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Por Susana Viau
 El testimonio de la diputada
radical Elisa Carrió ante la Comisión de Acusación
del Consejo de la Magistratura –que estudia la solicitud de destitución
del juez federal mendocino Luis Leiva– suscitó una batahola
que tuvo como protagonistas a la familia y los abogados del ex banquero
Raúl Moneta. Ante los insultos y el griterío de las mujeres
del entorno de Moneta, Pablo Fernández, titular de la comisión,
dio orden de desalojar la sala. Posteriormente, se resolvió rechazar
la solicitud de nulidad de la citación que ayer presentó
Leiva, quien deberá así presentarse a declarar o hacerlo
por escrito el próximo 5 de diciembre.
La legisladora hizo un duro y vibrante informe de las actividades del
banquero al que muchos creen ver como inspirador de la más de media
docena de pedidos de juicio político que jaquean al magistrado
firmante de la orden de captura que lo mantuvo clandestino durante casi
ocho meses. Carrió, que junto al diputado liberal mendocino Gustavo
Gutiérrez investiga los negocios de quien fuera el rostro financiero
del menemismo, denunció la existencia de una “organización
de lavado de dinero” amparada por “una red de impunidad enquistada
en el establishment político y económico” y de la que
Moneta formaba parte. Sostuvo también que en esa estructura el
ex dueño de los bancos Mendoza y República y socio del Citibank
era “un personaje menor”. Precisó además la relación
entre el Banco República y el Federal Bank, dos entidades que transferían
al exterior alrededor de 400 millones de dólares mensuales que
luego reingresaban al país en forma de “inversiones”.
La mayor responsabilidad “institucional” de esa situación,
aseguró Elisa Carrió, corresponde al Banco Central y a su
titular aunque, vaticinó, es más fácil “que
yo termine en Ezeiza” que “Pou se vaya del Banco Central”.
Luego expresó que este caso no debe ser analizado de manera segmentada
y es en este contexto que hay que investigar el enriquecimiento ilícito
del juez federal Carlos Liporaci, quien con la rapidez de un rayo y actuando
como subrogante levantó la orden de captura que pesaba sobre el
banquero.
A esas alturas, Claudia Arroyo Benegas de Moneta, su madre, su hermana
y sus tres hijas, como concertadas para perder la compostura, comenzaron
a proferir gritos e insultos contra la diputada. “¡Gorda corrupta!”,
“¡Vendida!, “¡Vino a atacar a Moneta, no a defender
a Leiva!”, vociferaban las elegantes damas mientras Carrió
permanecía inmutable. Visto el alboroto organizado a conciencia
por la rama femenina de la familia del financista, el titular de la comisión,
el frepasista pampeano Pablo Fernández, ordenó el desalojo
de la sala. Un hombre que se identificó como “un ciudadano”
y se negó a dar más señas pese al pedido de un comisario
encargado de la seguridad del recinto, increpó a Fernández:
“Usted es un corrupto y Carrió es la peor de todos”.
Claudia Arroyo Benegas de Moneta se dirigió al consejero Juan Gersenobitz
gritando: “¿Cómo permiten que esa atorranta ensucie
a mi marido?”. Gersenobitz, amigo del abogado de Moneta, Alfredo
Iribarren –presente en la sala–, e impulsor junto a los diputados
menemistas Leila Chaya y Miguel Angel Piccheto de las acciones punitivas
contra Leiva, sostendría poco más tarde que los exabruptos
eran la comprensible “reacción de dolor de los familiares
de Moneta” frente a las palabras de la diputada. Carrió se
retiró del cuarto piso del Palacio de Tribunales con custodia policial.
Ese tramo de la sesión había concluido con un episodio similar
a la batahola montada por Moneta en ocasión de la declaración
del magistrado Julio Petra quien, como Carrió, testificaba en favor
de Leiva.
A continuación la comisión trató el planteo de nulidad
hecho por Leiva respecto de su citación. El magistrado había
afirmado el miércoles que los plazos eran demasiado breves para
compulsar las miles de fojas que acumula la tramitación de su pedido
de juicio político. Por otro lado, puntualizó que la citación
no informaba siquiera a qué cargos debía responder. Gersenobitz
fue una vez más el vocero de quienes se oponían a conceder
más tiempo al magistrado, quien había adjuntado un certificado
médico condiagnóstico de “stress”. En consecuencia,
la comisión decidió mantener la convocatoria, que quedó
programada para el 5 de diciembre a las 10 de la mañana.
La conducta respecto de los más resonantes casos sometidos a consideración
del Consejo de la Magistratura ha tensado las relaciones entre sus integrantes.
Los casos del juez federal de San Isidro Roberto Marquevich, del federal
porteño Carlos Liporaci y del federal mendocino Luis Leiva comienzan
a evidenciar que en el interior del organismo amenazan con reproducirse
las problemáticas y las marañas de protecciones que caracterizaron
la historia de la antigua “comisión de juicio político”
del Congreso nacional.
NUEVA
POSTERGACION DE LA AUDIENCIA EN EL CONSEJO
Liporaci sigue ganando tiempo
Por I.H.
La Comisión de Acusación
del Consejo de la Magistratura sigue dando vueltas para citar al juez
Carlos Liporaci –el mismo que investiga los supuestos sobornos en
el Senado– para que dé explicaciones sobre el incremento de
su patrimonio. En una alborotada reunión extraordinaria los consejeros
decidieron posponer por tercera vez para el martes próximo la votación
sobre el tema. De todos modos, ya reservaron el 12 de diciembre para que
entonces el magistrado bajo sospecha haga su descargo.
Ayer el clima en la comisión quedó caldeado después
de la declaración de Elisa Carrió sobre el banquero Raúl
Moneta (ver nota aparte). En esa tónica, los consejeros rechazaron
un pedido de recusación presentado por Liporaci contra el titular
de Acusación, Pablo Fernández, y el consejero Fermín
Garrote, quienes elaboraron el dictamen que podría poner al juez
al borde de su destitución. Pero no fueron los únicos a
los que “invitó” a apartarse: Su Señoría
recusó también a Mario Gersenobitz y a Eduardo Orio, quienes
presentaron la denuncia original sobre su posible enriquecimiento ilícito.
El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Alfredo Vitolo, opinó
habría que rechazar in limine todas las recusaciones, de lo contrario
Liporaci o cualquier juez cuestionado pueden pasarse meses presentando
planteos de ese tipo.
La razón que ayer llevó a postergar la votación de
la citación del juez fue el pedido de más tiempo por parte
de Carlos Maestro, quien asumió esta semana en el Consejo. Maestro
dijo que no quería abstenerse de dar su opinión y para eso
necesitaba estudiar el expediente. Los menemistas Miguel Pichetto y Lelia
Chaya, cuya ausencia el último martes obligó a suspender
por falta de quórum la decisión sobre la suerte de Liporaci,
no votaron la nueva postergación en señal de reivindicación
de su supuesta independencia de criterio.
Pero, al parecer, la suerte ya está echada ya que los consejeros
reservaron la fecha del 12 de diciembre para que el juez que investiga
las supuestas coimas pagadas a Senadores explique, entre otras cosas,
cómo hizo para pagar una casa valuada en alrededor de un millón
de dólares (y que él dijo haber pagado 610 mil). Todo indica
que la mayoría de los integrantes de Acusación votarán
por citarlo, un paso clave rumbo al juicio político que podría
removerlo de su cargo.
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