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Por D. S.
 Fernando De la Rúa firmará
hoy la reglamentación del decreto de desregulación del sistema
de salud que habilita la libre competencia entre las obras sociales sindicales
y las empresas de medicina prepaga. El Presidente decidió avanzar
con la iniciativa que ayer generó revuelo en todo el arco sindical,
desde donde se cocina a fuego lento la convocatoria a una marcha y a un
nuevo paro general.
El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, le dio anoche los últimos
retoques al decreto 466 firmado en junio por el ahora ex vicepresidente
Carlos “Chacho” Alvarez, ya que en ese momento De la Rúa
se encontraba de gira en Europa. Los principales aspectos de la iniciativa
son:
 A partir del 1º de enero
de 2001, los beneficiarios de obras sociales sindicales no sólo
podrán optar por otra obra social sindical sino que también
tendrán la posibilidad de traspasarse a una obra social de dirección
o a una empresa de medicina prepaga.
Como sucede en las Aseguradoras
de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), los beneficiarios
podrán realizar, como máximo, un traspaso por año.
El PAMI y las Fuerzas Armadas
quedarán al margen del sistema de libre elección.
Todas las entidades que participen
de la libre competencia deberán aceptar a cualquier trabajador
como beneficiario, más allá del sueldo que perciba.
En todos los casos, las entidades
deberán garantizar una prestación básica –denominada
Prestación Médica Obligatoria (PMO)– a cambio de un
mínimo de 20 pesos per cápita. Muchas empresas de medicina
prepaga amenazan con desistir de participar de la desregulación,
ya que consideran que 20 pesos es un piso muy bajo para brindar una cobertura
básica.
Un fondo compensador –que
ya funciona bajo el nombre de Fondo de Redistribución Solidaria
y que se financia con el 10 por ciento del aporte de todos los beneficiarios
del sistema– se encargará de asegurar ese piso de 20 pesos
de aporte, al que muchos trabajadores de sueldos bajos no llegan.
De ese mismo fondo se extraerá
1 peso por cada beneficiario para garantizar las prestaciones de alta
complejidad, como los trasplantes y tratamientos de sida, entre otros.
Los sindicalistas aseguran que la AFIP no cuenta todavía con padrones
confiables como para saber exactamente el dinero que se deberá
extractar.
Aquellas personas que se incorporen
al mercado laboral, o vuelvan a trabajar luego de más de un año
de inactividad, serán afiliadas automáticamente a la obra
social afín a la actividad que desarrollen. Allí deberá
estar obligatoriamente durante 6 meses antes de quedar habilitadas para
optar por otra. En este aspecto se hizo lugar a un reclamo de la CGT,
que denunció que las empresas imponen a los trabajadores el destino
del aporte de 9 puntos de su sueldo, conformado por 3 puntos del trabajador
y 5 del empleador.
Los sindicalistas aseguran que la desregulación es en verdad una
lisa y llana “privatización” del sistema por la que viene
pregonando desde hace años el Fondo Monetario Internacional.
Una de las objeciones que más se ha escuchado de boca de la cúpula
de la CGT es sobre la “falta de garantía de cobertura”
frente a los altos índices de evasión, estimados en un 42
por ciento. En otras palabras, sostiene que hoy en día, cuando
una empresa no realiza los aportes de sus empleados, las obras sociales
de todos modos aseguran la cobertura de esos trabajadores. En cambio,
sostienen que las prepagas se manejarán como cualquier empresa:
si no hay dinero, no hay atención.
Desde la otra vereda, el Gobierno cree que la resistencia al cambio obedece
a la necesidad de los jefes sindicales de preservar las llamadas “cajas”
o, dicho de otro modo, el dinero que si bien debería utilizarse
para prestaciones de salud muchas veces es desviado para otros menesteres.
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Ladina, “en rebeldía”
La jueza Mónica Berdión de Crudo dictó ayer
el procesamiento con prisión preventiva al dirigente de la
seccional porteña de la UOCRA José Corbalán
por presunta “extorsión” y declaró además
en rebeldía a Juan Ladina, ex secretario general adjunto
del gremio de la construcción y uno de los principales sospechados
en la causa que investiga supuestos pedidos de sobornos a empresas
constructoras por parte de los sindicalistas. Ladina permanece prófugo
junto con otros tres miembros de la conducción de la UOCRA-Capital:
Juan Albani, Lucas Ayarde y Juan Segura. Además del procesamiento
y la prisión preventiva, Berdión de Crudo ordenó
el embargo de los bienes de Corbalán por 100 mil pesos. La
causa comenzó a raíz de una cámara oculta de
“Telenoche Investiga” y en su trámite aparece también
involucrado el titular del gremio y actual diputado Gerardo Martínez.
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LA
REUNION DE LOS GORDOS Y LOS REBELDES
Marcha y paro, en gateras
Una marcha y un
paro general es la respuesta que la CGT oficial barajó ayer para
enfrentar el decreto de desregulación del sistema de obras sociales
que firmará durante esta jornada el presidente Fernando de la Rúa.
Así lo ratificaron a Página/12 dirigentes de esa central
sindical que intentaron en vano frenar la iniciativa.
De no haber cambios de último momento, la respuesta de Rodolfo
Daer y compañía será una marcha al Ministerio de
Economía y la realización de un paro general durante diciembre.
La modalidad de la protesta fue discutida ayer en la sede del gremio de
peones de taxis con los representantes de la CGT rebelde que encabeza
Hugo Moyano, aunque todavía no llegaron a un acuerdo.
El sector combativo planteó sus dudas sobre la manera de enfrentar
públicamente y mediáticamente la desregulación de
obras sociales. No porque estén de acuerdo con la propuesta oficial.
En eso no hay diferencias entre los sindicalistas “gordos” y
los “rebeldes”. Pero sospechan que el Gobierno corre con ventajas
en este tema puntual respecto de otros, como la reforma previsional.
“Si hacemos una protesta van a decir que lo único que queremos
es defender las cajas de las obras sociales, que sólo nos movemos
por la plata y ahí la gente nos va a dar vuelta la cara”,
aseguró a Página/12 un conspicuo dirigente de la CGT rebelde.
No estuvo lejos de la verdad si se toma en cuenta la respuesta de Patricia
Bullrich ante las amenazas de nuevas protestas, ahora con el argumento
de la desregulación. “Demostraría que el paro responde
a otros intereses y no a lo que se dijo en los últimos días”,
dijo estratégicamente la ministra de Trabajo.
Los más enfurecidos son los dirigentes de la CGT oficial, justamente
quienes habían logrado una mejor relación con la funcionaria.
No es para menos: fueron innumerables las reuniones furtivas de Daer con
miembros del gabinete para frenar la desregulación.
Moyano directamente rompió el diálogo con Bullrich desde
que se cruzaron con dureza en el programa de Mariano Grondona, el jueves
pasado. La comunicación se mantendrá cortada al menos durante
una semana ya que el dirigente de los camioneros viajó ayer a Inglaterra
para participar de un encuentro internacional de los gremios del transporte.
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