Página/12

El martes pasado, la alegría de Fernando de la Rúa después de la consagración de Boca duró poco. Apenas los minutos que transcurrieron desde que Palermo se quebró en lágrimas al finalizar el partido y el momento en que el Presidente revisó el informe confidencial sobre los alcances del paro, al que tuvo acceso Página/12. Según ese documento, que circuló de mano en mano entre ministros como una brasa, el paro del viernes pasado fue el de mayor acatamiento en todo el país de la última década: el ausentismo de los asalariados a sus puestos de trabajo, públicos y privados, fue del 70 por ciento. Eso significa que 6,5 millones de empleados a sueldo no concurrieron a sus trabajos. Pocas veces se había alcanzado un nivel de adhesión similar. Para consuelo del Presidente, el relevamiento nacional realizado por el Gobierno no discrimina entre quienes faltaron porque se plegaron a la medida y quienes no tuvieron otra alternativa que quedarse en sus hogares porque no contaron con medios de transporte. Sin embargo, los propios estudios oficiales sobre la “anatomía” de los conflictos que se multiplican a nivel nacional indican que la temperatura social está en zona de riesgo.
Pese a los esfuerzos por mostrarse feliz, exaltando una reprimida pasión boquense, el martes pasado a la mañana el humor presidencial se crispó. Fue cuando el secretario general de la Presidencia, Carlos Becerra, y la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, le acercaron un informe reservado sobre la repercusión del paro en las empresas y los distintos niveles del Estado de todo el país.
El Ministerio de Trabajo de la Nación cuenta con una red de oficinas distribuidas en todo el país, que funcionan de manera complementaria con las direcciones de Inspección del Trabajo a cargo de los gobiernos provinciales. Dichas reparticiones monitorean periódicamente la situación laboral provincial y, desde hace cinco años, efectúan un exhaustivo relevamiento entre las empresas y organismos públicos de la provincia ante cada huelga o conflicto sindical. Los datos luego son girados al gobierno nacional, donde son tomados como una medida de la temperatura de la crisis social.
El informe que la Secretaría General de la Presidencia distribuyó también el martes en Gabinete reflejaba el impacto del paro del viernes en empresas (industriales y servicios) y organismos oficiales a nivel nacional. Las principales conclusiones son las siguientes:

El 70 por ciento de los asalariados urbanos de todo el país no concurrió a sus empleos ese día. Es el nivel de ausentismo más alto que registran las estadísticas oficiales desde que empezaron a confeccionarse.

Ninguno de los paros que vivió el ex presidente Menem, durante su segundo mandato, cuando se popularizaron los cortes de ruta y la temperatura social subió hasta niveles insoportables, había logrado un grado de adhesión tan alto, incluso los que fueron convocados por una CGT unificada.

Supera holgadamente el acatamiento del segundo paro que sufrió la Alianza (el 9 de junio), dispuesto por las tres fuerzas sindicales principales: la CGT de Daer, la de Moyano y la CTA (ver cuadro).

En números, considerando que existen 9,2 millones de asalariados urbanos en todo el país, significa que el viernes faltaron a sus puestos de trabajo 6,5 millones de empleados.
El informe oficial también revela el indudable peso que todavía conservan los “gordos”, nucleados en la CGT “oficialista”, a la hora de medir la intensidad de las medidas de fuerza sindicales. Pero, según los expertos, también muestra que, cada vez más, es el malhumor social ante situaciones límite lo que determina la magnitud de la protesta.
En especial, porque los conflictos laborales adoptaron en los últimos tiempos en su gran mayoría características “defensivas”, disparados como respuesta a atrasos en el pago de salarios y/o a despidos y suspensiones. A su vez, los “conflictos sociales” motorizados por quienes ya están marginados del mercado de trabajo (desocupados reclamando planes Trabajar o simplemente cajas de alimento, por ejemplo) se esparcieron como un reguero de pólvora por todo el país (ver aparte).
El informe oficial no discrimina en el relevamiento de ausentismo entre los asalariados quienes faltaron el día de la huelga porque efectivamente adhirieron al paro, y quienes lo hicieron porque no tenían forma de movilizarse hasta el lugar de trabajo. A partir de ese hecho, hay quienes en el Gabinete relativizaron los datos, argumentando que el nivel record de paro se debió a la paralización casi total del transporte y al miedo a actos de violencia supuestamente propiciados por la dirigencia sindical. Sin embargo, dentro del propio Gabinete hay quienes admiten ir demasiado lejos con esa interpretación de volver a darle la espalda a la realidad. Tanto –aseguran– como no ver en los masivos y, en algunos lados, desesperados festejos por “Boca campeón” una válvula de escape a la presión social.

