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Por Irina Hauser
 A menos que el Congreso apruebe
en las sesiones extraordinarias de la semana próxima el proyecto
que habilitaría la segunda instancia para los presos de La Tablada,
el presidente Fernando de la Rúa firmará un decreto de necesidad
y urgencia que permita la revisión de las condenas. “Lo único
que quiere el Gobierno es cumplir con las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dijo el vocero presidencial,
Ricardo Ostuni. Sin embargo, a los presos por el ataque al cuartel de
La Tablada no les satisface el criterio del Ejecutivo y sostienen que
el planteo del organismo internacional incluye la liberación de
los acusados. Por eso, dijeron, sólo levantarán la huelga
de hambre que cumplen hace casi 90 días si les conceden la libertad
o les conmutan la pena.
El miércoles último, De la Rúa instruyó al
ministro de Justicia, su hermano Jorge de la Rúa, para que estudiara
la posibilidad de impulsar un decreto que cumpla con los compromisos internacionales.
La decisión fue consecuencia de las dificultades para el debate
parlamentario del tema y la continuidad de la huelga de hambre de los
presos, que siguen internados en el Hospital Fernández y en el
Santojanni. En una de las primeras reacciones del área de Justicia
al planteo del Presidente, el viceministro Melchor Cruchaga aprovechó
una visita a la Cámara baja y testeó los ánimos de
los legisladores de todas las fuerzas para entregarse en los próximos
días al tratamiento del proyecto de reforma de la ley de Defensa
de la Democracia que permitiría una instancia de revisión
para los presos.
Cruchaga obtuvo una respuesta favorable de la Alianza, el justicialismo
y Acción por la República, pero aún le falta dialogar
con los partidos provinciales. “Por lo pronto, los diputados no garantizan
votos favorables sino quórum”, explicó el funcionario.
En Senadores, sólo lo tratarían si primero se expiden los
diputados.
Lo cierto es que ayer el asunto Tablada quedó incluido en el temario
del decreto de convocatoria a las sesiones extraordinarias, junto con
el debate de un proyecto para restringir la aplicación de la ley
del dos por uno (computa dos días por cada uno de arresto sin sentencia
firme). De todas maneras, el presidente De la Rúa se tomará
el fin de semana –cuando mañana regrese de México y
antes de viajar el lunes a Costa Rica– para evaluar la conveniencia
de seguir fomentando la discusión parlamentaria o de sacar un decreto.
“Hay quienes pensamos que es mejor que sea el Congreso el que cumpla
con la condición de la CIDH y se aboque a reformar la ley correspondiente.
La realidad es que todavía no hay ningún decreto”,
le dijo a Página/12 la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana
Conti. También señaló que buscar una salida por decreto
es controvertido. “Los decretos de necesidad y urgencia en materia
penal están prohibidos por la Constitución Nacional; en
este caso, sería opinable el carácter penal porque al ser
un recurso en segunda instancia, se trataría de una cuestión
procesal penal”, explicó.
Para Conti, además se suma “que las razones de necesidad y
urgencia también son extrañas”. “Claro que nos
preocupa mucho que siga pasando el tiempo y aún no haya una salida,
pero no estamos en una situación de urgencia con respecto a la
salud de los presos”, añadió la subsecretaria.
El martes último, los abogados de los presos, junto con los organismos
de derechos humanos, entregaron a Cruchaga y a Conti una carta en la que
le exigían a De la Rúa un indulto o una conmutación
de penas, alternativas que el Gobierno ya rechazó de plano. El
Presidente recibió otra misiva del centro canadiense Derechos y
Democracia, una institución con mandato internacional promotora
de los Derechos Humanos. Ayer, todos los organismos dirigieron una nota
similar al ministro del Interior, Federico Storani, en la que señalan
que sólo admitirían un decreto si contempla la “la
libertad inmediata de los presos”.
“La huelga de hambre sólo se levanta con el indulto o la conmutación
de penas”, insistió Adrián Wittemberg, vocero de los
presos. “La CIDH no se ha limitado a sugerir sólo la doble
instancia. Si se resuelve conceder la revisión con la prohibición
de excarcelación y de la aplicación del dos por uno, no
se levanta la huelga y este Gobierno va a ser responsable del asesinato
de los presos. Por vía directa o indirecta, tienen que cumplir
con las disposiciones internacionales”, remató.
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“Preocupación
humanitaria”
“Fui informado hace instantes de que el Congreso ha resuelto
tratar el tema (de los presos por el ataque al cuartel de La Tablada)
en sesión extraordinaria, por lo que los presos deberían
levantar la huelga ante el anuncio”, dijo ayer el presidente
Fernando de la Rúa desde México. Después de
reunirse con el presidente electo, Vicente Fox, y su par chileno,
Roberto Lagos, el mandatario argentino aseguró que sigue
“con gran preocupación humanitaria” la situación
de los presos. Dijo, además, que no descarta en absoluto
la posibilidad de sacar un decreto para dar una salida al tema en
caso de que fracase el intento parlamentario. “No es que haya
desatención al tema”, se defendió.
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