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 El Gobierno recibirá
2000 millones de dólares en los próximos días, de
parte del FMI, una operación que le evitará salir a buscar
financiamiento en el mercado internacional, que le está vedado.
“Queremos dar una fuerte señal a los mercados de que el blindaje
es un hecho”, dijo anoche a Página/12 un miembro del equipo
económico, al explicar la razón del acuerdo al que Economía
llegó con el Fondo Monetario. Por la mañana, en declaraciones
radiales, Machinea dio un mensaje en el mismo sentido. “El blindaje
será una realidad antes de lo que algunos suponían”,
apuntó. “Vamos a tener el acuerdo con el Fondo seguramente
de aquí a una semana, y los desembolsos comenzarán efectivamente
antes de fin de año”, aseguró.
Aunque en Economía aseguran que esos 2000 millones formarán
parte de la primera etapa del “operativo blindaje”, lo cierto
es que ese monto ya estaba incluido en el acuerdo stand by firmado con
el Fondo Monetario a principios de este año, el cual contempla
desembolsos trimestrales. Como hasta ahora la Argentina no hizo uso de
ese dinero, se acumularon 2000 millones que en diciembre servirán
para evitarle a José Luis Machinea buscar fondos en los mercados
pagando tasas de interés altas. Con este aporte en efectivo, a
Economía sólo le restará salir a la plaza local para
colocar Letras del Tesoro para cerrar las necesidades de financiamiento
de este año.
El monto global que tendrá el blindaje financiero recién
se conocerá “el 11 o el 12 de diciembre”, apuntó
Miguel Bein. El secretario de Programación Económica se
excusó de brindar precisiones sobre la operación, y se limitó
a especificar que “el aporte cubrirá las necesidades financieras
que tiene la Argentina para el año que viene”. En total, para
el próximo año, la Argentina precisa unos 21.500 millones
de dólares para cumplir con los pagos de la deuda.
Según pudo saber este diario, el FMI aportará en total 14.000
millones. Algo más de la mitad, 7400 millones, están incluidos
en el stand by. El resto formarán parte de la denominada “Línea
de Reservas Suplementarias”, que el organismo internacional instrumenta
para los casos de suma emergencia. De hecho, hasta ahora se habilitaron
apenas en un par de ocasiones (cuando estallaron las crisis en Corea del
Sur y en Brasil), pero nunca antes las había utilizado como medida
precautoria ante un posible estallido económico.
Una alta fuente de Economía aseguró a Página/12 que
la negociación con el FMI ya está prácticamente terminada,
y que sólo queda definir el monto del segundo desembolso en efectivo,
que podría ascender a otros 3000 o 4000 millones de dólares.
En este contexto, las acciones líderes se anotaron una suba del
1 por ciento, y los bonos Brady avanzaron hasta 0,9 por ciento, como fue
el caso del FRB.
Por lo pronto, en medio de la crisis y la incertidumbre, el equipo económico
transita estas jornadas aludiendo al decisivo respaldo que la Argentina
recibirá de los organismos internacionales. Machinea sabe que se
está jugando una carta decisiva para, al fin, encarrilar el rumbo
económico. Aunque, mientras tanto, siguen ofreciendo distintas
versiones sobre los males que aquejan a la Argentina. “La complicada
situación financiera por la que atraviesa el país se debe
a la crisis que se registra en países como Turquía y Bulgaria”,
sentenció ayer Miguel Bein. Y añadió: “Aunque
parezca mentira, la situación registrada en estos lugares afectó
a todos los mercados emergentes”, entre los que se incluye a la Argentina.
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Teresa mira los detalles
La principal negociación pendiente entre el Gobierno y
el Fondo Monetario Internacional pasa por la reforma previsional.