RECLAMOS POR ATRASOS EN EL PAGO Y POR DESPIDOS
Conflictos laborales “defensivos”

A diferencia de los primeros años de los noventa cuando todavía eran “reivindicativos”, los conflictos laborales de los últimos años del menemismo hasta hoy son netamente “defensivos”. En otras palabras, sólo el 2 al 4 por ciento de los cientos de conflictos que estallan mensualmente en diversas regiones y sectores de la economía reclaman por aumentos salariales o mejoras en las condiciones laborales. El resto son disparados por el atraso en el pago de salarios y/o suspensiones o despidos. Esa es la principal conclusión de un estudio realizado por los expertos Juan Iacona y Sandra Pérez, licenciados en Relaciones de Trabajo, quienes vienen analizado minuciosamente los alcances de la conflictividad social en Argentina.
El documento fue presentado en el III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo y es tal vez la descripción mejor fundamentada del efecto disciplinador que sobre el mundo laboral han provocado en la última década los niveles record de desocupación, más allá de la ambigua relación entre sindicalistas y menemismo.
Allí se demuestra que, en los últimos tiempos, la flexibilización de jornadas de trabajo y tiempos de descanso, la precarización, la polivalencia funcional dentro de la empresa y hasta la baja de sueldos han ido desapareciendo entre los motivos de reclamo o conflictos entre trabajadores y empresarios. Sólo los atrasos salariales y la pérdida de la fuente de trabajo, por obvios motivos de subsistencia, detonan mayoritariamente el conflicto en estos tiempos.
Más aún, tampoco está claro cuál es el límite de tolerancia de los trabajadores ante el atraso salarial:

Por ejemplo, en promedio, los estudios oficiales revelan que los empleados públicos provinciales soportan entre 2 y 3 meses de atraso en el cobro de sueldos, hasta que detona el conflicto. Pero también depende del grado de combatividad de los sindicatos involucrados, ya que en Jujuy –por ejemplo– atrasados superiores a los 20 días detonan la protesta.
A la luz de esa perspectiva, son más que interesantes los datos que surgen del “Informe estadístico de conflictividad laboral”, que publica periódicamente el Ministerio de Trabajo.
La información relevada para el primer semestre de 2000 revela un menor número de conflictos (322) en comparación con igual período del año anterior (429). Sin embargo, la “intensidad” de los conflictos pareciera ser mayor. Y la motivación del reclamo indica una situación social más extrema que en el pasado, reflejando una realidad económica más crítica: hay una mayor proporción de conflictos desatados por “despidos y suspensiones” en relación con los que son motorizados por “atrasos salariales”.
Por otro lado, mientras el “conflicto laboral” tiende a disminuir, dado el efecto disciplinador de la desocupación del que hablan Iacona y Pérez, lo que va en acelerado aumento es el “conflicto social” (ver aparte), que en las estadísticas oficiales se traduce como las diversas formas de reclamo de los excluidos del mercado laboral: es decir, quienes ya están desocupados.

La expresión fue utilizada por Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, para explicar el índice de desempleo de octubre, anticipado ayer por Página/12. Para la funcionaria, la medición de hace un año �no es seria�, por los planes Trabajar que �inflaron� el empleo.

Patricia Bullrich, ministra de Trabajo.
“Si desde mayo el desempleo no subió, para mí es un dato positivo.”

