Por Cledis Candelaresi

Con la visita del Fondo Monetario Internacional como marco, el Gobierno intentará sortear hoy el primer test para obtener el anhelado blindaje financiero. A instancia de los legisladores aliancistas, Diputados podría aprobar esta tarde en sesión especial el proyecto de Presupuesto del 2001, reformulado tras una trabajosa negociación con los gobernadores y parlamentarios del propio oficialismo y de la oposición. El aval a esta iniciativa es una de las condiciones exigidas por el FMI para desembolsar parte los fondos frescos que Argentina demanda con urgencia para ahuyentar, aunque sea provisoriamente, el fantasma del default (cesación de pagos). Hasta anoche, el oficialismo tenía un tanto ganado: la oposición le daría el quórum necesario para abrir el debate, facilitando, con ello la aprobación en general. Pero las cosas podrían complicarse con el análisis en detalle, ya que subsisten diferencias en la Alianza, por ejemplo, en torno a la decisión de mantener el recorte salarial sobre los empleados públicos.
“No podemos quedar a la derecha de la Alianza. Si ellos plantean que no es posible sostener la rebaja salarial en el sector público, nosotros también nos vamos a oponer”, advirtió ayer ante Página/12 el justicialista Oscar Lamberto, aludiendo a las críticas que formularon la frepasista Alicia Castro y otros legisladores de extracción sindical sobre la determinación de no recomponer los sueldos estatales, rebajados entre el 12 y el 15 por ciento. Esta decisión, implícita en el proyecto de Presupuesto, era hasta anoche la que dejaba más resquicio para un desborde en el recinto, en rigor no previsto por ninguno de los bloques.
Al margen de cualquier diferencia que pudiera surgir en el seno del oficialismo, la bancada del PJ anoche resolvió tomar distancia del proyecto oficial, objetándolo en general y en particular, aunque con el compromiso de discutirlo en el recinto. Es decir, sin negar el número necesario para dar el debate. Si muchos justicialistas ocupan su banca, tal como se comprometieron a hacer los de Acción por la República y algunos provinciales, la Alianza respirará tranquila: tendrá quórum y chances de aprobar la iniciativa con mayoría simple.
En realidad, en el bloque que preside Humberto Roggero descuentan que la iniciativa tendrá respaldo, pero no quieren desaprovechar la ocasión de diferenciarse con algunas críticas que resultan casi obvias. Una de ellas es la decisión de modificar la Ley de Solvencia Fiscal a través de un artículo incluido en el propio Presupuesto, que postergará del 2003 al 2005 la promesa de tener déficit cero. “Con este cambio el Gobierno pierde credibilidad: ya nunca será igual. Es como una niña que perdió la virtud”, ironizaba ayer Lamberto, anticipando hacia dónde pueden apuntar algunos cuestionamientos opositores.
Casi al mismo tiempo que los justicialistas intentaron aunar criterios, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, discutió con los legisladores oficialistas una estrategia para garantizar el éxito de la sesión de hoy. Todo lo hicieron sobre la hipótesis de que conseguirían ese respaldo, ya que difícilmente los justicialistas se negarían a dar el quórum necesario –se necesita dos tercios para habilitar una sesión especial– para discutir un texto que, en gran medida, traduce el acuerdo con los gobernadores y principales referentes del PJ.
Este pacto dispuso una partida especial para gasto social y obra pública y mantuvo las subvenciones sobre la producción de tabaco y los combustibles patagónicos, tal como demandaba el interior. También prorrogó la facultad provincial para disponer libremente de la mitad de los fondos específicos que manejan las provincias, entre ellos, los casi 1000 millones anuales del Fonavi. Gracias a esta prerrogativa, concedida por el gobierno de Fernando de la Rúa el año pasado cuando se discutía el presupuesto de este año, los gobernadores pueden echar mano con libertad de una millonaria masa de recursos, para afrontar el gasto que prefieran:desde salarios del personal estable hasta un subsidio ocasional y necesario en época electoral.
Pero el debate bien podría complicarse en particular, cuando haya que desmenuzar el extenso articulado, aunque éste fue retocado casi tantas veces como reclamos de los legisladores se fueron sucediendo. Entre los cambios de último momento estuvo la eliminación del artículo que hubiera permitido a Economía recortar las asignaciones familiares, ajustándolas a los escasos recursos disponibles. Pero a juicio de los propios oficialistas ese artículo intentaba otorgar una atribución riesgosa: ante las angustias fiscales, José Luis Machinea podía tentarse con un impopular recorte de este beneficio que la Seguridad Social reconoce a todos los trabajadores en relación de dependencia.
La presión parlamentaria también resultó eficaz para que Economía resigne la posibilidad de flexibilizar las condiciones de empleo de los estatales nacionales. También algunas demandadas por los gobernadores, que consiguieron mantener varios subsidios, entre otros, el que beneficia a La Rioja con un aporte especial del Tesoro de la Nación por 145 millones de pesos. Una y otras permitieron que Economía dispusiera de 50 millones de pesos para un nuevo régimen de promoción industrial en el interior, cuyas características aún no hay sido definidas. “Era necesario aumentar el gasto, porque la situación social es explosiva”, justificó ayer el titular del bloque oficialista, Darío Alessandro.
La estrategia oficial para aceitar el camino del proyecto en el Presupuesto fue tan concesiva que hasta los opositores ayer se mofaban de la buena voluntad oficial. “El problema es que sacaron el tapón y dijeron sí a todo el mundo”, ironizaba un diputado de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

