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Personas
Los 55 millones de habitantes de Turquía se distribuyen
en un territorio poco menor que el litoral argentino, mientras que
Bulgaria, con nueve millones de pobladores, es un poco más
grande que Catamarca. Ambos países, cercanos a los Balcanes
de la guerra del Golfo, serían los remotos causantes de “la
complicada situación financiera de Argentina, aunque parezca
mentira”, según el secretario de Planificación
Económica y Regional, Miguel Bein, del equipo de Machinea.
Vendría a ser otra consecuencia negativa de la economía
mundialista (o globalizada). En Arkansas (EE.UU.), del tamaño
de Santa Fe, tiene su casa matriz la empresa mundialista “Wall-Mart”,
la misma que aportó el primer millón de dólares
para que Bill Clinton, que era gobernador, pudiera iniciar la campaña
que lo llevó a la Casa Blanca. Dos congresistas de Arkansas
le escribieron a la secretaria de Estado Madeleine Albright pidiéndole
que “encauce al gobierno argentino para vetar” una ley
bonaerense que pretende reglamentar en su territorio la actividad
de los hipermercados. Esto vendría a ser una típica
conducta imperialista.
La cuestión es que, por asuntos del globo o del imperio,
la Argentina es abusada por todos lados, aunque sea grande de tamaño
y rica de recursos, “bendecida por Dios y maldecida por los
hombres”, como dicen los sicilianos honestos de su región
asolada por la mafia. De acuerdo con el pensamiento que prevalece
dentro y fuera del gobierno nacional, para sobrellevar tantos infortunios
la Argentina contaría en este mundo sólo con la protección
del Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un cierto precio,
por supuesto, que incluye el derecho a interferir en los asuntos
internos con el estilo de los congresistas de Arkansas, pero sin
necesidad de intermediarios. Esto no significa, de ninguna manera,
que la nación sea una virtuosa doncella que se desbarranca
por el mal camino empujada por el malandra que le prodiga amor con
el perverso propósito de explotarla. Va de la mano del gobierno
en el que confió, porque le prometen una y otra vez que los
golpes y machucones, a la larga, valdrán la pena.
El FMI, en definitiva, tiene una sola idea fija: asegurar la renta
anual de los acreedores, para lo cual vigila que las promesas de
pago no sean vanas. Su método de recaudación es primitivo:
aparta el pedazo de torta que les toca y que los demás se
arreglen con el resto, si queda. Considera que la responsabilidad
única por el compromiso es para el deudor al que, sin embargo,
trata de retener en esa condición con obligaciones cada vez
más elevadas y bajo la amenaza de castigos infernales por
incumplimiento. No se conoce ningún caso de país alguno
en el que esos requisitos hayan promovido el desarrollo sostenido,
pero hay numerosos ejemplos de lo contrario. En la ortodoxia del
FMI lo único que importa de un país es su capacidad
de pago. Ayer, en su mensaje inaugural como presidente de México,
Vicente Fox prometió una versión distinta: “La
calidad de una sociedad –dijo– no depende de su capacidad
de producir riqueza sino de la equidad para distribuirla”.
En el palco de invitados había varios mandatarios de América
latina, entre ellos Fernando de la Rúa, que alguna vez también
prometieron lo mismo.
La relación de un Estado nacional con el FMI es siempre desigual,
porque al peso específico del organismo se suma en cada país
el de los capitales financieros y grupos económicos concentrados
que aprovechan el envión para exigir la cancelación
de la mayor cantidad posible de derechos y garantías laborales
y sociales. Estos “mercados” desconocen la salud, la educación,
el trabajo, la justicia, la seguridad, la vivienda, como mandatos
constitucionales y los perciben como meras oportunidades comerciales
para acrecentar la rentabilidad de sus empresas.
Los negociadores gubernamentales podrían equilibrar esa relación
de fuerzas y mejorar el grado de equidad distributiva si atraen
a su lado a la mayoría del pueblo y utilizan la protesta
social como aliada en la pujainevitable. El gobierno de la Alianza
eligió, en cambio, seguir el curso trazado por el menemismo
–“ya que no los puedes vencer, únete a ellos”–,
sin tener en cuenta que las condiciones del mundo y del país
ya no tenían viento de popa como en los años 1991/94.
Asumió que la deuda social podría esperar un par de
años y que, en ese tiempo, la prosperidad internacional empaparía
la recesión nacional hasta disolverla.
