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Por
Laura Vales
La
sala de audiencias recibió al acusado con una ovación. En
la primera línea del público, Carlos “el Perro”
Santillán, de musculosa negra, se levantó de su silla y
arrancó con la primera estrofa del Himmo. El titular de la CGT
rebelde, Hugo Moyano, y el de la CTA, Víctor De Gennaro, se sumaron
a coro y todo el público piquetero arremetió con ganas con
la canción patria. El fiscal se veía un poco desorientado,
pero terminó poniéndose de pie, como ya lo habían
hecho los escribientes, los secretarios y oficiales de Justicia. Así
comenzó el juicio oral y público contra Raúl Castells,
acusado del delito de extorsión y preso desde hace dos años
por haber encabezado dos pedidos de comida a supermercados. “No me
están juzgando a mí sino a la pobreza”, dijo el dirigente
del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados.
En el pasillo de los tribunales de Lomas de Zamora, la Policía
Bonaerense desplegó un operativo de seguridad que recordaba las
prevenciones para con Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes.
Personal del cuerpo de infantería con uniformes de camuflaje se
apostó durante toda la jornada a los costados de la puerta de ingreso
de la sala de audiencias. Y afuera, detrás de las rejas que rodean
al edificio, se plantó otra generosa dotación de uniformados
munidos de bastones y protegidos con cascos y escudos.
Del otro lado de las rejas, sobre la plazoleta de Larroque y Camino Negro,
un millar de manifestantes con gorros de la Corriente Clasista y Combativa,
pancartas y bombos levantaron un palco y permanecieron durante todo el
día reclamando por la libertad de Castells. Habían llegado
al lugar temprano en la mañana, después de marchar encabezados
por el Perro Santillán, y muchos se prepararon para quedarse allí
acampando hasta que termine el juicio.
La acusación contra Castells se fundamenta en dos hechos independientes.
El primero data de marzo del ‘97, cuando al frente de unos 150 desocupados
y jubilados reclamó –según todos los testimonios que
se escucharon ayer, de manera pacífica– alimentos en el supermercado
Disco de Banfield. Por este caso, Castells está acusado de tentativa
de extorsión y un fiscal pidió que se lo condene a cinco
años y dos meses de prisión.
El segundo ocurrió en la víspera de la Navidad de 1998,
en el hipermercado Wal Mart de Avellaneda. Ayer se comenzó a ventilar
el primero de estos hechos.
La estrategia de la defensa de Castells apunta claramente a demostrar
que la detención y el encarcelamiento de Castells fue un acto político
sin ningún fundamento legal, y a impugnar a la vez el sistema judicial
que llevó adelante el proceso.
Convencidos de que la mejor garantía es la difusión pública
de las audiencias orales, y que el resultado de este juicio sentará
un precedente clave sobre las protestas sociales, ayer los hombres de
la Corriente Clasista y Combativa –que Castells integra– no
sólo se ocuparon de que en la puerta de los tribunales hubiera
una multitudinaria manifestación sino que llenaron las primeras
filas de la sala de audiencias con caras públicas.
Además de Santillán, Moyano y De Gennaro, respondieron a
la convocatoria el padre Luis Farinello, el judicial Julio Piumato, el
metalúrgico Francisco “Barba” Gutiérrez y los
legisladores porteños Vilma Ripoll y Jorge Altamira. Unas filas
más atrás se ubicó el penalista León Zimmerman,
en representación de la Coordinadora contra la Represión
Policial y los abogados del Movimiento Justicia y Compromiso de Lomas
de Zamora. Se vio además, mezclados con un público muy humilde,
a Luis Zamora y a varios dirigentes de los jubilados como Carlos Imizcoz
y Antonio Forte.
Castells hizo de su declaración indagatoria un alegato político.
“Soy el único gil que queda preso en un país en que
el que todos los que afanan quedan libres”, proclamó al iniciar
su declaración en la que se autodefinió como “marxista
y revolucionario”, descalificó al tribunal y ala fiscalía
y consideró que la eventual condena o absolución no sería
contra él sino contra la pobreza. Sus allegados aseguran que, como
parte de su estrategia para reafirmar que el proceso “es una farsa”,
el dirigente va a pedirles a sus abogados que se retiren del juicio.
Todos los testimonios escuchados ayer –de funcionarios de gobierno,
policías, encargados de la seguridad del supermercado Disco y empleados
de la firma– fueron coincidentes: en el pedido de comida no hubo
amenazas, violencia, ni agresiones. El supermercado no entregó
alimentos, aunque la gente comió algunas cosas que tomó
de las góndolas. Se retiraron voluntariamente, luego de firmar
un convenio con Defensa Civil por el cual, a partir de entonces y por
varios meses, recibieron bolsas de comida de manera periódica.
La frase más comprometedora fue pronunciada por uno de los agentes
de seguridad de la firma, que dijo que los manifestantes eran un poco
agresivos, pero de palabra. Los policías y el coordinador de Defensa
Civil agregaron que hubo un vidrio roto, aunque no voluntariamente sino
por los apretujones.
“Un
detenido político”
Seguido
por las cámaras de televisión, Raúl Castells
afrontó la primera jornada del juicio oral calificándose
como un “detenido político del menemismo” y descalificando
al tribunal que lo juzga. Reclamó a los jueces Emilio Villamayor,
Jorge Camino y Alejandro Rolón que “no sean profilácticos
de la embajada yanqui” con una eventual sentencia a favor del
hipermercado Wal Mart. Y dedicó un párrafo especial
al presidente del tribunal: “Rolón –dijo, dirigiéndose
al magistrado– cuando usted se jubile va a cobrar 9 mil pesos;
piense en los 101 pesos que cobran miles de jubilados y que padecen
hambre, sufrimiento y dolor”.
En el receso Hugo Moyano, Víctor De Gennaro y Carlos Santillán
coincidieron en rechazar la validez del juicio oral, al que consideraron
como un proceso contra los trabajadores. Otro que acompañó
a Castells de cuerpo presente fue el diputado provincial justicialista
Osvaldo Mércuri. El proceso oral prevé la declaración
de 166 testigos, lo que demandará por lo menos una semana de
audiencias antes de los alegatos y el veredicto. |
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