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Por Laura Vales
 Los diputados de la provincia
de Buenos Aires no se resignan a perder un solo centavo. Desde que en
setiembre pasado (a partir de la publicación de una nota en Página/12)
tuvieron que derogar su caja negra –la ley 10.370, que les permitía
gastar de manera discrecional y en secreto casi 40 millones de pesos por
año– vienen ensayando diversas argucias para recuperar aunque
sea una parte de esos fondos perdidos. La última es una resolución
que firmó el presidente de la Cámara, el radical Francisco
Ferro, autorizando a los 92 legisladores a recibir 40 mil dólares
anuales extra cada uno para repartir subsidios. Y anoche todo estaba listo
para que los diputados se regalaran otro premio. Quieren cobrar, por ley
y a partir del año que viene, 3500 pesos mensuales como “gastos
de representación”.
La medida es parte de un acuerdo entre el radicalismo y el PJ, que en
los últimos meses parece haberse convertido en la verdadera alianza
dentro de la Legislatura. Los dos partidos consensuaron un proyecto de
presupuesto de lo que gastará la Cámara en el 2001, con
una distribución del dinero por la que cada diputado manejará
casi 40 mil pesos mensuales. Con esta distribución:
 5 mil pesos de dieta.
3500 para Gastos de Representación.
3 mil pesos para otorgar becas.
3340 para subsidios.
20 mil para contratos de personal.
3200 para contratos de obra.
El Frepaso dice que bajará al recinto con su propio proyecto de
presupuesto, básicamente porque rechaza el invento de los Gastos
de Representación. Propondrá en cambio que ese dinero se
destine a contratar auditorías y se invierta en crear mecanismos
para difundir los gastos. Anoche unos y otros también discutían
sobre el contrasentido de aprobar un presupuesto para el 2001 cuando el
de este año todavía no fue tratado.
Así y todo, dos semanas atrás, todo el bloque frepasista
–menos los diputados Horacio Piemonte y Graciela Vanzán–
levantó la mano junto al PJ y la UCR para que la Cámara
pueda disponer de unos ocho millones de dólares más. Para
conseguirlo, los diputados modificaron una ley (la 12.450) que establecía
como techo de sus gastos el 1,6 por ciento del presupuesto fijado para
toda la provincia.
La modificación consistió en cambiar una palabra de la ley,
reemplazando “presupuesto fijado” por “presupuesto ejecutado”.
“Fijado” es el dinero que se prevé gastar. El presupuesto
ejecutado, en cambio, es lo que efectivamente se usó, que invariablemente
es mucho mayor al “fijado”.
El tema de los 40 mil pesos extra para entregar subsidios es una cuestión
aparte y ya está aprobada. La resolución fue firmada el
17 de noviembre pasado por el diputado Ferro y provocó una tormenta
interna, sobre todo porque fue mantenida lejos de la mirada de los escasísimos
diputados que impulsan medidas de transparencia, hasta ahora con ningún
éxito. Ayer cinco legisladores del Frepaso encabezados por Guillermo
Oliver presentaron un proyecto de ley para derogar esa resolución,
pero la verdad es que será difícil que consiga mayoría
de votos.
En el edificio de la Legislatura, a nadie escapa que la entrega de subsidios
es uno de los mecanismos tradicionales para hacer caja. En la Cámara
baja bonaerense más que en cualquier otro lugar, porque los diputados
son los únicos en toda la provincia que no están obligados
a explicar en qué se usa específicamente el dinero de los
subsidios. Y por esto mismo nunca son efectivamente controlados.
Este diario publicó, por ejemplo, cómo el año pasado
un subsidio de 101 mil pesos se terminó usando para organizar unas
supuestas jornadas en las que se contrató a una empresa de un puntero
político del PJ para queimprimiera libros de lujos, se encargara
del sonido y brindara un servicio de lunch. Y en todos los casos se pagaron
sobreprecios.
Los diputados mantienen sus subsidios bajo siete llaves. No sólo
no los difunden en Internet, sino que no permiten que nadie pueda consultar
los que ya se entregaron en el archivo de la Cámara.
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