|
Por Laura Vales
 Decidido a sostener una defensa
política, en el segundo día del juicio oral que se le sigue
por extorsión Raúl Castells revocó el poder a sus
abogados defensores. El dirigente ya tenía definido hacerlo desde
antes de que empezaran las audiencias, como un gesto pensado para descargar
sobre el Estado toda la responsabilidad de una eventual condena. “Este
proceso es una farsa y una persecución política. Ustedes
tienen una posición tomada”, le dijo al Tribunal al anunciar
que se desprendería de sus abogados. “Que sea el Gobierno
el que diga que nos meten diez años presos por pedir comida”,
agregó después.
El anuncio sorprendió a pocos. Castells se ha definido desde el
primer día de su detención como un “preso político”,
y considerado a los jueces y fiscales que intervinieron en el proceso
como “ejecutores de las políticas de las clases dominantes”.
En los dos años que lleva detenido, recordaban ayer en los tribunales
de Lomas de Zamora, firmó casi todas las notificaciones judiciales
agregando a su nombre la frase “rehén del menemismo”.
En esa línea fundamentó ayer el retiro de sus defensores:
“Este fue un proceso armado por (Carlos) Menem y ejecutado por el
fiscal (Oscar) Acevedo. Como soy pobre me tienen de rehén y permiten
las tropelías de Wal Mart”. Por la tarde, el tribunal designó
a cargo de la representación de Castells al defensor oficial general
Fernando Bueno, quien ahora debe decidir si se ocupa personalmente del
caso o lo deriva a la defensora oficial María Fernanda Mestrin.
Ayer la sala de audiencias donde se lleva a cabo el juicio oral estuvo
a lleno, aunque sin la presencia de los dirigentes sindicales y políticos
que el lunes fueron a manifestar su apoyo al acusado.
El tribunal escuchó a jubilados y pensionados que participaron
en los pedidos de comida a los supermercados Disco y Wal Mart. Carmen
Orellana, de 83 años, sostuvo que en los reclamos no hubo violencia
y que pidieron comida porque tenían hambre. Melba Salazar (pensionada,
con ingresos de 145 pesos mensuales) aseguró que las empresas –entre
ellas Wal Mart– solían entregarles alimentos antes del reclamo
que derivó en la denuncia por extorsión, y que desde que
ocurrió ese episodio, que terminó en la firma de un acuerdo,
el híper les entrega comida todos los meses.
Sobre Castells pesan dos acusaciones. La primera es por tentativa de extorsión
a Disco. En marzo del ‘97 el dirigente entró con un centenar
de manifestantes a la sucursal Banfield de esa firma. Hasta ahora los
testigos, incluso los empleados, la policía y el personal de seguridad,
coincidieron que no hubo violencia ni amenazas, aunque sí dijeron
que los manifestantes advirtieron que no se irían del lugar si
no les daban los alimentos. La empresa no accedió, pero el gobierno
bonaerense envió a un funcionario y se firmó un compromiso
que puso fin al conflicto. En esta causa un fiscal solicitó una
pena de cinco años y tres meses de prisión. Los hechos de
Wal Mart ocurrieron el 23 de diciembre 1998, y esta vez el híper
sí entrego comida, por lo cual la acusación es de “extorsión”.
Las audiencias orales continuarán recién el lunes próximo.
Con el desplazamiento de los abogados de parte, el tribunal decidió
entrar en receso. De esta manera se dará por lo menos un tiempo
mínimo para que los defensores oficiales se interioricen del caso.
REPLICA
DE FERNANDEZ MEIJIDE A EDUARDO MENEM
Con el aval de los riojanos
”Los nuevos programas del
Ministerio de Desarrollo Social han tenido en cuenta la vulnerabilidad
social de los más necesitados de nuestro suelo.” La afirmación
forma parte de una nota que el secretario de Solidaridad Social de La
Rioja, Guido Varas, le envió el mes pasado a Graciela Fernández
Meijide y que la ministra sacó a relucir ayer para refutar las
críticas del senador por esa provincia, Eduardo Menem. “No
existe”, había señalado el riojano acerca de la gestión
de la frepasista.
La carta que Varas remitió a su cartera el pasado 3 de octubre
no fue el único elemento del que se valió Fernández
Meijide para salir al cruce de Menem. Para demostrar la activa presencia
de su Ministerio en territorio riojano, la ministra recordó sus
visitas a esa provincia y dio cuenta de la firma de los principales convenios
de asistencia social que se firmaron con La Rioja, algunos de ellos rubricados
incluso por el gobernador Angel Mazza.
Los planes implementados a partir de esos convenios son, entre otros,
el Vuelta a Casa, destinado a familias que fueron víctimas de las
inundaciones, y los alimentarios Prani y Asoma. La totalidad de programas
del Ministerio de Desarrollo Social aplicados en La Rioja figuran en una
solicitada que aparece publicada en la página 5 de este mismo diario.
Allí se destaca que hasta el 30 de setiembre pasado el Estado transfirió
a La Rioja algo más de 51 millones de pesos para asistencia social.
“Podemos afirmar que no nos sentimos discriminados, ya que desde
la asunción de las autoridades nacionales hemos podido establecer
un diálogo correcto y maduro que nos permitió integrarnos
a través de la acción en cada una de las tareas y objetivos
que se plantea el Ministerio”, señala la carta que Varas le
remitió en su momento y que vino a constituir la mejor arma de
respuesta de Fernández Meijide a las críticas que recibió
de parte de Menem.
En aquel texto, el responsable del área social del gobierno riojano
enfatizó también que “desde el esfuerzo y el trabajo
concreto en la realidad hemos construido una relación que trasciende
las fronteras partidarias” y que “no nos sentimos discriminados,
ya que desde la asunción de las autoridades nacionales hemos podido
establecer un diálogo correcto y maduro que nos permitió
integrarnos a través de la acción en cada una de las tareas
y objetivos que se plantea el Ministerio”.
|