 

Control al PAMI libre Cediendo al planteo de un grupo de legisladores aliancistas, José Luis Machinea resolvió retirar al PAMI del Presupuesto, aunque previendo a cambio algunos nuevos controles y manteniendo la decisión de que el Tesoro no subsidiará más a la entidad. Según la última versión del proyecto para el año próximo, la obra social de los jubilados seguirá funcionando como una ente estatal autónomo, aunque con una independencia más acotada de la que gozó en la época del interventor menemista Víctor Alderete. El PAMI tendrá obligación de elevar su presupuesto al Palacio de Hacienda; trimestralmente deberá rendir cuentas sobre lo que ejecute a la Secretaría de Hacienda, al Congreso y a la Jefatura de Gabinete; estará sujeto a límites para endeudarse, algo que sólo podrá hacer con expresa autorización y quedará sometida al control de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, tal como ahora ocurre con cualquier empresa y organismo público. Sin embargo, conservará su autonomía para definir con bastante libertad algunas contrataciones, algo que para los legisladores partidarios de dejar al PAMI fuera del Presupuesto es garantía de mayor ejecutividad y transparencia. Pero, tal como sí anhelaba Machinea, de ahora en más la obra social se mantendrá exclusivamente con sus aportes, sin auxilio del Tesoro que, de todos modos, el próximo año le transferirá 120 millones de pesos: 71 millones por “intereses” adeudados y 41 millones para cubrir un déficit en su recaudación.