La jefa de la misión del organismo, Teresa Ter Minassian,
empezó a discutir ayer sobre el tema, en su primer día
en Buenos Aires, con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo. El
FMI aprueba el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, pero la
resistencia de los diputados de la Alianza a aprobarlo tal como
fue redactado –e incluso a votarlo, por parte de los legisladores
del Frepaso– obliga a estudiar alternativas. El Gobierno quiere
testear hasta adónde está dispuesto a ceder el organismo.
Es decir, si se dará por satisfecho sólo con algún
gesto del Congreso, como podría ser el dictamen de la Comisión
de Previsión de Diputados, o exigirá la aprobación
del proyecto en ambas Cámaras para conceder el préstamo
de blindaje. Más allá de encarar esa negociación,
hacia afuera el Gobierno seguirá insistiendo en que sin la
sanción de la reforma habrá problemas para conseguir
el crédito. Lo cierto es que el préstamo ya fue aprobado
por las autoridades del FMI a principios de mes. Uno de los principales
miembros del equipo económico reconoció a Página/12
que “el crédito de asistencia, su monto y las características
centrales quedaron definidos cuando Mario Vicens (secretario de
Hacienda) viajó a Washington a principios de mes”. “También
se definió que la contrapartida del préstamo son el
pacto fiscal con las provincias, la reforma previsional, la desregulación
de las obras sociales y la aprobación del Presupuesto 2001”,
agregó.
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ECONOMIA
RECIBIO LAS QUEJAS DE LOS RURALISTAS
“Queremos una política integral”
Luego del paro
llevado adelante durante octubre, las entidades agropecuarias volvieron
a reunirse con el Gobierno y acordaron un ámbito de discusión
para una política integral. Lejos de los cuatro puntos demandados
durante la medida de fuerza –eliminación del impuesto a los
intereses y a la renta presunta, baja en el impuesto a los combustibles
y que la tierra quede fuera del gravamen a los bienes personales–
Coninagro, FAA y CRA, a las que se sumó la más flexible
Sociedad Rural, se conformaron con “la mejor predisposición
que ahora muestra el Gobierno, quien antes se limitaba a decir que no
se podía”. En tanto, Fernando de la Rúa firmó
el decreto que declara la emergencia hídrica para las provincias
de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, que suspende los
vencimientos de deudas bancarias y con el fisco de los productores afectados.
En diálogo con Página/12, el vicepresidente de Coninagro,
Mario Raiteri, consideró que la reunión permitió
“que la situación se descomprima después del paro”.
“Las tres entidades que llevamos adelante la medida vamos a seguir
trabajando en un documento conjunto que proponga una política integral
para el sector”, sostuvo. Lejos del lenguaje combativo esgrimido
contra el modelo durante las jornadas de protesta, Raiteri dijo que esperan
del Gobierno políticas más activas. El dirigente dio algunos
ejemplos, como la conformación de fondos para la promoción
de las exportaciones y para estabilizar precios, los que serían
“integrados con aportes de los propios productores y gestionados
por ellos; al Estado sólo le correspondería su fiscalización.
Sin embargo, la demanda más concreta estuvo centrada en la creación
de un fondo anticrisis de alrededor de mil millones de pesos. La viabilidad
de este fondo fue descartada por Economía, quien contraofertó
con la creación de una “mesa de trabajo”.
De la reunión mantenida con el ministro José Luis Machinea
participaron también los secretarios de Agricultura, Antonio Berhongaray
y de Planificación Económica y Regional, Miguel Bein. El
jefe de Gabinete, Chrystian Colombo se hizo presente al comienzo del encuentro
y manifestó la voluntad de diálogo del Gobierno.
Entre las pocas respuestas obtenidas, los productores agropecuarios se
llevaron la promesa de que el impuesto a los intereses sería eliminado
a principios del 2002. El tema del precio del gasoil quedó en punto
muerto, aunque Economía prometió rever su política
acerca del “biodiésel”, un combustible de menor precio
y calidad rechazado por los productores. Sin embargo, Raiteri se mostró
conforme con la nueva actitud del Gobierno. “Como productor, desde
el momento que siembro soy optimista”, concluyó.
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