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Por Victoria Ginzberg
 La jueza María Servini
de Cubría tiene decidido enviar al ex dictador Emilio Eduardo Massera
tras las rejas. Inclusive, ya tendría preparada la orden para que
el ex marino sea trasladado al Batallón Buenos Aires de Gendarmería
Nacional. “Ese lugar tampoco es una cárcel común, lo
deberían enviar a Caseros o a Devoto”, consideró Estela
Carlotto. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo exhortó a que
los jueces revoquen la prisión domiciliaria de todos los militares
que están presos por robar bebés durante la última
dictadura. “Debe hacerse un seguimiento de todos los casos, porque
seguro que los otros hacen lo mismo que Massera”, afirmó Carlotto
un día después de que la agrupación HIJOS denunciara
públicamente que el dictador realizaba caminatas matinales en los
alrededores de su quinta de El Talar de Pacheco.
La jueza Servini de Cubría y el juez Claudio Bonadío (que
reemplaza a Adolfo Bagnasco) escucharon ayer al periodista Martín
Sivak y al fotógrafo Daniel Dabove, de la revista Veintitrés,
quienes ratificaron que vieron a Massera el miércoles por la mañana
fuera de los límites permitidos por la Justicia. Después
de escuchar a los testigos, ambos magistrados estarían de acuerdo
en que el Almirante Cero vuelva a prisión. Massera está
a disposición de los dos jueces; Servini lo arrestó por
su responsabilidad mediata en la apropiación del hijo de la desaparecida
Cecilia Viñas, nacido en la maternidad clandestina que funcionó
en la Escuela de Mecánica de la Armada y Bagnasco por su rol en
el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura.
“Me acabo de levantar y estoy sin afeitar, no puedo hablar así
con usted. Yo estaba saliendo a caminar. Mis piernas están muy
mal, estuve tres años sin... Con esto me hacen mucho daño”,
fueron algunas de las palabras que le dijo Massera al periodista el miércoles
a las siete menos cuatro de la mañana.
Los jueces postergaron el interrogatorio del dictador, que estaba previsto
para ayer. El ex marino será trasladado hoy a los tribunales de
Comodoro Py desde su departamento de Libertador y San Martín de
Tours. El miércoles, después de que se conociera que al
Almirante Cero no le alcanzaba su amplia residencia de Pacheco –que
tiene pileta, dos canchas de tenis y un inmenso parque arbolados–
para sus paseos, Servini ordenó que regresara a la Capital.
Miguel Angel Arce Aggeo, defensor del represor, intentó justificar
a su cliente con distintos argumentos. “Estaba esperando a un médico”,
“Hay que delimitar el perímetro de la quinta”, “¿Qué
norma establece que la calle adyacente a la quinta no está dentro
de los límites permitidos?”, ensayó el abogado en diálogo
con Página/12. Reveló además que pediría que
su defendido sea trasladado al Hospital Naval, con la excusa de que “tiene
una dolencia cardíaca con un pico de presión bastante fuerte”.
Carlotto coincidió con el resto de los representantes de organismos
de derechos humanos en la falta de sorpresa porque Massera hubiera roto
las condiciones de su arresto domiciliario, del que es garante su hijo
Eduardo (ver aparte). “Esta gente violó la ley desde que nació.
Es gente preparada para el crimen. Toman los gobiernos cuando quieren
y después de que cometen un genocidio resulta que acceden a un
beneficio que no corresponde dárselo. Nosotras siempre nos opusimos
al arresto domiciliario porque lo considerábamos impropio”,
señaló la presidenta de la Asociación que hizo las
denuncias que terminaron con la detención de Massera y otros militares.
Carlotto expresó los reparos que también se hicieron públicos
en otras agrupaciones: “Massera fue descubierto pero debe haber más
que hacen lo mismo, esto es realmente indignante”. Por eso la titular
de Abuelas pidió que se revise el otorgamiento del beneficio de
prisión domiciliaria a otros militares detenidos por apropiación
de menores. Los represores presos en sus casas son:
 Jorge Rafael Videla. Fue el
primero en ser arrestado como autor “mediato” de la apropiación
de cinco hijos de desaparecidos (luego se sumaron más casos). Fue
apresado por el juez Roberto Marquevich el 9 de junio de 1998. Este juez
se negó a mandarlo a su casa pero la Cámara Federal de San
Martín lo contradijo. También fue procesado por Bagnasco.