BRASIL TEME UNA CRISIS ARGENTINA QUE LO ARRASTRE
Apoyo al socio en desgracia

Las autoridades brasileñas quieren confiar en que la Argentina recuperará su estabilidad económica superando su crisis financiera. Los buenos augurios formulados por el presidente Fernando Henrique Cardoso, junto al pedido de consideración a los organismos internacionales de parte de un ex presidente y un funcionario actual del Banco Central del vecino país, están movidos no tanto por la solidaridad con el socio en desgracia sino por temores propios. Una caída en cesación de pagos de Argentina podría tener efectos más temibles que la crisis de balanza de pagos y fuga de capitales sufrida en el propio Brasil durante 1998, que llevó a la devaluación (liberación cambiaria) de enero de 1999. Las autoridades brasileñas lo saben y se han decidido a jugar fuerte en apoyo de un salvataje financiero para Argentina.
En una entrevista concedida a la televisión brasileña, Cardoso dijo confiar en que Argentina recuperará su estabilidad económica como ocurrió con Brasil, que en un año salió de la crisis financiera que debilitó su moneda y le había privado de la confianza internacional y la de sus propios ciudadanos. “Argentina posee petróleo, es un país homogéneo y con una elite de técnicos muy competentes”, dijo el mandatario brasileño, que también destacó la importancia del crédito que le concederá el Fondo Monetario Internacional. Expresó además su fe en que los gobernadores provinciales y los líderes sindicales acabarán “apoyando la posición del presidente Fernando de la Rúa”.
Los mercados financieros de Brasil se vieron conmovidos en las últimas semanas por las noticias acerca del riesgo de una cesación de pagos de Argentina, provocando bajas en las acciones y subas en la paridad cambiaria. El FMI debería ser más tolerante con Argentina y considerar que el país ya realizó profundas reformas económicas en los últimos años, declaró en Río de Janeiro el economista Gustavo Loyola, ex presidente del Banco Central. “No es justo tratar a Argentina como un país que está iniciando su reforma”, reclamó. Por otra parte, Loyola advirtió que “si el FMI exige un régimen fiscal muy duro, la crisis social puede agravarse”, al explicar que “el mayor problema del régimen cambiario es el costo social que genera, y que el país está a remolque de Estados Unidos y de las tendencias económicas internacionales”.
Loyola, como titular del Banco Central hasta fines de 1998, era un acérrimo opositor a la liberación cambiaria (administraba un régimen de cambios con valores mínimo y máximo de paridad) y renunció ante la decisión de Cardoso de ceder ante la presión del mercado financiero. El ex titular del Central admitió que si se agrava la crisis argentina, Brasil sufriría las consecuencias en los mercados internacionales y su crecimiento económico en 2001 podría reducirse.
El director de Política Económica del BC de Brasil fue un paso más allá, al entrar en la consideración de algunos anuncios de este último fin de semana. Ilan Goldfajn, que además fue funcionario del FMI, estimó que un aumento del gasto social en Argentina no interferirá en el otorgamiento del blindaje financiero por parte del organismo internacional. “La medida es, probablemente, un instrumento de negociación del presidente (Fernando de la Rúa) para que el Congreso apruebe la privatización del sistema previsional”, opinó. “Nunca es muy fácil aprobar medidas como ésa, y nosotros en Brasil lo sabemos; pero la expectativa es que el Congreso (de Argentina) apruebe la propuesta del Gobierno y el FMI libere el crédito”, expresó finalmente Goldfajn.

“El nuevo Presupuesto no es un cambio de política económica”

En el equilibrio inestable que vive el equipo de Machinea, ayer tuvieron que salir a calmar a los ortodoxos que se quejan por la expansión del gasto, que el secretario de Hacienda relativizó. Antes ese aumento había sido presentado como una política para alentar el crecimiento.

