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 Los abogados de los presos de
La Tablada solicitaron formalmente que, “con carácter urgente”,
el presidente Fernando de la Rúa decretara el indulto o la conmutación
de penas para sus defendidos. Martha Fernández y Rodolfo Yanzón,
acompañados de representantes de organismos de derechos humanos
e intelectuales, se reunieron con la subsecretaria de Derechos Humanos,
Diana Conti, y el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, y les entregaron
una carta para el Presidente. “Le giramos la solicitud al ministro
de Justicia. Se le va a dar trámite, pero la postura del Gobierno
no se ha modificado: es no al indulto ni a la conmutación de penas”,
declaró Conti a Página/12.
Durante la entrevista estuvieron presentes, entre otros, los abogados
Luis Zamora y Juan Carlos Capurro; los escritores Osvaldo Bayer, León
Rozitchner y Vicente Zito Lema; el pintor León Ferrari; Nora Cortiñas,
de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y Adolfo Pérez
Esquivel, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj). La comitiva planteó
a los funcionarios que sólo del Ejecutivo puede llegar la solución
para los detenidos de Tablada y dejó claro que un gesto político
es “lo único que puede hacer que los presos levanten la huelga
de hambre” que mantienen desde hace más de ochenta días.
Cruchaga reconoció la deuda del Gobierno para adecuar la legislación
a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) pero reiteró que se va a insistir con la sanción
de una ley en el Congreso, lo que fue rechazado por los presentes. Por
otro lado, un funcionario del Ministerio de Justicia aceptó que,
si los diputados siguen ignorando el tema, se podría evaluar que
la norma saliera por decreto.
En la extensa carta que presentaron los abogados –en la que hasta
hay una cita de un libro del ministro Jorge de la Rúa– se
describen los argumentos judiciales que fundamentan la solicitud del indulto
o conmutación de penas para todos los detenidos, incluidos Enrique
Gorriarán Merlo y Ana María Sívori. “Si bien
ellos tuvieron acceso al recurso de casación, la Cámara
de San Martín aplicó el principio de ‘cosa juzgada’
sobre la totalidad de los hechos en base a la sentencia de 1989”,
se explica en el papel. Allí también se recuerda que ante
un informe de la CIDH el ex presidente Carlos Menem redujo la pena de
Guillermo Maqueda, detenido en 1990 por la toma del cuartel.
POR
FALTA DE QUORUM FRACASO LA SESION EN LA MAGISTRATURA
Al juez Liporaci le devuelven favores
Por Irina Hauser
La ausencia de los dos menemistas
de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura
obligó a levantar la reunión en la que se iba a tratar la
citación del juez Carlos Liporaci –el que investiga los supuestos
sobornos en el Senado– para que dé explicaciones sobre el
incremento de su fortuna. A su vez, Liporaci presentó un pedido
de recusación contra los dos consejeros que elaboraron un dictamen
en su contra que lo colocaría en la antesala de su destitución.
Mañana habrá una reunión extraordinaria en la que,
a pesar de las postergaciones, se resolvería convocar al magistrado
para la segunda semana de diciembre.
Los consejeros Miguel Pichetto y Lelia Chaya faltaron a la cita alegando
que, como diputados, debían asistir a la sesión de la Cámara
en la que se trataría el Presupuesto. “Están dilatando
el tema para devolver favores que el menemismo le debe a Liporaci y dejarnos
a todos pegados con él”, protestaban dos funcionarios del
Consejo. Pichetto dijo a este diario: “Ya habíamos avisado
que no iríamos, no hay ninguna actitud obstruccionista”.
Es la segunda vez que se suspende el tratamiento del caso de supuesto
enriquecimiento ilícito del juez, a pesar de que la mayoría
de los integrantes de la acusación creen que las pruebas reunidas
comprometen a Liporaci. La semana pasada el titular de la comisión,
Pablo Fernández (Alianza), pidió que se discutiera sobre
tablas el dictamen que él y Fermín Garrote habían
presentado pidiendo que se citara urgente al magistrado, dadas las “inexactitudes,
omisiones y contradicciones” en relación al patrimonio que
había declarado, los ingresos familiares y sus gastos. La pesquisa
de la Magistratura fue promovida por los consejeros Juan Gersenobitz y
Eduardo Orio a raíz de una nota periodística que decía
que Liporaci había comprado una casa por 1,5 millón de dólares.
Liporaci presentó una recusación contra Fernández
y Garrote acusándolos de tener “enemistad manifiesta contra
mi persona” y de buscar “a través del tratamiento de
esta causa una notoriedad mediática incompatible con los cargos
que ostentan”. El texto pide que se declare la “invalidez del
dictamen” que propone citarlo y al que califica de “libelo”.
Lo más probable es que la comisión rechace el planteo. Para
mañana el quórum estaría garantizado, ya que se sumará
el diputado Carlos Maestro (Alianza), quien asumirá hoy en reemplazo
de Melchor Cruchaga. También estaría asegurada una mayoría
para citar a Liporaci el 7 o 12 de diciembre. Será un día
clave en el camino a su posible juicio político.
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