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Por Laura Términe
Desde Roma
 El abogado Marcello Gentili sostuvo la responsabilidad de los ex generales Carlos Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros en los asesinatos de siete ciudadanos ítalo-argentinos frente a la Corte italiana que lleva el juicio contra los militares y que emitirá sentencia el próximo 6 de diciembre. Gentili, que representa a los familiares de las víctimas, avaló el pedido de cadena perpetua realizado por el fiscal Francesco Caporale y dio un paso mas allá cuando solicitó condenar con la misma pena al ex jefe de la Prefectura Naval Carlos Gerardi y a sus subordinados Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Roberto Rossin y Héctor Maldonado por el asesinato de Mario Marras, ejecutado en la isla de Paicarabí, en el Tigre.
Caporale había pedido cadena perpetua para los cinco miembros de la Prefectura sólo por el homicidio de Martino Mastinu, ya que según algunos testigos los asesinos de Marras eran miembros del Ejército.
Con vehemencia, Gentili trató de despejar las dudas que pudieran tener los nueve jurados populares sobre la participación de Suárez Mason en los crímenes de Laura Carlotto, Norberto Morresi, Pedro Mazzocchi, Luis Fabri y Daniel Ciuffo, víctimas de los centros de detención clandestinos de La Cacha y El Vesubio, ubicados en la Zona I que comandaba el ex general. �Es indiscutible que Suárez Mason ejercía un control directo o indirecto de la suerte de los detenidos en sus campos: o daba la orden directamente de quién vivía y quién moría, o daba las garantías de impunidad para que los ejecutores materiales secuestraran, torturaran o hicieran desaparecer�, resumió el abogado, ex defensor de los familiares de las víctimas de otras masacres, como las de las Fosas Ardeatinas y Piazza Fontana.
Gentili sepultó después el argumento de la obediencia debida, recordando que el mismo problema se había presentado durante el juicio al criminal de guerra nazi Erich Priebke. �Los nazis obedecían convencidos de lo que hacían, no lo hacían bajo amenaza; en Argentina no hubo casos de cárcel o muerte para los militares que desobedecían ordenes�, continuó el abogado. �No existe la obediencia debida para las órdenes evidentemente inhumanas.�
Gentili, que desde hace doce años acompaña a los familiares argentinos en los tribunales italianos, enumeró las visitas de Suárez Mason a los
campos e interpretó como �una confesión� el comunicado firmado por el ex general donde, entre supuestos �terroristas� muertos en una falso combate, figuran Ciuffo y Fabri, que estaban secuestrados hasta pocas horas antes en el campo El Vesubio.
Para incriminar a Riveros, Gentili tomó en consideración las confesiones
que los cinco miembros de Prefectura realizaron ante el juez Carmelo Papalia en un juicio de 1985 sobre sus roles en el secuestro de Mastinu. En 1976, Riveros era el comandante de la Zona IV, donde ocurrieron los crímenes de Mastinu y Marras.
Optimista, el abogado aseguró a la Corte que su sentencia podrá ser
aplicada en Argentina en el futuro, lo cual podría suceder sólo si nuestro país respondiera positivamente a un eventual pedido de extradición enviado por Italia.
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