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Por
Laura Termine
Desde Roma
El
abogado defensor de oficio de los ex generales Carlos Guillermo Suárez
Mason y Santiago Omar Riveros pidió ante una Corte italiana la
absolución de ambos por falta de pruebas y acusó a los defensores
de los familiares de las víctimas de aportar sólo indicios
y sospechas contra los ex militares, imputados en Roma por el asesinato
de siete ciudadanos ítaloargentinos y el secuestro de un bebé,
para quienes el fiscal ya pidió la cadena perpetua.
Durante su alegato, que se extendió por una hora y media, Mario
Scialla aseguró que no existían pruebas contra Riveros y
que sólo había “algunos indicios” contra Suárez
Mason. “Ninguno claro, preciso y concordante”, dijo Scialla,
de 35 años, quien antes de abordar su discurso dejó claro
que su defensa sería técnica y que hubiera preferido no
personificar al abogado del diablo, deber que le tocó por concurso.
Sin embargo, el joven abogado hizo esfuerzos notables, que incluyeron
reconstrucciones parciales de la realidad argentina, las cuales le permitieron
hipotetizar que Luis Fabri y Daniel Ciuffo, dos de las víctimas
de este proceso, habrían podido salir de un centro clandestino
de detención y armarse para morir en un combate contra las fuerzas
de seguridad apenas días después. O que el sindicalista
de astilleros Astarsa Martino Mastinu podía haber corrido una suerte
distinta del resto de sus colegas y haber sido secuestrado y desaparecido
a manos de la patronal o de una fracción gremial disidente de la
suya. “Sobre el caso de Laura Carlotto tenemos más testigos
que aseguraron haberla visto en La Cacha, pero la modalidad de su muerte
nos es desconocida”, señaló Scialla, repitiendo el
mismo argumento en cada uno de los casos.
“No podemos demostrar que Suárez Mason decidía quién
vivía y quién moría; ¿cómo hacemos
para decir que era el mandante?”, se preguntó el defensor,
desestimando la figura jurídica de dolo eventual, propuesta por
el abogado del Estado italiano, Giovanni Piero De Figueredo.
Durante la audiencia de ayer, el abogado de los familiares de las víctimas,
Giancarlo Maniga, acusó a los dos ex generales de dolo directo,
es decir, responsabilidad directa sobre la suerte de las ocho víctimas
de este juicio. Durante su alegato, Maniga comparó a este proceso
con el juicio de Nuremberg y los juicios por los crímenes de la
ex Yugoslavia. Y acusó a los militares argentinos de perpetrar
una limpieza étnica con el robo de niños. “Había
que sacarlos de la influencia nefasta de los padres y llevarlos a una
situación de pureza; ¿qué es eso sino una forma actualizada
de genocidio?”, expresó este abogado, con larga trayectoria
en la defensa de los derechos humanos.
Para liberar de culpas al ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército,
que tenía bajo su jurisdicción todos los centros clandestinos
de la Capital Federal y parte de la provincia de Buenos Aires a partir
del 24 de marzo de 1976, Scialla dijo que los jefes de los campos de torturas
tenían “gran poder de decisión”. Después
realizó una sintética descripción de la Argentina
de aquellos años, habló de terrorismo de derecha y de izquierda
y, olvidando mencionar que los militares argentinos habían hecho
un golpe y tenían el poder del Estado, minimizó el rol de
Suárez Mason en un escenario de violencia generalizada.
Scialla pidió a la Corte no considerar los testimonios de jueces
y ex
fiscales del proceso a las Juntas Militares –como Julio Strassera,
Luis Moreno Ocampo o el juez Carmelo Papalia, que instruyó en Buenos
Aires una causa por el caso Mastinu–, a quienes acusó de ser
“consultores enmascarados” y de brindar a los jurados “la
síntesis de un proceso ya hecho, una realidad preconfeccionada”.
“Este es un proceso político, no pudimos sentir la otra campana;
como hombres, el dolor que producen los testimonios nos traumatiza, pero
la mente debe mantenerse lúcida, nopodemos olvidar la ausencia
de pruebas”, insistió el defensor a los jurados populares
antes de quitarse la toga. Minutos después, Santina Mastinu, la
hermana de Martino, se le acercó como pidiendo clemencia. Scialla
le dijo que la sentencia debía ser justa, pero no parecía
muy convencido. Entre los defensores, las opiniones variaban. “Con
estos criterios podría haber defendido a Adolf Hitler”, dijo
el fiscal enojado. “Fue un alegato inteligente, pero inútil”,
sintetizó el defensor de familiares Marcello Gentili, mientras
el juez Mario D’Andria convocaba a todos para la última audiencia.
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