Antonio Vañek. Fue jefe
del Comando de Operaciones Navales. Responsable de los partos y apropiaciones
de hijos de desaparecidos ocurridos en la ESMA. Procesado por Bagnasco.
Carlos Guillermo Suárez
Mason. Ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército. Fue arrestado por
Bagnasco por su responsabilidad en la apropiación de menores nacidos
en los centros clandestinos Comisaría V de La Plata, el Pozo de
Banfield, La Cacha y Automotores Orletti.
Rubén Franco. Ultimo
jefe de la Armada durante la dictadura militar. Preso por su participación
en el plan sistemático para apropiarse de los hijos de los desaparecidos.
Su participación se basó en garantizar la impunidad.
Cristino Nicolaides. Ultimo
jefe del Ejército durante la dictadura militar. También
procesado por garantizar la impunidad. Preso por disposición del
juez Bagnasco.
Reinaldo Bignone. Ultimo presidente
de facto. También procesado por garantizar la impunidad.
Juan Bautista Sasiaiñ.
Fue jefe de la Décima de Brigada de Infantería de La Plata,
jefe de la subzona 11.
Santiago Omar Riveros. Quedó
preso después de fracasar en su intento de que el Consejo Supremo
de las Fuerzas Armadas se apoderara de la causa por la apropiación
sistemática de hijos de desaparecidos.
Héctor Febres y Jorge “Tigre” Acosta, que no superan
los 70 años, están detenidos en sitios que dependen de fuerzas
de seguridad. Febres, responsable de las embarazadas detenidas en la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA), pasa sus días en la sede
de la Prefectura. Acosta, jefe de Inteligencia del grupo de tareas que
funcionó en la ESMA, está arrestado en la Unidad de Gendarmería
de Campo de Mayo.
Eduardo Nachman, de HIJOS, recordó que la denuncia de la agrupación
no sólo se refiere a las caminatas diarias de Massera sino también
a las visitas de ex camaradas y otros amigos que recibe el Almirante Cero.
Y manifestó, en declaraciones radiales que el dictador “puede
ir con el ex presidente del PAMI, Víctor Alderete, que son del
mismo palo. Se juntan en un club privado con menos probabilidades de salir”,
agregó Nachman en referencia a quien podría ser próximamente
uno de los compañeros de prisión del ex amo y señor
de la ESMA, si éste es trasladado a Gendarmería.
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Los agujeros negros
de la legalidad
A la luz de los paseos que hizo el ex dictador Emilio Massera,
violando el beneficio del arresto domiciliario, se pone en foco
una vez más la ley de Ejecución Penal y su aplicación.
En uno de los dos juzgados que lo tienen a su cargo recibieron críticas
por la falta de controles policiales sobre los represores que están
detenidos en sus casas. Y sus empleados respondieron blandiendo
el texto de esa norma que prohíbe los controles: el artículo
32 establece que la supervisión de la detención domiciliaria
“en ningún caso estará a cargo de organismos
policiales o de seguridad” sino en manos de “un patronato
de liberados o servicio social calificado”. Además,
la ley no prevé ningún tipo de sanción para
la persona, familiar o institución que asume el cuidado del
detenido porque su responsabilidad no incluye la obligación
de vigilarlo para que no se escape del domicilio. Aunque esta ley
tiene algunos baches e imprecisiones, quienes la defienden recuerdan
que fue pensada para beneficio de presos con sida y enfermos muy
graves. Sin embargo, los presos comunes que lo han invocado rara
vez lo obtuvieron. ¿Cuál será el efecto de
las escapadas de Massera en la situación de los demás
represores que cumplen arresto en sus casas? “Suponemos que
se van a cuidar más, pero que quede claro que el mejor control
lo logran las guardias periodísticas, porque nosotros sólo
podemos actuar ante el hecho consumado y revocarles el beneficio”,
opinó un funcionario judicial que peina canas.
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