|
 El policía detenido por
la muerte en medio de un tiroteo en La Boca de la profesora de inglés
Claudia Flamini quedó ayer en libertad, reveló el abogado
que representa a la familia de la víctima. Según Alfredo
Lomuto, la decisión de liberar a Mariano Socio, de la División
Robos y Hurtos, la tomó el juez Raúl Yrigoyen tras caratular
la causa como “homicidio culposo”. Durante la marcha organizada
ayer, al cumplirse un mes del trágico incidente, los padres de
la chica se mostraron indignados por el dictamen judicial: “Los tres
ladrones que huyeron ilesos tras el tiroteo y el policía que asesinó
a Claudia miraron tranquilos por televisión el desarrollo de esta
marcha, mientras a mi hija no la podremos ver nunca más”,
se emocionó Guillermo Flamini, padre de Claudia.
El abogado Lomuto dijo que “el paso a seguir es apelar la libertad
de Socio. Es un expediente muy largo, con el cual tomo contacto por primera
vez porque hasta ahora estaba bajo secreto de sumario”, explicó.
Para este abogado, la conducta del cabo acusado se ajusta claramente al
“homicidio por dolo eventual”, ya que “si alguien adopta
una conducta negligente que se le representa como probable desencadenante
de la muerte de cualquier persona y persiste en esa acción, no
se puede considerar un accidente, sino lisa y llanamente un asesinato”,
afirmó Lomuto, tomando distancia de la decisión del magistrado.
La pericia realizada por miembros de Gendarmería Nacional determinó
que la bala que mató a la profesora, que tenía 28 años,
partió del arma reglamentaria del cabo Mariano David Socio, de
30, que había participado del tiroteo. Claudia murió de
un tiro en la nuca cuando quedó atrapada en medio de las balas
cruzadas entre cuatro sospechosos que circulaban en un auto robado y agentes
de la División Robos y Hurtos de la Policía Federal.
El hecho ocurrió el 1º de noviembre en la calle Rocha, en
el barrio de La Boca. La maestra había terminado su tarea diaria
en la escuela Jacinto Berutti, donde daba clases de inglés a chicos
de cuarto a sexto grado, y caminaba hacia la parada del colectivo para
volver a su casa, en Wilde. Pero nunca pudo llegar. Uno de los tiros entre
policías y ladrones enfrentados la alcanzó. La persecución
policial había empezado minutos antes en el puente Pueyrredón,
que une Avellaneda con la Capital. Allí, un Renault 18 de la policía,
sin identificación, se cruzó con un Rover gris. A los policías
les llamó la atención los cuatro hombres que iban en el
auto, por lo que pidieron información por radio y se confirmaron
sus dudas: el coche era robado. Empezaron a seguir al Rover a gran velocidad,
a lo largo de varias cuadras, hasta que el coche robado chocó contra
una vereda de la calle Rocha, a pocos metros de donde Claudia esperaba
su colectivo. Cuando los hombres intentaron escapar, comenzó el
tiroteo. Uno de los sospechosos cayó herido y los otros tres escaparon.
La joven profesora fue internada en estado vegetativo en el Hospital Argerich,
pero su suerte ya estaba echada. El proyectil le había producido
un estallido cerebral, y luego de tres días de agonía, Claudia
Flamini murió. A partir de ese momento comenzaron las marchas para
pedir justicia. Todo indica que seguirán por bastante tiempo.
|
Escrache de Greenpeace
Una docena de banderas negras con calaveras estampadas desfiló
ayer por el polo petroquímico Dock Sud: no fue una invasión
pirata, sino un escrache organizado por Greenpeace a la empresa
TriEco S.A., una planta incineradora de residuos hospitalarios e
industriales a la que la entidad ecologista acusa de contaminar
el arroyo Sarandí con dioxinas y metales pesados. La bióloga
Verónica Odriozola, coordinadora del área tóxicos
de la ONG, señaló que “tanto los metales pesados
como las dioxinas no se degradan, y la amenaza permanece por décadas”.
Olivier Mellier, representante de la firma, negó la existencia
de sustancias contaminantes en sus residuos. “Somos una empresa
que trabaja por el medio ambiente”, aseguró.
|
ACUSADA
POR TRAFICO DE NIÑOS
Otra jueza destituida
Rosa Aída
Vázquez de Moreira, la jueza de Oberá acusada de integrar
una organización dedicada a la venta de niños, fue destituida
ayer por el jury de enjuiciamiento de la provincia de Misiones. Cinco
de sus siete miembros votaron a favor de la destitución de la funcionaria,
mientras que los dos restantes consideraron que no existen pruebas concluyentes
en contra de la magistrada. Ahora, la jueza deberá responder ante
la justicia penal por la supuesta adulteración de 237 expedientes
de adopción.
La ahora ex jueza Vázquez y su esposo, el abogado Claudio Moreira,
fueron señalados en el programa “Telenoche Investiga”
como miembros de una red que ofrecía dinero a madres pobres a cambio
de que les entregaran a sus chicos. El letrado fue filmado en su oficina
mientras supuestamente acordaba con un matrimonio las condiciones para
la venta de un bebé. “Supongo que querrán un chico
para integrar una familia y no para incorporar un problema... que te enchufen
un bebé como si fuera sano es lo mismo que te vendan un auto que
tiene el motor fundido”, les decía Moreira a los supuestos
futuros papás, que en realidad escondían una cámara
oculta. Una semana después de la emisión del programa, la
Corte Suprema de Misiones abrió un sumario administrativo contra
Vázquez.
En noviembre, cuando fue citada a declarar por el tribunal presidido por
Augusto Márquez Palacio, Vázquez se defendió: “Actué
ante la realidad de un Estado ausente en su obligación de atender
a los chicos desamparados”. Los magistrados encargados de juzgarla
no lo entendieron así: la jueza fue acusada por mal desempeño
de los deberes de funcionario público. Aída Vázquez
de Moreira escuchó los dos primeros votos con lágrimas en
los ojos. Cuando se inició la lectura del tercer voto, abandonó
la sala, y salió del juzgado rodeada de sus familiares y sus amigos.
Ya había dejado de ser la jueza de menores de Oberá.
|
