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Por Diego Schurman
 Poco antes de emprender su
gira por México, Fernando de la Rúa firmó anoche
la reglamentación del decreto de desregulación del sistema
de salud, que habilita la libre competencia entre las obras sociales sindicales,
las de dirección y las empresas de medicina prepagas. El Presidente
abrió de esta manera un frente de tormenta con la CGT, que en los
próximos días anunciará medidas de fuerza.
De la Rúa recibió el texto de manos del jefe de Gabinete,
Chrystian Colombo. La reglamentación se hizo en base a un decreto
firmado a mitad de año por el ahora ex vicepresidente, Carlos “Chacho”
Alvarez, ya que en ese momento De la Rúa se encontraba en Europa.
La CGT oficial intentó torcer la decisión. Pero fue en vano.
Representantes sindicales mantuvieron un encuentro con Colombo y el ministro
de Salud, Héctor Lombardo. A la cumbre también fue invitado
el superintendente de Servicios de Salud, Rubén Cano.
Los gremialistas no sólo pretenden frenar el decreto sino que además
pelean por una deuda que mantiene esa cartera –a través del
Fondo de Redistribución Solidaria– por los tratamientos de
alta complejidad, y que estiman en 200 millones de pesos. A ese monto
le suman 500 mil dólares que el Estado le adeuda al Fondo, y que
es dinero perteneciente a las obras sociales y al PAMI.
La discusión por estas deudas proseguirá en los próximos
días. En cambio, los funcionarios advirtieron que no habrá
marcha atrás en la desregulación del sistema de salud, a
pesar de la amenaza de un nuevo paro general que blandieron los sindicalistas.
Los principales aspectos del decreto, que tal como adelantó Página/12
De la Rúa firmó ayer, son:
 A partir del 1º de enero
de 2001, las empresas de medicina prepaga estarán habilitadas para
adherir al sistema de obras sociales y competir con las entidades sindicales
y de personal de dirección por un mercado de más de 11 millones
de beneficiarios y que mueve 4 mil millones de pesos anuales.
Los beneficiarios del sistema
estarán autorizados a traspasar de una prestadora a otra una vez
al año como máximo.
El PAMI y las Fuerzas Armadas
quedarán al margen del sistema.
Todas las entidades estarán
obligadas a aceptar a cualquier trabajador como beneficiario. Y deberán
garantizar una prestación básica –denominada Prestación
Médica Obligatoria (PMO)– a cambio de un mínimo de
20 pesos per cápita.
Un fondo compensador –el
conflictivo Fondo de Redistribución Solidario, y que se financia
con el 10 por ciento del aporte de todos los beneficiarios del sistema–
se encargará de asegurar ese piso de 20 pesos de aporte, al que
muchos trabajadores de sueldos bajos no llegan.
Con un aporte adicional, por
afuera de los 9 puntos que se deducen de su sueldo –3 que aporta
el trabajador y 5 el empleador–, los beneficiarios podrán
obtener prestaciones complementarias.
Del Fondo de Redistribución
Solidaria se extraerá 1 peso por cada beneficiario para garantizar
las prestaciones de alta complejidad, como los trasplantes y los tratamientos
de sida, entre otros. Los sindicalistas aseguran que la AFIP no cuenta
todavía con padrones confiables como para saber exactamente el
dinero que deberá extractar. Y, además, aseguran que con
ese peso no alcanzará para cubrir la demanda de tratamientos de
alta complejidad.
Aquellas personas que se incorporen
al mercado laboral serán afiliados automáticamente a la
obra social afín a la actividad que desarrollarán. Allí
deberán estar obligatoriamente durante 6 meses antes de quedar
habilitados para optar por otra. La CGT pedía extender esa obligatoriedad
a un año.
RUCKAUF
ANUNCIO SU PROPIO PLAN DE OBRAS
“Al Gobierno le falta algo de ritmo”
Por Fernando Almirón
El gobernador Carlos Ruckauf
dijo ayer que a la gestión del presidente Fernando de la Rúa
“le falta algo de ritmo”. La frase –como todas las que
dice en público el bonaerense– no fue inocente: acababa de
anunciar un plan de inversión de mil millones de pesos destinados
a realizar obras públicas en los próximos tres años.
Ruckauf, adepto a las comparaciones, colocó sobre la mesa tres
piezas con las que busca diferenciarse del gobierno nacional y posicionar
su imagen presidencial. Reivindicó a Nicolás Gallo, el despedido
ministro de Infraestructura del gabinete aliancista. Asimiló al
abogado Luis Moreno Ocampo al contratar sus servicios como garante de
la transparencia en el manejo de los fondos del proyecto. Y se lanzó
a pelear, en la interna por la candidatura presidencial con su par José
Manuel de la Sota, en el andarivel que mejor difunde el cordobés:
el de la gestión y las realizaciones administrativas. Ruckauf dijo
que su plan de reactivación generará 200 mil puestos de
trabajo de un solo golpe.
Ruckauf necesitaba dotar de contenido a su permanente prédica mediática
y dar una muestra efectiva de lo que él denomina como “el
plan alternativo de gobierno”, con el que afirma contar. Así
puso a su gente a trabajar en un proyecto que reconoce su inspiración
en el plan elaborado por Gallo durante su efímera gestión
al frente del Ministerio de Infraestructura de la Nación.
Gallo siempre mantuvo una excelente relación con el ministro de
Obras Públicas de la provincia, Julián Domínguez,
que tuvo a su cargo la elaboración del plan de obras públicas
que Ruckauf presentó ayer en el hotel Panamericano ante un centenar
de influyentes empresarios y una selección de funcionarios provinciales.
“Sabíamos que había una deuda en la gestión
de Ruckauf que debíamos saldar”, confesó un miembro
del entorno del bonaerense a Página/12. La misma fuente reconoció
el nerviosismo del mandatario provincial ante la difusión que hacía
el cordobés De la Sota sobre los resultados de las medidas instrumentadas
en su distrito, las que le otorgaban cierta ventaja en su imagen como
gobernante respecto de los demás aspirantes a la candidatura presidencial,
Ruckauf entre ellos.
Con el anuncio de ayer, el gobernador bonaerense intentará otorgarle
color a un mandato que hasta ahora no encendió mayores luces que
brillen en la provincia de Buenos Aires. Levantar murallas en los flancos
débiles de su gestión mediante un plan que promete trabajo
y reactivación de los sectores productivos de la provincia, y contar
con un argumento concreto que le permita sostener su permanente presión
sobre el gobierno aliancista, ahora de la mano de un ex colaborador de
De la Rúa.
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