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Por Horacio Cecchi
 Una rara avis se posó
en el área de la Reserva Ecológica porteña. No se
trata estrictamente de un extraño pájaro o especie voladora,
sino de una circular firmada por el secretario de Medio Ambiente porteño,
Norberto La Porta, con objetivos tan llamativos como las plumas de cualquiera
de las especies albergadas en las 350 hectáreas del parque. Según
la circular rigurosamente interna, se prohíbe el ingreso a la Reserva
a los menores de 15 años, salvo que cuenten con la compañía
de un adulto in situ. En la secretaría están convencidos
de que así terminarán con el flagelo de los incendios. “No
es que les prohibamos la entrada, sino que cuando quiere ingresar un menor
que viene solo... no lo dejamos entrar”, clarificó un funcionario
reservista.
Ante una consulta de este diario, en la secretaría reconocieron
la existencia de la circular, pero inicialmente argumentaron dos motivos,
uno humanitario y el otro, escolar: “Para que los menores no corran
riesgos”, el primero. El segundo, “para evitar que se rateen”
en el predio. Finalmente, argumentaron que los menores de 15 –y no
los de 16 o de 40- son los vándalos causantes de la mayor parte
de los más de 330 incendios sufridos por la Reserva.
La cuestión de los incendios constituyó el problema más
grave al que se enfrentó la Reserva Ecológica desde su creación
formal en 1986. Tan habituales fueron los desastres provocados por las
llamas que ya nadie lleva un conteo científico de los casos. A
lo sumo, entre los más antiguos empleados se suele hablar de más
de trescientos incendios y sólo atinan a separarlos en dos grupos:
grandes y pequeños. La destrucción de especies animales
y vegetales fue la consecuencia. Se habló de presiones de grandes
intereses comerciales, de cuestiones políticas, de mafia y de simple
vandalismo.
En abril pasado, legisladores porteños del PJ y Nueva Dirigencia
pidieron la interpelación de La Porta, para que explicara el uso
del presupuesto acordado. Según el diputado justicialista César
Torres, el aprobado para el corriente año “fue el más
alto en la historia de la Reserva: 6.320.000 pesos. En diciembre pasado
se aprobó una partida de 800 mil pesos para comprar cámaras
infrarrojas y otra de 250 mil para contratar auxiliares vecinales que
custodian el predio”. Las cámaras infrarrojas aún no
fueron adquiridas. En su lugar funciona un sistema de ocho filmadoras
fijas y una móvil, todas ocultas pero no infrarrojas.
El 12 de octubre del ‘98, 21 menores fueron demorados por la policía
tras un incendio importante. Al día siguiente fueron liberados
y, hasta el momento, nadie logró probar que de entre los 21 menores
se encontrara el fogonero. Al contrario, el 25 de julio pasado, un hombre
mayorcito de edad fue detenido, sospechado de ser autor de uno de los
cuatro principios de incendio registrados en aquel momento. Pocos días
después, un custodio quedó desvanecido por un golpe que
le aplicaron en la cabeza con un trozo de mármol cuando intentaba
atrapar a dos adultos que encendían un fueguito. Los reservistas
aseguran que las cámaras cubren “prácticamente toda
la superficie”, que permiten identificar “fehacientemente”
a los piromaníacos y que en su mayor parte son menores.
Aunque en la comisaría 22ª aseguraron a este diario que “no
se realizaron denuncias contra particulares en los últimos dos
grandes incendios desatados este año”, es decir que las cámaras
no detectaron a los provocadores, ni mucho menos determinaron que éstos
fueran menores, en marzo pasado, La Porta optó por cortar de raíz
el problema y firmó la circular interna que prohíbe el ingreso
a los menores de 15. Contaba con el acuerdo del Consejo de la Reserva,
conformado por la Fundación Vida Silvestre y las asociaciones Aves
Argentinas y Amigos de la Tierra.