Los resultados están a la vista de cualquiera: la recesión
continúa, el futuro ha desaparecido de la credibilidad pública,
los deberes de deudor no se agotan nunca, empobreció todavía
más a su propia base electoral, defraudó las expectativas
inaugurales y cayó como una piedra en la consideración
popular. Impuso sacrificios que hoy se muestran inútiles
ya que la amenaza de cesación de pagos sigue pendiente como
el primer día de gestión y, encima, transfirió
las banderas de justicia social a los disidentes propios y a los
adversarios políticos, sin contar que reinstaló en
el escenario nacional a Domingo Cavallo, que había conseguido
el diez por ciento de los votos en todo el país.
No pudo siquiera sostener el estandarte contra la corrupción,
porque tuvo que ir a buscar el respaldo a las medidas concertadas
con el FMI entre los mismos que antes señalaba con el índice
estirado. Mientras tanto, los jefes de los dos mayores partidos
de la coalición han enmudecido “para no molestar”.
No es casual que el pacto con los gobernadores eludiera cualquier
compromiso para bajar las dietas y prebendas de las legislaturas
provinciales que escandalizan al sentido común o que la investigación
por los sobornos en el Senado haya entrado en el mismo cono de sombra
que protegió de las miradas a los funcionarios menemistas
sospechados y acusados por la misma Alianza hasta hace un año.
En lugar de construir “otra política”, como prometía,
está aferrada a las prácticas tradicionales como si
fueran su única tabla de salvación. En vez de crear
empleos no pudo mantener los que existían cuando asumió
y, por toda explicación, la ministra de Trabajo pretende
convencer a la población de que la situación mejora
por una rebuscada diferencia de cuatro décimos en el promedio
general de la medición estadística.
Cuando uno cree que las tropelías contra las condiciones
de vida de las mayorías se han agotado, siempre aparece otro
dato devastador. De regalo navideño, el ministro Machinea
anunció aumentos en las tarifas de los transportes públicos,
en tanto las transferencias multimillonarias a las AFJP y a las
empresas de medicina prepaga desequilibran aún más
la inequidad en la distribución de las riquezas. Se ofendió,
además, porque los diputados se negaron a convalidar la piedra
libre para despedir empleados estatales. Estas son las respuestas
oficiales a la última huelga general, que consiguió
el mayor grado de adhesión registrado durante los tres gobiernos
elegidos en las urnas a partir de 1983.
No son decisiones económicas las que agravan el mal humor
en la calle. Es una visión global que hace agua por todos
lados. El Presidente jamás encontró la oportunidad
de lamentar el asesinato de dos piqueteros, al menos uno por bala
policial, y a Raúl Castell, acusado de “extorsionar”
a un supermercado por comida le cuelgan un collar electrónico
que controla sus pasos, pero el múltiple homicida Emilio
Massera disfrutaba de libertad para andar por donde le diera ganas,
si no fuera por la vigilancia de HIJOS, que no olvidan.
En el “otro país posible” que auguraban hace poco
más de un año, la democracia sería participativa.
Las crónicas parlamentarias daban cuenta ayer de que al final
de la maratónica sesión en la que se aprobó
el Presupuesto 2001, retocado por la disidencia oficial y la oposición,
fue descartada la consulta popular vinculante, como lo ordena la
Constitución de 1994, y también el acceso a la información
que obligaría a todas las dependencias estatales a suministrar
datos cuando lo solicite cualquier ciudadano. Es abrumador el repertorio
de calamidades, aparte de lasinundaciones y otros desastres naturales,
que soporta la mayoría de la población, pero el recuento
completo es casi inútil porque deprime a las víctimas
y deja indiferentes a los poderes.
Hay un dato llamativo: en los discursos que se difunden al país
entero, en los documentos que se firman, en los argumentos remanidos
sobre el futuro ajuste del ajuste anterior, cada vez son más
escasas las menciones a las personas. El desempleo, el hambre, la
salud, la educación y todos los índices que dibujan
el desarrollo humano han sido reducidos a estadísticas, porcentajes,
abstracciones econométricas, cifras en columnas contables.
En esa confección de la realidad, los cuatro décimos
de la señora Bullrich pretenden ser un aliciente para un
país que podría albergar tres veces la población
turca y dieciséis veces la búlgara pero, en cambio,
expulsa a sus pobladores del campo a la ciudad, luego del trabajo
y el consumo a la pobreza y la exclusión y a otros obliga
a recorrer la trayectoria inversa de los inmigrantes que bajaron
de los barcos en estos puertos en busca de otra oportunidad y de
nuevas esperanzas. Cuando las personas dejan de importar, ¿qué
otra cosa tiene sentido?
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