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 Miguel Aguirre, uno de los presos
por el copamiento al cuartel de La Tablada que cumplen 90 días
de huelga de hambre, sufrió ayer una severa descompensación
y tuvo que ser auxiliado por los médicos del Hospital Fernández,
donde permanece internado junto a otros cinco miembros del Movimiento
Todos por la Patria (MTP). Por otro lado, hoy el presidente Fernando de
la Rúa recibiría los informes de los ministerios de Justicia
y de Interior, sobre la viabilidad de establecer por decreto una doble
instancia para los presos de La Tablada.
Daniel Gabioud, miembro del MTP que estuvo detenido hasta 1997, explicó
lo sucedido con Aguirre: “Por problemas gastrointestinales, se le
tuvo que hacer una endoscopia que no la toleró; perdió el
conocimiento y el compañero estuvo al borde de la muerte, según
dijeron los médicos”. Gabioud indicó que otro de los
ayunantes, Luis Díaz, tuvo que recibir en los últimos tiempos
quince unidades de suero.
En tanto, Isabel Fernández, que está internada en el Hospital
Santojanni, aunque dejó la huelga de hambre también sufre
complicaciones, ya que recibe alimentación, pero sigue perdiendo
peso. Fernández había abandonado el ayuno porque tiene una
hija de dos años y su esposo Gustavo Messutti comparte la medida
de protesta.
Aguirre y Díaz están internados en el Fernández junto
a Enrique Gorriarán Merlo, Carlos Motto, Claudio Rodríguez
y Roberto Felicetti. Por su parte, en el Santojanni están José
Moreyra, Claudia Acosta, Sergio Paz, Claudio Veiga y Ana María
Sívori, además de Fernández y de Messutti.
Gabioud aseguró que el estado de salud de los detenidos en algunos
aspectos ya es “irreversible”, dado el tiempo de la huelga.
“Ana María Sívori sufrió un proceso de descalcificación
ósea muy fuerte y eso no se recupera, como pasa con los problemas
hepáticos que tienen otros compañeros”, precisó
Guiboud.
Por su parte, De la Rúa, tras su regreso de México, recibirá
un borrador del decreto que permitiría la doble instancia para
los miembros del MTP. El Gobierno apelaría a este método
si fracasa el tratamiento legislativo de una ley en el mismo sentido.
Sin embargo, Adrián Wittemberg, vocero de los detenidos, indicó
que “la solución está en el Poder Ejecutivo, ya sea
con un indulto, la conmutación de penas, o con un decreto-ley que
no discrimine a los presos, cosa que sí hace el proyecto que está
en el Congreso”.
“La Ley de Defensa de la Democracia, con la que se juzgó a
los presos, no contempla la segunda instancia y eso es inconstitucional;
ellos levantarán la medida cuando el Presidente resuelva su libertad,
a través de cualquier vía”, afirmó Wittemberg
en una conferencia de prensa en las puertas del Hospital Fernández.
También se hicieron presentes Nora Cortiñas, titular de
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y el pastor José
De Luca, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Informe: Alejandro Cánepa.
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Preocupación
de Adepa
La Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa)
expresó ayer su preocupación por la decisión
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de confirmar
la sentencia al periodista Eduardo Kimel por calumnias contra el
camarista del crimen Guillermo Rivarola. La entidad consideró
que esta medida “sienta un peligroso precedente para el ejercicio
de la libertad de expresión”. El periodista fue sentenciado
a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización
de 20 mil pesos tras la publicación del libro La masacre
de San Patricio, en el que describe el asesinato de sacerdotes palotinos
durante la última dictadura. Rivarola querelló al
periodista porque éste había asegurado que la Justicia
fue “complaciente” durante la dictadura y en algunos casos
“cómplice con la represión”.
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