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 “Reo.” De general,
dictador, ex dictador, senador vitalicio y genocida, ayer el nombre de
Augusto Pinochet quedó fijado a este histórico título
luego de que el juez chileno Juan Guzmán ordenara su procesamiento
y arresto domiciliario. Pinochet era declarado así el “coautor
intelectual” de las 75 desapariciones cometidas durante la “Caravana
de la Muerte” que siguió a su golpe de Estado en 1973. El
aludido no se encontraba en su residencia de Santiago sino en su quinta
de Bucalemú, por lo que no se sabe exactamente cuándo se
efectivizará la orden de arresto. El gobierno chileno se manifestó
francamente sorprendido, como todos, por la decisión del juez,
pero el presidente Ricardo Lagos enfatizó desde México que
“esto fortalece la democracia y el poder del Estado”. Ayer los
comandantes de las fuerzas armadas celebraron una reunión de urgencia,
y el jefe de la armada, Jorge Arancibia, advirtió que “esta
situación está tensionando a nuestra sociedad a un punto
bastante crítico”.
Su alarma respondía en parte a la sorpresa total frente a una decisión
completamente inesperada. Luego de que en agosto Pinochet fuera desaforado
como senador vitalicio por la Corte Suprema, el caso parecía haberse
estancado en una discusión sobre los exámenes médicos.
Estos fueron ordenados por el juez Guzmán para decidir si Pinochet
estaba en condiciones mentales de someterse a juicio. De hecho, la Corte
de Apelaciones de Santiago tenía planeado decidir este lunes el
lugar y la fecha en la que se realizarán las pruebas al ex dictador.
Se pensaba que Guzmán esperaría hasta que esto estuviese
resuelto antes de proceder en la causa. Pero el abogado querellante José
Galiano ya había presentado una petición para procesar directamente
a Pinochet, argumentando que sólo entonces correspondería
realizar los exámenes médicos. Ayer Guzmán, quizá
por motivos tácticos (ver nota aparte), aceptó la validez
de esa tesis.
Quiso, sin embargo, minimizar el dramatismo. Su decisión fue comunicada
al cierre del Palacio de los Tribunales, y no hubo ningún indicio
previo sobre lo que se venía. Fue apropiado que el primero en dar
la noticia fuera el mismo Galiano, quien comunicó a los periodistas
que Pinochet “es coautor intelectual de secuestro calificado seguido
de homicidio en la Caravana de la Muerte”. En este operativo, realizado
un mes después del derrocamiento del presidente Salvador Allende,
se fusiló y desapareció a 75 personas. Poco después
del anuncio de Galiano, el procurador Sergio Castro confirmó que
“el juez ordenó el arresto domiciliario de Pinochet”.
Nadie estuvo más sorprendido que la defensa del ex dictador. “Pareciera
ser un ‘harakiri’ del señor Guzmán, porque no
sólo ha transgredido el debido proceso, sino sus propias resoluciones:
es una aberración jurídica y me decepciona enormemente que
el juez Guzmán se haya sumado a la orgía judicial de quienes
quieren ocupar los tribunales para imponer su visión de nuestro
pasado histórico”, fustigó el abogado Fernando Barros.
Ayer Guzmán no se preocupó demasiado por estos ataques:
“Pueden apelar, pueden recurrir de queja, pueden recurrir de amparo.
Ellos son abogados y saben muy bien lo que pueden hacer”. En efecto,
hoy mismo la defensa de Pinochet presentará un recurso de amparo
contra la orden de Guzmán. Si se le da lugar, la orden de arresto
que dictó Guzmán quedaría congelada.
Ayer los antipinochetistas no dejaron que esta preocupación empañara
su alegría. “Sentencias como ésta elevan el prestigio
de los tribunales: a los chilenos no nos falta valor para juzgar a un
dictador”, exclamó el abogado querellante Eduardo Contreras.
La titular de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos,
Viviana Díaz, afirmó simplemente que la decisión
de Guzmán era “excelente, extraordinaria: Lo que queremos
es que la Justicia haga lo que no hizo en el pasado”.
El gobierno intentó mantener una actitud neutral, pero no pudo
ocultar su satisfacción. “Es una noticia bastante sorpresiva”,
admitió el
secretario general de Gobierno, Claudio Huepe “(pero) lo importante
es que todos los chilenos somos iguales ante la ley”. Desde México,
donde asistió a la toma de mando de Vicente Fox, Ricardo Lagos
fue menos ambiguo: “Esto expresa el fortalecimiento de nuestro sistema
democrático y latranquilidad con que debemos acostumbrarnos a este
tipo de decisiones judiciales”. Dando una muestra personal de esa
tranquilidad, Lagos anunció que no acortaría su visita a
México por el procesamiento de Pinochet.
DETRAS
DE LA INESPERADA DECISION DEL JUEZ
Una carta que quizá pudo todo
Por
Pablo Rodríguez
Hubo una carta
que quizás precipitó la decisión del juez Juan Guzmán
Tapia de procesar al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Resulta que
la derecha política y los abogados de Pinochet vienen cargando
las tintas desde hace tiempo contra la presidenta del Consejo de Defensa
del Estado, Clara Szczaransky, desde que ella decidiera incluir al organismo,
suerte de fiscalía general del Estado, dentro de los querellantes
en el proceso a Pinochet. El miércoles, trascendió que el
juez Guzmán le envió una carta de apoyo a Szczaransky y
los abogados de Pinochet pusieron el grito en el cielo. La Corte Suprema
resolvió ayer mismo pedirle las explicaciones del caso “en
un plazo de 48 horas”. Quizás Guzmán haya decidido
procesar a Pinochet antes de que se inicie algún proceso en su
contra con peligro de destitución.
