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Por Javier Lorca
 Sin rastros del polémico
Plan Caputo, la primera ley nacional de Ciencia y Tecnología tiene
dictamen favorable en las comisiones de Ciencia y de Educación
de Diputados, además de una casi segura sanción en Senadores.
El proyecto, que fue consensuado por todas las fuerzas políticas,
impulsa una articulación entre los diversos organismos de investigación,
incluidas las universidades; prevé el desarrollo de planes nacionales
sobre los que girarán las políticas científicas;
propone crear un Registro Nacional de Investigadores; pretende jerarquizar
a la carrera científica otorgando una “distinción”;
y contempla un aumento del 20 por ciento anual de los recursos del sector
a partir de 2002. Es justamente esta última cuestión la
que encontrará obstáculos en el Congreso.
“Lo más importante es que se trata de una ley. Hasta ahora
la ciencia sólo tenía decretos superpuestos. Va a ser la
primera vez que se da carácter legal a organismos fundamentales
como el Conicet y todos los demás”, celebró, en diálogo
con Página/12, la diputada Adriana Puiggrós (Alianza), presidenta
de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Para confeccionar este proyecto, los diputados tomaron otro que ya había
sido aprobado por el Senado y cuya autoría corresponde a Humberto
Salum (UCR) y otros senadores. A esa propuesta se le sumaron las de diputados
de la Alianza y del PJ, además de los aportes prestados por los
propios científicos en dos audiencias públicas. Después
del fracaso del Plan Caputo y tras dos meses de discusión, los
diputados aprobaron anteanoche, por unanimidad, el proyecto de ley. Como
los senadores autores del proyecto original participaron de la discusión,
se descuenta que la media sanción del Senado será ratificada.
Así, el único obstáculo que quedaría es la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que podrá
tratar el proyecto este año o en marzo. La ley propuesta contempla
que el Estado, como responsable primario del financiamiento de las actividades
de investigación “arbitrará los medios para garantizar
incrementos anuales sucesivos y acumulativos no inferiores al 20 por ciento
anual para la Función Ciencia y Técnica, a partir del presupuesto
correspondiente al año 2002”. Y, a partir de 2006, la inversión
“no podrá ser inferior al equivalente al 1 por ciento del
PBI”. La norma también contempla que formarán parte
del financiamiento las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, las empresas
privadas, organismos no gubernamentales, y aportes públicos o privados
externos. “Todos los bloques defendemos esto porque no contradice
el pacto que acaban de firmar el Gobierno y las provincias para congelar
el gasto. La ley no pretende que se aumente el presupuesto total, sino
que las partidas para aumentarle a la ciencia surjan de una redistribución
de los recursos”, se atajó Puiggrós.
Las principales novedades que aporta el proyecto son:
 El sistema de Ciencia y Tecnología
deberá “estructurarse en forma de red, posibilitando el funcionamiento
interactivo, coordinado y flexible” de órganos políticos
de asesoramiento, planificación, articulación, ejecución
y evaluación; las universidades; entidades públicas y privadas.
Una nueva figura será
el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. “Será
el instrumento central de la política de ciencia y tecnología
y tendrá como bases para su diseño: el establecimiento de
líneas estratégicas; la fijación de prioridades;
el diseño y desarrollo de programas nacionales, sectoriales, regionales
y especiales.” Puiggrós detalló que los planes podrán
ser anuales o más prolongados y que “deberán salir
por acuerdo del Congreso, no por los caprichos de un funcionario”.
La ley hace hincapié
en la evaluación de la actividad científica (programas,
laboratorios) y de los propios investigadores por parte del Estado.
Para “cohesionar y jerarquizar”
a los científicos, se indica que el Estado deberá “promover
la articulación, vinculación, complementación ymovilidad
horizontal de los investigadores/as; generar el Registro Nacional de Científicos
y Tecnólogos; e instituir la distinción Investigador de
la Nación Argentina”.
Se crearán dos nuevos
órganos: el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología
(con autoridades del Conicet, la Cnea, el Inta y otros entes; y un rector
de universidad nacional de cada región del país) y la Comisión
Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(con personalidades destacadas de los diferentes actores del sistema).
Aunque ya existen, algunos
órganos cobrarán fuerza al ser reconocidos por ley. Será
el caso del Gabinete Científico y Tecnológico (a cargo de
la Jefatura de Gabinete); el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología
e Innovación (con funcionarios de los gobiernos provinciales y
porteño); y la Agencia Nacional de Promoción Científica,
que deberá conseguir y administrar fondos de distintas fuentes.
También seguirá funcionando la Secretaría para la
Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, hoy a
cargo de Dante Caputo.
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