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Por
Horacio Cecchi
Medio
millar de personas, entre ellas 12 mujeres dominicanas indocumentadas,
todas habitantes del viejo inquilinato de Corrientes 1258, se encontró
ayer, a las 5 de la madrugada, con un ejército de invitados no
deseados golpeando sus puertas con toda la intención de desalojarlos.
Un oficial de justicia, con orden de desalojo y “autorizado a allanar,
violentar cerraduras externas y/o internas, con o sin el auxilio de un
cerrajero”, encabezaba la comisión policial que pondría
fin a un largo proceso de quiebra y remate del edificio. “¡De
acá me sacan muerta!”, gritaba una mujer del 4º piso.
“¡No somos delincuentes! Pagamos nuestro alquiler todos los
meses!”, gritaba otra, de nombre Estela, al borde de una crisis de
nervios, mientras en otro borde, el de un balcón del 2º piso,
del lado externo, Jorge Troncoso amagaba con eternizar la sombra de su
cuerpo sobre el asfalto caliente de la avenida Corrientes, si no accedían
a su pedido: que se detuviera el desalojo. Finalmente, la medida judicial
se postergó. Sólo por unos días.
El edificio de Corrientes 1258 llamó la atención pública
el 1º de octubre pasado, cuando una orden judicial de desalojo fue
resistida con el corte de la avenida. En aquel momento, el Juzgado Comercial
Nº 7, a cargo de Juan Gutiérrez Cabello, decidió la
medida después de tramitar un pedido de quiebra del ex propietario,
Jorge Simón Barcessat, trámite que derivó en un remate
al mejor postor. La resistencia de los habitantes (más de un millar
en aquel momento), postergó la definición.
Por dentro, desde hacía largo tiempo, otro quebranto de distinta
índole que el judicial, avanzaba agónicamente sobre alrededor
de 1200 personas hacinadas en 74 unidades distribuidas en siete pisos.
“Vivo acá desde hace 17 años”, aseguró
Miguel, mozo de un concurrido restaurante céntrico, a Página/12.
“Con Barcessat firmábamos un contrato para entrar. Había
que pagar, a plata de ahora, 500 pesos”.
“Nadie te preguntaba si venías solo o con varias familias
–se sumó Estela Keiser–. Como es tan caro, cada habitación
la ocupaba una familia y el alquiler se dividía”. “A
muchos les seguía dando vivienda pero no por contrato sino con
un convenio de palabra”, dijo Miguel, tocando el punto débil
de los habitantes del inquilinato.
“La administración del edificio estaba a cargo de la empresa
Gandri -sostuvo Mateo Gioanini, líder de la Comisión de
Inquilinos autoconvocada–. Su presidente es José Alfredo Caricato.
Después del pedido de quiebra, hace dos años, vino el remate.
Alguien pagó la seña. Pero después de la quiebra,
Caricato siguió administrando el edificio, cobrando alquileres
y haciendo nuevos contratos”.
De acuerdo con la versión de la Comisión de Inquilinos,
el miércoles pasado se firmó un acta con la Secretaría
de Promoción Social porteña, que extendía el plazo
de desalojo hasta finalizar las clases de los chicos en edad escolar.
“Ayer se nos apareció un ejército de policías
de sorpresa para echarnos sin explicaciones. Nos negamos”, aseguró
Estela.
“Este es un conflicto entre partes privadas en el que intervino un
juez comercial –dijo a este diario el secretario de Promoción
Social, Daniel Figueroa–. El Gobierno es un convidado de piedra.
Lo que hicimos, a pedido de la Justicia, fue intervenir para contener
el estado de necesidad de algunas familias. Para eso, se realizó
un censo para evaluar los ofrecimientos. De acuerdo con los niveles de
ingreso, cantidad de integrantes del grupo familiar y sus necesidades,
se propusieron soluciones: un subsidio de emergencia habitacional que
va de los 150 a los 300 pesos mensuales, durante cuatro meses. Algunas
familias cumplen los requisitos para que en un año se motoricen
los créditos de la Comisión Municipal de la Vivienda. También
se ofrecieron materiales para construcción a aquellos que pudieran
acceder a algún lote de terreno.”
Un grupo de doce mujeres dominicanas, indocumentadas, se transformaba
en el principal escollo para la solución. Los ofrecimientos del
Gobierno estaban dirigidos a todos aquellos que pudieran acreditar documentación.
La intervención del consulado de la República Dominicana
abrió los primeros canales de solución. Por la noche, el
inquilinato de Corrientes 1258 volvía a perderse en la avenida
porteña como un edificio más.
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