Para Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, la desocupación del 15 por ciento, tal como la adelantó ayer Página/12, “es una buenísima noticia contada mal”. A la funcionaria no le disgusta el dato, pero sí que se diga que es mayor a la de un año atrás. A su criterio, la suba de la desocupación contra octubre del año pasado –cuando se ubicó en el 13,8 por ciento–, “no se puede contar, porque a octubre del año pasado hay que sacarlo de las estadísticas, porque se hizo una inflación de planes Trabajar para bajar el índice de desempleo”. Y explicó por qué si el desempleo se ubica en el 15 por ciento para octubre, después de haber medido 15,4 en mayo, sería una buena noticia: “porque si en un momento en el que el país tuvo varios meses sin toma de decisiones, postergando decisiones, baja cuatro décimas el desempleo, sería un dato buenísimo”. Luego dio a entender que con la falta de decisiones se había referido a las empresarias, no a las del Gobierno.
“Yo hablé con el presidente del Indec (?) hace unos días y me dijo que todavía estaba procesando datos, y que todavía no tenía el dato final; así que, bueno, se ve que Página/12 lo consiguió, pero yo no lo tengo todavía”, respondió la ministra ante la consulta periodística en Radio América. Según informó ayer este diario, los datos preliminares de la encuesta permanente de hogares de octubre, procesado el 85 por ciento de los datos del Gran Buenos Aires y 30 por ciento en el interior, arrojan hasta ahora una desocupación que ronda el 15 por ciento. Un anticipo del cual el dato final no se alejaría en más de dos décimas.
Según los avances de la encuesta del Indec, también se registraría una suba de algunas décimas en la subocupación, es decir, aquellos que no logran un empleo pleno. Este indicador se ubicaría en torno del 15 por ciento, lo cual arrojaría un 30 por ciento en total de la población activa sin acceso al pleno empleo. Por otra parte, especialistas del Indec estimaron que se habría producido un retiro de demandantes de trabajo del mercado por efecto “desaliento”, al no conseguir trabajo en medio de un proceso profundamente recesivo.
Cuando le preguntaron sobre el aumento del desempleo con respecto al 13,8 por ciento que arrojó la medición de octubre del año pasado, Bullrich respondió que “el artículo de Página/12 da vuelta la historia; vamos a hacer la hipótesis de que es el 15 por ciento, como dice Página/12: bajamos del 15,4 en mayo a 15 en octubre, es una buenísima noticia contada mal”. En apoyo de esa apreciación, señaló: “Yo venía percibiéndolo, las últimas dos encuestas de indicadores laborales (que hace el Ministerio de Trabajo) a nosotros nos daban muy positivas, porque nos mostraban que había una suba en el empleo en el Gran Buenos Aires y en el Gran Rosario, y yo pensaba que el índice no iba a ser, como algunos habían dicho, dos puntos más (alto). Ahora, si es así, si es el 15 por ciento, para nosotros es un dato muy importante”. Luego agregó que “si en meses en los que se postergaron decisiones (entre mayo y octubre) el empleo no subió, para mí es un dato positivo”.
“Hubo un mecanismo artificial de baja de la desocupación”, señaló Bullrich en referencia a los planes Trabajar, lo cual revela su criterio respecto de las políticas oficiales de subsidio al desempleo. La calificación de “buena noticia” a un desempleo del 15 por ciento parte de la base de descalificar la medición de un año atrás. “Octubre del año pasado no hay que utilizarlo (para comparar como dato) porque no es serio”, asumió tirando por la borda la labor de los técnicos del Indec. El argumento que utilizó no es muy complicado ni novedoso: si se restan a los empleados bajo el régimen del Plan Trabajar en octubre del año pasado, lógicamente el desempleo a esa fecha subiría, para equipararse con el nivel actual. Los que se beneficiaban con dichos planes y hoy ya no cuentan con ellos podrán salir a cortar rutas, pero poco pueden esperar de respuesta de la ministra de Trabajo, que directamente pretende borrar de la estadística su cambio de condición.