidiendo a la Policía Federal información sobre la evolución patrimonial de los senadores. Investigarlos por presunto enriquecimiento ilícito aparecía como una alternativa ante la dificultad de probar las coimas. Un mes más tarde, el propio magistrado relativizó esa hipótesis al sostener ante este diario que un eventual crecimiento de los bienes de alguno de los imputados sólo sería relevante para la causa si se prueba que se produjo durante los primeros meses de este año, cuando se estaba negociando la reforma. Tres de los principales protagonistas de esta historia ya se fueron del Gobierno, y los senadores imputados resisten en sus bancas, aunque con el poder recortado (los bautizaron el bloque Comodoro Py). Los dos impulsores de la denuncia �Alvarez y Antonio Cafiero� callan. Quienes tienen que tomar las decisiones se sienten menos presionados que en aquellos turbulentos días iniciales. Sin embargo, Alberto Flamarique, ex ministro de Trabajo, y Fernando de Santibañes son dos de los ex funcionarios más nombrados en el expediente y, aunque ya abandonaron el poder, podrían tener que hacer una visita a los tribunales federales.
|
|
|
Carlos Liporaci: sobornos por la Reforma Laboral.
ministros de la Corte Suprema Julio Nazareno, Antonio Boggiano, Eduardo Moliné O�Connor y Adolfo Vázquez, abogados como Mariano Cavagna Martínez, varios magistrados, ex funcionarios como Miguel Angel Toma, Elías Jassan, Tomás Liendo, Hugo Anzorreguy, Martín Redrado o Alberto Piotti y actuales funcionarios como el interventor del PAMI Federico Polak. Se esperaba también a Eduardo Menem, que no concurrió y se hizo representar por su hijo, el diputado Adrián Menem. Los colegas en el fuero federal estuvieron en masa: Carlos Liporaci compartió mesa y brindis con Jorge Urso y Rodolfo Canicoba Corral �acompañados de sus esposas�, mientras que María Servini de Cubría se lucía en la pista junto a varios colegas. El juez federal Gabriel Cavallo fue la excepción.