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Por
Eduardo Videla
Las
topadoras acaban de darle un golpe de nocaut a la historia de Buenos Aires.
El jueves, cuando el paro general ya había comenzado y arreciaba
la lluvia, una máquina arremetió contra la histórica
casona de la familia Millán, una de las fundadoras del barrio de
Flores, considerada como la vivienda más antigua del barrio y una
de las más viejas de la ciudad. La casa, construida en 1829, había
sido considerada como Area de Protección Histórica por una
ley sancionada en la Legislatura el 8 de agosto último. Hoy, es
una masa de escombros de la que sobreviven, apenas, algunas paredes y
tirantes de quebracho. Una orden del gobierno porteño para frenar
la demolición llegó demasiado tarde. Vecinos de Flores iniciaron
una campaña, en un intento por recobrar lo que parece irrecuperable;
piden que se obligue a los dueños a reconstruir la casona, tal
como estaba, y que se sancione a los responsables de la demolición.
“Otra vez, la lógica del mercado le ganó a la memoria”,
decía ayer un vecino de Flores, desde el micrófono de una
radio abierta, instalada justo frente de la demolición. Organizados
por la asociación vecinal “Casa Gabriel del Mazo”, colgaron
frente al predio una enorme tela negra, en señal de duelo por la
pérdida.
La casona sobrevivía, casi oculta entre dos plátanos, al
2476 de la avenida Juan Bautista Alberdi, casi esquina Pedernera. De estilo
colonial, el frente consistía en un antiquísimo portón
de madera rústica –que todavía está en pie–
y dos ventanales enrejados. Construida con enormes ladrillos unidos con
barro para formar paredes de 60 centímetros de ancho, la casa fue
la primera erigida en ese barrio.
 “Fue
en 1829, cuando Ramón Francisco Flores, heredero del Don Juan Diego
Flores –el primer dueño de esas tierras– le encargó
a Antonio Millán que administrara su propiedad: después
de donar una manzana para la construcción de la iglesia y otra
para la plaza, el resto se fue loteando para darle forma al actual barrio
de Flores”, relató a Página/12 la profesora de Historia
Liliana Pruzzo, también vecina del barrio. “Otras tierras
fueron donadas para el asiento de los corrales de abasto y matadero, entre
Bonorino y Camacuá”, agrega el arquitecto José Vázquez.
La casona de Millán fue vendida en 1914 a la familia Lauro, que
le dio la fisonomía actual. Los Lauro fueron sus últimos
dueños: dos ancianas, de 95 años, una de las cuales falleció
hace poco, mientras que la otra estaría internada en un geriátrico
de la localidad de San Miguel.
“Eran dos hermanas, maestras jubiladas, que vivieron aquí
hasta hace cinco años”, dice a este diario Eduardo Jalón
(60 abriles), vecino de Flores de toda la vida, que supo tomar el té
con las dueñas de la casa en una de las salas o en el patio colonial.
“Estar aquí era como retroceder 120 años en el tiempo”,
recuerda don Eduardo, ahora sobre las ruinas de la casa.
El terreno mide 12,80 metros de frente por 50 de fondo, que hacen un total
de 3200 metros cuadrados, “aptos para construir”, según
el cartel de la inmobiliaria Naccarato, tirado entre los escombros. Por
lo que se ve, la construcción ocupó más de la mitad
del terreno. En el fondo hay árboles, un pastizal, muebles antiguos
arrumbados a la intemperie, junto con rejas de hierro y otros trastos.
Según cuentan los vecinos, en los últimos años vivieron
dos mujeres jóvenes que alquilaban la parte anterior de la casa.
Dicen que fue el sobrino de las hermanas Lauro quien puso en venta la
casona, pese a las advertencias sobre la declaración de Patrimonio
Histórico. Por la propiedad, se habrían pagado unos 320.000
pesos.
A mediados de julio, cuando vieron el cartel de venta, los vecinos comenzaron
a movilizarse. El tema se discutió en el Centro de Gestión
y Participación 7, de donde salió la idea de presentar un
recurso de amparo a la Justicia para salvar la casa. Por vía separada
corría el proyecto que la diputada Lilia Saralegui (Frepaso) había
presentado en 1998, y que fue aprobado el 8 de agosto de este año,
el mismo día en que la legisladora terminaba su mandato. No fue
suficiente: la ley, en rigor, era una modificación al Código
de Planeamiento Urbano, que recién entró en vigor el 8 de
noviembre último.
Para ese entonces, Avelino Mariño, maestro mayor de obras y director
del proyecto, había iniciado el expediente para la demolición
de la histórica vivienda. Fue el 2 de noviembre último.