Según Claudio Bertonatti, de Vida Silvestre, “la mayoría
de los incendios son intencionales”. La circular es interna y no
se dio a publicidad. Sólo se puso en práctica. “La
Reserva es un área natural –explicó el director interino,
Oscar Lipai–. Nos tenemos que mover con ciertos parámetros
de seguridad de la gente y especialmente si son menores”.
–¿Qué peligros pueden correr? –preguntó
Página/12.
–Por ejemplo, hay yararás –respondió Lipai.
–¿Y qué puede hacer una yarará con un menor
que no pueda hacer con un adulto?
–Lo que ocurre es que se las encuentra si se baja hacia el lado de
los bosques. Pero también se hace para conservación de la
misma fauna. Por ahí viene un animalito que los chicos no conocen
y le pegan un palazo como tenemos debidamente registrado.
Aunque Lipai no lo señaló, un empleado de la Reserva aseguró
a este diario que además de la seguridad de los chicos y los animales,
“también se busca evitar que se rateen, porque después
vienen los padres y se nos tiran encima a nosotros, insultan a los guardias”.
El tercer motivo, que realmente motorizó la circular de La Porta,
es el de evitar los incendios. Según Lipai, se realizó una
meticulosa estadística: “Los menores de 15 son sospechosos
(sic) en el 65 por ciento de los casos”, sostuvo el director interino.
–¿Cuánto representa ese 65 por ciento?
–De 11 sospechosos identificados, 7 eran menores de 15 años.
DESBARATAN
UNA RED QUE TRAIA PARAGUAYAS AL PAIS
Mujeres prostituidas a la fuerza
Encerradas en un sótano
enrejado de 5 por 5, húmedo y oscuro, sin baño; hacinadas
y sin poder salir: así vivían diez mujeres paraguayas, obligadas
a ejercer la prostitución por una organización que fue desbaratada
ayer por miembros de la Policía Bonaerense, en la ciudad de La
Plata. La investigación, que culminó con la detención
de cuatro hombres y una mujer, fue impulsada por Irma Lima, ex jueza de
menores y actual titular del Consejo del Menor de la Provincia de Buenos
Aires.
Lima recibió la denuncia sobre el funcionamiento de esta red cuando
todavía era jueza de menores, meses después de haber realizado
varios procedimientos en los que se descubrieron organizaciones similares
en Brandsen, Ranchos y La Plata. “A las chicas las tenían
encerradas en sucuchos, en condiciones deplorables: dormían todas
juntas, les sacaban el documento y hasta les cobraban por la comida”,
contó la funcionaria. La situación de extrema pobreza en
la que muchas de ellas vivían en Paraguay las obligaba a acostumbrarse:
“Como prostitutas ganaban buena plata en relación a lo que
es un sueldo en su país, y esa plata les servía para mantener
a su familia”, explicó.
Según Víctor Violini, fiscal de la causa, las mujeres “eran
traídas con engaños al país, y luego las reducían
a la servidumbre y las obligaban a prostituirse”. Entre otros puntos,
el fiscal deberá esclarecer si los documentos de las mujeres –que
acreditan su mayoría de edad– son válidos, o si se
trata de documentación falsificada. Violini explicó que
“cuando esta gente trae menores de edad les sacan documento paraguayo
para hacerlas pasar por mayores”.
Según los investigadores, el presunto cabecilla del grupo es Miguel
Fernández, un platense de 35 años, dueño de varios
locales nocturnos, que se encuentra prófugo desde julio de este
año por el crimen de su ex pareja, Roxana Dos Santos, ocurrido
en marzo pasado. Durante el allanamiento fueron detenidos Rito Fernández,
hermano de Miguel; Margarita Di Bin, ex esposa de este último,
y Luis Sanabria, quien también habría estado involucrado
en el homicidio de Dos Santos. El fiscal no reveló la identidad
de los otros dos detenidos.
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