El 7 de marzo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE, formado por 12 juristas
designado por el presidente de la República) estimó “conveniente
a los intereses de la sociedad y el Estado (...) coadyuvar en el establecimiento
procesal de la verdad y en la sanción de quienes jurídicamente
resulten responsables”. A los dos días, Szczaransky anunciaba
que el CDE también iba a apoyar el proceso de desafuero. Desde
ese entonces, la defensa de Pinochet carga las tintas contra Szczaransky,
a quien acusa de tráfico de influencias, entre otras cosas. “Considero
que es deber mío, como juez y como hombre de derecho, solidarizar
en estos momentos ingratos con usted”, escribió Guzmán
Tapia en su nota a la funcionaria, que trascendió el miércoles.
“Es una especie de harakiri del señor Guzmán Tapia,
porque ha transgredido las normas del debido proceso”, advirtió
el abogado Fernando Barros, que fue el vocero de Pinochet durante su detención
en Londres. “El señor Guzmán se sumó a la orgía
jurídica que estamos viendo, por parte de algunas personas que
pretenden utilizar ahora los tribunales de justicia para imponer una visión
de nuestro pasado histórico”, siguió Barros. “La
defensa va a hacer una presentación la próxima semana a
la Corte Suprema, donde va a enumerar las extraordinariamente graves faltas
que ha cometido el señor Guzmán en la sustentación
de este juicio”, anunció el abogado Pablo Rodríguez
Grez, del equipo jurídico de Pinochet.
El juez Guzmán deberá comparecer ante la Corte Suprema entre
el lunes y el martes próximo para explicar el contenido de la carta
a la presidenta del CDE. Además de la carta, los abogados de Pinochet
argumentarán que Guzmán debería haber esperado hasta
los resultados del examen médico para dictar el auto de procesamiento.
Así las cosas, es posible que el juez Guzmán haya abierto
el paraguas antes de que llueva. En ese caso, habrá quedado clara
su voluntad de juzgar a Pinochet.
JUAN
BUSTOS, POLITICO SOCIALISTA Y ABOGADO
“Fue lo que había que hacer”
Por
P.R.
Juan Bustos es
diputado por el Partido Socialista chileno y además es abogado
penalista. Página/12 lo entrevistó en su doble condición
de político y especialista legal.
–El juez Guzmán dictó el procesamiento de Pinochet
a poco tiempo de haber ordenado exámenes médicos para él
y sin esperar el resultado de éstos. ¿Guzmán siguió
el procedimiento correcto, legalmente hablando?
–Sí, por supuesto. El juez no tiene ninguna obligación
de esperar los resultados de un examen médico para cambiar la condición
de quien está sometido a juicio de imputado a procesado, como ocurrió
con Pinochet. Lo que hizo el juez Guzmán es dictar un auto de procesamiento
contra Pinochet por las pruebas que dispone sobre su relación con
los crímenes por el que se lo juzga. Una cosa son las pruebas y
otra cosa es la salud del procesado. Por otro lado, este auto de procesamiento
es provisorio.
–¿Qué es lo que ocurre de aquí en más?
–Bueno, la defensa de Pinochet puede presentar varios recursos. Primero,
puede apelar la decisión del juez Guzmán. También
puede presentar un recurso de amparo.
–¿Lo sorprendió la decisión del juez Guzmán?
Según diversas reacciones de políticos y analistas, no parecía
un escenario probable.
–A mí no me sorprende para nada. Es más, hasta es deseable,
desde el punto de vista procesal, que el auto de procesamiento llegue
antes de que se resuelva algo sobre la salud del detenido, porque reafirma
que la posibilidad de inculpar a alguien no depende para nada de su estado
de salud. Que este estado de salud lo exima de un juicio, es otra cosa.
Si en verdad Pinochet está loco o no, ninguna de las opciones debe
significar la detención del proceso.
–O sea que para usted la decisión de Guzmán era previsible.
–En todo caso, es oportuna. Viene a reafirmar que en Chile no hay
ninguna persona privilegiada. Pinochet puede haber sido el dueño
del país durante 17 años, pero eso no lo convierte en intocable
para la Justicia chilena.
–¿Qué va a ocurrir de aquí en más?
–Bueno, vendrán los recursos de la defensa, luego vendrán
los alegatos y más tarde los resultados de los exámenes
médicos.
–O sea, un largo camino.
–No tanto. Creo que en enero ya podemos tener un auto de procesamiento
definitivo. Y eso será antes de que se conozcan los resultados
de los exámenes médicos.
–El juez Guzmán envió hace poco una carta a Clara Szczaransky,
titular del Consejo General del Estado, para apoyarla por las presiones
de la derecha para destituirla por su condición de querellante
en el caso Pinochet. ¿Puede ser que las presiones hayan caído
sobre el propio juez por lo que hizo y haya decidido, entonces, una fuga
hacia adelante?
–No. Lo del juez Guzmán fue una carta de cortesía y
la Corte Suprema ya le pidió informes sobre el asunto. Pero el
auto de procesamiento de Pinochet es algo que estaba presupuestado tanto
para Guzmán como para la Corte Suprema. Esta decisión no
dependió del episodio de la carta a Szczaransky.
–¿Puede haber alguna reacción política de la
derecha por esta decisión?
–No, en absoluto.
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A dos semanas de ordenar
exámenes médicos neurológicos para Augusto
Pinochet, el juez Juan Guzmán dictó un auto de procesamiento
provisional contra el ex dictador por los crímenes cometidos
en la Caravana de la Muerte, en octubre de 1973. También
ordenó su arresto domiciliario.