LA CAMARA BAJA AVANZA EN UNA LENTA VOTACION DEL PRESUPUESTO
Discursos y peleas en la madrugada

El tratamiento en particular comenzó a la tarde y continuaba a la medianoche. Los diputados rechazaron la limitación del aporte a los partidos políticos y una partida que beneficiaba a Eurnekian. Como el yogur y la gaseosa sobre la mesa de un legislador, el presupuesto terminó siendo “light”.

Por Cledis Candelaresi

Esta madrugada Diputados se aprestaba a dar media sanción al proyecto de Presupuesto, cuya transformación en ley es una de las condiciones para acceder al blindaje financiero. El proyecto, que aún debe pasar el filtro del Senado, intenta a través de uno de sus últimos artículos sincerar las dificultades fiscales que afronta el Gobierno, modificando la ley de Convertibilidad Fiscal. Antes de considerar este añadido, los legisladores protagonizaron dos acalorados debates: uno terminó impidiendo que el Poder Ejecutivo limitara a 1 peso por voto el financiamiento a los partidos políticos; el otro bloqueó la posibilidad de que el Estado haga el año próximo algún pago al concesionario nacional de los aeropuertos, grupo presidido por Eduardo Eurnekian.
En la madrugada del miércoles Diputados aprobó en general el proyecto, que a primera hora de la tarde comenzó a analizar en particular, votando a favor de muchas de las modificaciones ya previstas por el Gobierno. Entre ellas, la que prevé un déficit de casi 7000 millones de pesos para el ejercicio 2001, superior al que José Luis Machinea había estimado originalmente. Para no violar la ley de Convertibilidad Fiscal, el oficialismo llevó al recinto un artículo que admite una brecha de hasta 7 mil millones para el año próximo y que decrece gradualmente hasta desaparecer en el 2005.
Producto del acuerdo con los gobernadores, Economía accedió a mantener los subsidios a los combustibles patagónicos y al tabaco, cambios que también avaló la oposición. La primera subvención convalidada fue la que beneficiará al consumo del gas: para el año próximo el Estado pagará a la distribuidora sureña 100 millones de pesos como complemento del precio. La subvención a las tabacaleras, que José Luis Machinea admitió mantener en 186 millones de pesos, terminó trabando la sesión tras un planteo de Marcelo López Arias. El justicialista salteño se resistió a que la recaudación por encima de esa cifra quede indisponible, tal como propuso Economía, por temor a que ese dinero adicional (se estima que el año próximo estarían en juego unos 20 millones) nunca llegue a los productores. El temor se disipó con un añadido: ese dinero no podrá ser tocado por Machinea y se sumará a la partida del año próximo.
Entre los primeros puntos que encendieron el debate estuvo el que otorga a la Jefatura de Gabinete sólidas atribuciones para modificar el presupuesto, sin tener que sujetarse a las disposiciones de la ley de Administración Financiera. Esta norma establece una serie de restricciones para los administradores públicos, entre otras, la que impide deshacerse de bienes de capital para pagar gastos corrientes. Pero, finalmente, tanto ésta como otras facultades –por ejemplo, la que le permitirá a ese funcionario reestructurar a voluntad el Estado nacional– fueron convalidadas, de modo tal que Chrystian Colombo quedará con las manos libres para una reorganización amplia, que incluya la prometida eliminación de organismos públicos. Esta posible poda de reparticiones públicas y la consiguiente razzia de empleados, sin embargo, no se puso sobre la mesa de debate.
Lo que sí movió a discusión fue la propuesta oficial de que el jefe de Gabinete pueda realizar modificaciones presupuestarias para un “eventual pago al concesionario de Aeropuertos Argentina 2000”. Este fragmento del artículo 31 finalmente fue anulado, a instancias de la frepasista Alicia Castro, quien detalló en el recinto una serie de irregularidades en las que habría incurrido el grupo adjudicatario, recordando que éste exige al Estado una compensación superior a los 200 millones por conceptos de dudosa validez. Su compañero de sub-bloque Ricardo Vago, el socialista Alfredo Bravo y la justicialista Cristina Kirchner, entre otros, la secundaron en la demanda que finalmente Baglini atendió, eliminando las líneas que habrían permitido a Eurnekian cobrar el año próximo algún dinero del Estado. Más acalorado aún fue el debate sobre el artículo que fijaba en 1 peso por voto el aporte estatal a los partidos políticos, a diferencia del presupuesto en ejecución, que elevó esa cifra a 2,95 pesos por cada sufragio. El presidente de la bancada oficialista, Darío Alessandro, fue uno de los más firmes defensores de esta propuesta, argumentando que las campañas electorales del año próximo deben ser “más cortas y modestas”. El también frepasista Rubén Guistiniani apoyó el criterio oficial recordando que, además del Fondo Partidario Permanente, los partidos tienen respaldo económico estatal para la impresión de boletas y la organización de un congreso al año. Fuera de la Alianza, el apoyo vino del cavallismo, aunque con la aclaración, a través de Alfredo Castagnón, de que es el Estado y no las empresas privadas el que debe financiar la política.
La posición contraria estuvo a cargo del justicialismo y de algunos propios como Elisa Carrió, quien cuestionó “el cinismo político de buscar la subvención oficial pero, al mismo tiempo, aceptar el aporte privado”, y los compromisos que éste genera en los funcionarios, por ejemplo, a favor “de las empresas privatizadas, admitiendo altas tarifas”. La votación suprimió ese artículo con 126 negativos y 84 a favor, y ahora la definición del aporte estatal depende de la ley de reforma política que está en el Senado.
El proyecto de Presupuesto, que al cierre de esta edición Diputados continuaba discutiendo en particular, será debatido en los próximos días por el Senado, donde el justicialismo amaga introducirle modificaciones. Pero a pesar de esta advertencia y de que los diputados de este signo votaron en contra tanto en general como en particular, el PJ no hará nada que bloquee la sanción de la ley.

MEDIA SANCION DEL PACTO FISCAL
El Senado hizo su aporte

El Senado aprobó el Pacto Fiscal acordado entre la Nación y las provincias y envió el proyecto a Diputados. La norma que congela el gasto primario de las provincias durante 5 años y altera los anteriores montos de coparticipación recibió el voto afirmativo de la totalidad del bloque oficialista y la mayoría de la oposición justicialista, a excepción de los representantes de la díscola Santa Cruz.
La norma, que todavía debe pasar por la aprobación de Diputados, donde la mayoría oficialista permite presumir un voto favorable, era una de las demandas del FMI para la aprobación del blindaje financiero. La media sanción del Senado corona la negociación del Gobierno por extender el ajuste a las provincias.
A cambio del congelamiento de los gastos provinciales, el Gobierno garantizó a las provincias una suma fija mensual por coparticipación federal de 1364 millones de pesos mensuales para el 2001 y 2002. Para los años 2003, 2004 y 2005 se prevé que los montos serán el promedio de lo recaudado coparticipable en los tres años anteriores a cada uno, garantizando la Nación un piso mínimo mensual que alcanzará a 1400 millones en el 2003, 1440 millones en el 2004 y 1480 millones en el 2005. El pacto, que fue firmado por 22 de los 23 gobernadores –no lo hizo el santacruceño Néstor Kirchner– y por el jefe de Gobierno porteño, tuvo un acelerado tratamiento debido a que el acuerdo cuenta con el visto bueno del justicialismo y de la Alianza.

PRINCIPAL