El Gobierno tuvo que esforzarse ayer para explicarles a los sectores más ortodoxos del establishment que el aumento del déficit fiscal reconocido en el nuevo proyecto de Presupuesto 2001 no implica cambio alguno en el rumbo trazado. “Esto no es cambio de política económica”, aseguró el secretario de Hacienda, Mario Vicens, intentando convencer a los gurúes de la city que reclaman todavía más ajuste. Más dificultades tuvo para explicar, sin admitir un error de diagnóstico, por qué ahora el discurso del equipo económico es justo el opuesto al del primer año de gestión: tras reconocer que la baja del déficit no redundó en una baja inmediata en el riesgo país, afirmó que “en el actual y adverso contexto internacional, la situación económica local se agravaría más con una reducción del déficit”. Las claves para entender por qué, pese al impuestazo, al recorte de salarios públicos y al tenue crecimiento de la economía que se espera para el año próximo, el déficit fiscal seguirá tan alto como en el último año del gobierno de Menem, cuando se vivió el peor momento de la recesión.
Desde el momento mismo de asumir, José Luis Machinea y sus colaboradores se empecinaron en defender un discurso que, hasta entonces, ellos criticaban y Roque Fernández y los consultores más ortodoxos de la city defendían. El argumento era que la disminución del déficit fiscal era la condición necesaria para crecer. Así, el ajuste fiscal traería aparejado una baja del riesgo país (es decir, de la tasa de interés adicional que deben pagar los argentinos para endeudarse), lo cual estimularía la inversión y el consumo, que se transformarían en motores del crecimiento.
Sin embargo, el Gobierno se cansó de ajustar, vía aumento de impuestos o reducción de salarios, consumidores e inversiones se asustaron, el riesgo país se mantuvo elevado, no hubo reactivación después de dos años de recesión y el déficit fiscal no cedió, porque sin crecimiento la recaudación fue mucho menor a la esperada.
Desde hace ya dos meses que el Gobierno y el Fondo Monetario se resignaron y empezaron a ver la realidad de otro modo. “Sin crecimiento, no hay cuenta fiscal que cierre”, fue la nueva perspectiva. Eso es lo que se blanqueó en el nuevo proyecto de Presupuesto 2001, que el Gobierno envía ahora al Congreso para reemplazar el que había girado, como marca la ley, antes del 15 de setiembre. El déficit fiscal el año próximo será 2400 millones de pesos superior al del proyecto original. Pero además, los números fiscales de este año también muestran un desvío similar en relación a lo previsto (ver aparte).
“Seguimos pensando que para el aumento de la inversión deben bajar las tasas y para que esto ocurra se deben ordenar las cuentas públicas”, se justificó ayer Vicens, cuando arreciaban las presiones de la city. Pero reconoció que hoy una baja del déficit no se traduce directamente en una reducción del riesgo país y que, en todo caso, más ajuste puede significar –como ocurrió este año– más recesión. En la misma línea salió a defender el Presupuesto Machinea, al asegurar que el aumento del déficit se explica por la caída de la recaudación y que el gasto primario (es decir, operativo) del Gobierno se mantiene congelado.
Ciertamente, los números del nuevo proyecto revelan la magnitud del ajuste que realizó Machinea:
Pese al aumento de erogaciones previsto en relación al proyecto enviado al Congreso en setiembre, el gasto operativo del Gobierno (es decir, pago de salarios, jubilaciones, programas sociales, seguridad, etc.) del año próximo será 2032 millones de pesos menor que el de 1999. Más aún, según el nuevo proyecto de ley de solvencia fiscal, adosado al Presupuesto, el gasto operativo del Gobierno deberá quedar congelado por los próximos cinco años en este nivel. De otro modo: quien gobierne en el 2005 deberá arreglárselas para hacer funcionar al Estado con bastantes menos recursos de los que tuvo Roque Fernández el año pasado, pese a que en el futuro habrá muchos más argentinos demandando los servicios básicos (seguridad, salud, educación, justicia) que el Estado no delegará.
Sin embargo, pese al recorte, el gasto total aumentará entre 1999 y 2001 en más de 850 millones de pesos.
La diferencia se explica por el salto en el pago de intereses de la deuda, que crece de los 8256 millones el año pasado a 11.143 millones el próximo. Es decir, casi 3000 millones más. Para tener un marco de comparación, es diez veces más que el gasto social “adicional” incluido en el Presupuesto del año próximo.
Por eso, el déficit del año próximo será de 6500 millones. Es apenas 600 millones menos que el déficit con que se despidió Menem a fines del ‘99, un año en el que el PBI cayo 3,6 por ciento y cuando todavía no había impuestazo ni rebaja de salarios públicos. Y es que con la carga de intereses de la deuda en aumento no hay ajuste que alcance.

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