“A partir de que se registra el plano, el trámite está
aprobado”, explicó a Página/12 Norberto D’Andrea,
director de Fiscalización de Obras y Catastro.
Luis Bilancieri, director del CGP 7, denunció que el jueves, cuando
las máquinas devastaban la casona, se comunicó con D’Andrea
y con el director de Planeamiento e Interpretación Urbanística,
Francisco Prati. “Los dos me dijeron que la demolición estaba
aprobada”, aseguró Bilancieri.
D’Andrea fue al lugar recién el viernes 24 –en pleno
paro– a poner la faja de clausura, para suspender preventivamente
la demolición. El funcionario se excusó de brindar mayores
detalles: “El expediente fue girado a la Procuración de la
Ciudad, para que pida los antecedentes sobre el caso y determine el camino
a seguir”, explicó a este diario.
Ayer, según denunciaron los vecinos, no hubo topadoras pero sí
gente trabajando en la obra, que violó la faja de clausura. “Queremos
que sean sancionados los responsables y que se vuelva a construir la casa
como estaba”, sintetizó, en medio de la protesta, Silvia Somenzi,
una antigua vecina del barrio.
Cómo
es la preservación
La
ciudad de Buenos Aires no tiene patrimonios históricos sino
áreas de preservación histórica (APH). Así
quedó escrito en la Constitución que prevé esa
figura para todos los edificios capaces de reunir dos condiciones:
valor histórico y autenticidad. La declaración, según
los especialistas, comienza a partir del pedido del propietario, una
comisión de vecinos o algún legislador y termina con
la doble lectura en la Legislatura. Aunque los especialistas reconocen
el desarrollo de estas áreas en la urbe, hacen una prevención:
los porteños están convencidos de que la declaración
restringe sus derechos de propietarios.
Para la clasificación se toman en cuenta molduras, fachadas,
estructuras y, de acuerdo a la evaluación, el área alcanza
un grado determinado de protección: “Ese grado hará
variar las obligaciones y beneficios de las áreas”, dice
Mónica Guariglio, directora General de Museos de la Ciudad,
para quien se está dando un proceso importante de revalorización
de estos espacios. “Aunque hay también mucho desconocimiento
–advierte– y la gente asocia esta declaración a una
restricción al derecho de la propiedad privada”.
Lo cierto es que esas restricciones existen. La declaración
como APH afecta sobre todo las fachadas de los edificios y, por lo
tanto, impide reformas. “Cualquier modificación –continúa
Guariglio– debe consultarse con Planeamiento.” Sin embargo,
como la norma es sólo declarativa, las infracciones no se penan.
De acuerdo con el grado de preservación alcanzado en la evaluación,
las áreas pueden quedar exentas del pago de impuestos municipales
en forma total o parcial. Además y, aunque aún falte
reglamentarlo, deberían tener acceso a subsidios del Ejecutivo
y a un sistema de mantenimiento provisto por el Estado. |
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Una
cinta por la no violencia a la mujer
Encabezados
por Aníbal Ibarra, secretarios, subsecretarios y directores
del Gobierno porteño y legisladores locales asumieron ayer
un compromiso público de “no ejercer ni consentir que
se ejerza, en ámbitos públicos o privados, cualquier
forma de violencia sobre las mujeres”. A cambio, recibieron
una cinta blanca en el pecho.
La convocatoria fue lanzada por la Defensoría del Pueblo,
la Comisión de la Mujer de la Legislatura y la ONG Mujeres
en Igualdad, en conmemoración del Día Internacional
de la No Violencia hacia las Mujeres que se celebró el sábado
último, con la idea de trasladar el debate de la violencia
del ámbito de las mujeres al de los varones.
Ibarra prometió impulsar campañas y presupuesto para
luchar contra este problema social. Entre otros, acudieron a la
cita los secretarios de Justicia y Seguridad, Facundo Suárez
Lastra; de Desarrollo Económico, Eduardo Hecker; y de Promoción
Social, Daniel Figueroa, además de funcionarios de segunda
y tercera línea, y diputados porteños. Muchos de los
que no pudieron estar presentes enviaron su adhesión.
La Campaña de la Cinta Blanca –así fue bautizado
el evento que se realizó en la Legislatura– nació
en Canadá en 1996 y en los últimos años se
extendió a otros países de Latinoamérica. Esta
fue la primera vez que se hizo en la Argentina y el objetivo de
las organizadoras es replicarlo el año próximo en
otros puntos del país.
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