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Por
Javier del Pino
Desde Washington
Por
mucho que George W. Bush se declare a sí mismo ganador de las elecciones,
el gobernador de Texas no podrá usar ni las oficinas ni los 5,3
millones de dólares que la administración entrega a los
presidentes electos para facilitarles el proceso de transición.
Aunque la Casa Blanca insiste en su disposición para “ayudar
al sucesor”, la confusión jurídicoelectoral permite
al gobierno de Clinton ignorar los esfuerzos de Bush por solemnizar su
posible victoria con un proceso de transición. Bush ha vuelto a
dejar en manos de su candidato a vicepresidente, Dick Cheney, los trabajos
de preparación de su hipotética etapa presidencial.
El discurso de Bush tras la certificación de datos en Florida se
calculó al milímetro para que llegara a los espectadores
de televisión en horario central del domingo en EE.UU. El escenario
estaba perfectamente construido para dar al candidato republicano la imagen
más presidencial posible, arropado por banderas y ayudado por un
“tele-prompter”.
Para ayudar a Dick Cheney, que acaba de salir de un infarto, en el intento
de forzar los trabajos de transición, Bush ha puesto a su lado
a otro antiguo colaborador de su padre, Andrew Card. Fue secretario de
Transportes y jefe de Gabinete durante la presidencia de Bush padre, cargos
que parece destinado a retomar si el hijo llega a la Casa Blanca. Card
tiene experiencia en transiciones, pero en sentido contrario al que pretende
ahora: dirigió el traspaso de poder de Bush a Clinton en 1992.
Su nombramiento actual puede interpretarse como un gesto de venganza de
la familia Bush hacia el Gobierno de Clinton-Gore.
“He pedido a Cheney –dijo Bush– que trabaje con la administración
del presidente Clinton para poner en marcha una oficina de transición
en Washington.” Pero si Bush quiere abrir esa oficina, tendrá
que pagar él mismo el alquiler. Una ley de 1963 creó un
fondo de 5,3 millones de dólares y unas instalaciones que se ceden
automáticamente al candidato que ha ganado las elecciones. Las
oficinas, situadas en la calle 18 de Washington, muy cerca de la Casa
Blanca, ocupan dos pisos enteros en un edificio amplio; están equipadas
con sistemas informáticos y preparadas para acoger hasta 540 trabajadores.
Las llaves de los despachos –y el fondo de ayuda económica–
están en manos de una agencia federal, la Administración
de Servicios Generales (GSA). Su portavoz, Beth Newburger, ya ha anunciado
que las oficinas seguirán cerradas. “Hasta que no haya un
ganador con certeza, no podemos hacer nada”, dijo Newburger después
de la certificación de los votos en Florida. “Dado que las
dos partes están todavía en los tribunales, creemos que
el resultado aún es incierto”, aseguró.
La agencia se ampara en el texto de la ley para guardarse las llaves y
el dinero. El texto aprobado en el ‘63 incluye expresamente una indicación
para casos como éste: prohíbe a la GSA transferir las instalaciones
y el fondo “cuando las elecciones están dudosas” y obliga
a esperar “un resultado claro”. Este matiz se creó para
evitar que la GSA pudiera inmiscuirse en un enfrentamiento como el que
ahora está en marcha.
Un portavoz del equipo de Bush interpretó esto como una “jugada
política” y aseguró que la mudanza a Washington seguiría
en marcha aunque se le nieguen a Bush los despachos y las ayudas oficiales.
Según ese portavoz, la campaña de Bush no tendrá
ningún problema en “recaudar fondos privados y encontrar oficinas
privadas” para poner en marcha la transición de su líder.
El retraso provoca otro problema administrativo: el FBI tiene que investigar
el pasado de los principales trabajadores contratados por la nueva administración,
que serán entre 3000 y 6000. A medida que se acerca la fecha de
la toma de posesión del futuro presidente –el 20 de enero–
se acortan las posibilidades de que la agencia de información pueda
dar elvisto bueno a muchos de los nuevos empleados; sin esa validación,
el Senado no puede ratificar los nombramientos de los altos cargos.
LA
OPINION PUBLICA ESTA PARTIDA EN DOS EN EE.UU.
Una
casa dividida contra sí misma
Por
J. del P. *
Desde Washington
 
La
certificación de los votos electorales en Florida sólo ha
provocado una ligera inclinación de la opinión pública
a favor de George W. Bush. La encuesta posterior realizada por The Washington
Post y la cadena ABC muestra una imagen sumamente fragmentada en la que
seis de cada diez estadounidenses creen que Al Gore debería aceptar
la victoria de Bush. El margen, según los analistas políticos,
es demasiado pequeño como para que Gore lo interprete como un llamamiento
de la opinión pública. Además, el 35 por ciento de
los encuestados anima a Gore a seguir en la batalla judicial para recuperar
votos perdidos en Florida. Sólo el 26 por ciento de los votantes
demócratas quieren que el vicepresidente abandone la batalla. El
92 por ciento de los republicanos le piden que se retire.
El dato más significativo tal vez sea que de todas las personas
que se muestran partidarias de un final inmediato para la batalla electoral,
sólo cuatro de cada diez tienen confianza en el que el recuento
en Florida ha sido justo y preciso. El resto quiere que el enfrentamiento
termine de una vez, sólo porque están hartos de las prolongaciones
e incertidumbres.
El New York Times, con el título “Certificado pero incompleto”,
lamentó que Bush quiera poner en marcha su transición porque
con ello quiere “obligar al país a saltarse los retos legales
pendientes” que pueden alterar el “recuento incompleto de Florida”.
La perspectiva opuesta es la que muestra el Chicago Tribune en un editorial
que titula “Señor Gore: termine ya”. Asegura que el vicepresidente
ha cruzado la raya entre “la perseverancia y la terquedad por querer
ganar a cualquier precio”. Llega a decir que una victoria de Gore
“estaría manchada y provocaría una profunda división”.
En un terreno intermedio, el Washington Post le concede a Gore una semana
de prórroga hasta que se pronuncie la Corte Suprema. El diario
asegura que ya estaría pidiendo a Gore su retirada si el propio
Bush no hubiera alargado el caso llevándolo a la Corte Suprema
de Washington. Por eso, “ambos candidatos tienen que decir a sus
seguidores que el resultado todavía no es definitivo”. Las
encuestas de opinión pública reflejan el mismo porcentaje
de apoyo a los candidatos que se registraba el día anterior a las
elecciones: 43 por ciento para Bush, 42 por ciento para Gore.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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