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Por Alejandra Dandan
 Las escuelas deberán
prepararse para hablar de sexo en serio. La Cámara baja otorgó,
en el apuro del cierre de las sesiones ordinarias, media sanción
para la ley que obliga a escuelas públicas y privadas a incluir
como materia obligatoria la información y formación sobre
sexualidad y reproducción humana. Formalmente, la norma promueve
en escuelas básicas, medias y terciarias la inclusión de
una disciplina que había sido desplazada del proyecto que derivó
en la Ley Federal de Educación. La ley apunta, centralmente, a
equiparar la falta de acceso a la información por parte de los
sectores más marginados y garantizar esa función desde el
Estado.
“Existieron presiones de los sectores más conservadores para
evitar que el Estado se pronunciara para legislar en esa materia”,
explica la diputada Adriana Puiggrós sobre el agujero que dejó
la Ley Federal en este campo cuando fue sancionada. Para los legisladores,
esa ausencia que ahora busca corregirse implicaba un problema gravísimo
de fondo: “Se había cercenado la obligación y responsabilidad
pública –insiste Puiggrós– sobre lo privado”.
Y esa falta perjudicó en particular a los sectores más marginados
porque son las escuelas privadas, incluso las confesionales, las únicas
que tienen desarrollados estos aspectos, explicó. En la vida de
los “colegios públicos, la educación sexual llega en
forma azarosa, normalmente son módulos incluidos en alguna materias
donde las docentes están poco capacitadas”, explicó
Cristina Zuccardi, una de las autoras del proyecto.
Sobre esta base se incorpora ahora la ley votada en Diputados que deberá
todavía aprobarse en el Senado. La ley obliga a incorporar en los
contenidos curriculares básicos comunes, información y formación
relativa a los aspectos biológicos, psicológicos, éticos
y sociales de la sexualidad y reproducción humana. Esos contenidos
deberán dictarse en forma sistemática y continua, con un
mínimo de una hora-aula quincenal, desde el tercer ciclo de la
EGB (es decir, a partir de séptimo año), aunque la ley plantea
una excepción: los chicos no deberán participar en la clase
si hay expresa oposición de los padres o responsables legales.
La salvedad quedó incorporada a pedido del PJ. De acuerdo con José
Manuel Corchuelo Blasco, del PJ, las escuelas deberían poner a
disposición de los padres el programa, materiales y nombres de
los docentes que estarán a cargo del curso. “Y si lo deciden
pueden negarse a que sus hijos participen”, explicó el diputado.
Estas aclaraciones no fueron sumadas a la ley aunque sí la cláusula
que garantiza tal facultad. Para Cristina Zuccardi, que estuvo en contra
de ese principio durante las discusiones, era necesario privilegiar la
elección de los adolescentes. “Para nosotros era importante
respetar el discernimiento de los chicos –precisa– porque tiene
que ver con su mismo proceso de evolución.” El resultado finalmente
consensuado obliga a los establecimientos a generar una oferta que también
pueden rechazar los padres.
Para conseguir la aprobación, una vez zanjado ese tema, existieron
consultas con representantes de la Iglesia Católica. “El tema
a esta altura no es más tabú –aclaran desde el despacho
de Zuccardi– y con ellos simplemente terminaron negociándose
algunos aspectos.” Esos aspectos fueron cuestiones semánticas:
“Pidieron que pongamos Educación sexual como expresión
general y amplia que evita precisar otras cuestiones”.
Las clases serán coordinadas por equipos interdisciplinarios de
profesionales y docentes capacitados en las distintas disciplinas. Los
chicos deberán empezar con estos cursos a partir del tercer ciclo
de la Educación General Básica. A partir de allí
será obligatoria también en los niveles polimodal, superior
de grado no universitario, especial de adultos y de formación o
perfeccionamiento docente. El alcance es nacional, provincial y municipal
aunque para que la ley entre en vigencia –una vez sancionada por
el Senado– deberá contar con la aprobación de las legislaturas
provinciales. Entre los antecedentes del dictamen final existe un proyecto
de Cristina Fernández Kirchner, para quien la sanción de
esta norma tiene un trasfondo claro: “Está destinado a prevenir
conductas de alto riesgo como sexualidad, enfermedades de trasmisión
sexual, sida, droga y violencia incorporándola como materia curricular
al plan actual de educación”.
QUEDO
POSTERGADO DE NUEVO EL PROYECTO DE PROCREACION RESPONSABLE
Con la Iglesia haciendo lobby en contra
Por Mariana Carbajal
El bloque justicialista le
bajó el pulgar a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable
en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
El intenso lobby que ejercieron en las últimas semanas emisarios
de la Conferencia Episcopal Argentina sobre los legisladores dio sus frutos
poco antes de la medianoche del jueves y el tratamiento del proyecto que
permitirá el acceso a la anticoncepción a toda la población,
incluidos los adolescentes, quedó una vez más postergado.
La actitud del justicialismo desató la ira de las legisladoras
de la Alianza. Muchas de ellas rompieron en llanto ante la impotencia
por no poder –a pesar de ser mayoría y ser oficialismo–
votar una iniciativa que beneficiará a las mujeres más pobres.
La voz cantante de la Iglesia Católica estuvo encarnada en los
peronistas Jorge Busti (Entre Ríos), Jorge Obeid (Santa Fe), Guillermo
De Sanctis (San Juan) y María Drisaldi (Santa Cruz), quienes cuestionaron
el dictamen acordado por unanimidad entre las fuerzas mayoritarias en
tres comisiones y desataron un debate interno dentro de la bancada, que
derivó en un virtual cajoneo del proyecto.
Hace dos semanas, Estanislao Karlic, presidente de la Conferencia Episcopal,
envió al sacerdote Roselli a entrevistarse con integrantes de la
comisión de Salud, para explicitar las objeciones de la cúpula
eclesiástica sobre el proyecto. Del encuentro quisieron participar
otros legisladores, entre ellos, Busti, quien en los últimos días
mantuvo un contacto asiduo con emisarios de la jerarquía católica,
del mismo modo que De Sanctis, Drisaldi y Obeid. Aunque, en principio,
una mayoría del PJ apoyaba la ley, el bloque no quiso llevar las
disidencias planteadas por estos cuatro diputados al recinto y se impuso
la posición más conservadora. La Iglesia rechaza que los
adolescentes puedan acceder a información sobre anticoncepción
y a los métodos en los hospitales públicos sin autorización
expresa de sus padres, pretende que se excluya el DIU entre los contraceptivos
que se entreguen y que se incluya la objeción de conciencia para
los profesionales.
El proyecto tenía preferencia para ser puesto a consideración
en la última jornada del período ordinario que expiró
a las 24 del jueves. Pero debido a que la discusión del presupuesto
2001 recién finalizó minutos después de 23.30 de
ese día, quedó menos de media hora de sesión. Los
presidentes de bloque acordaron que sólo tratarían los temas
que no tenían observaciones, porque no había tiempo para
debates. Y aunque en la práctica la ley de Salud Reproductiva no
presentaba disidencias, el PJ presionó para que se eliminara del
temario.
Cuando comenzó la sesión, alrededor de las 23.45, el frepasista
Federico Soñez pidió que se incluyera en el listado. Para
ello había que apartarse del reglamento, para lo cual se necesitaban
dos tercios de los votos. Aunque también existían algunos
detractores del proyecto dentro de la Alianza, el oficialismo apoyó
la moción por amplia mayoría, pero no ganó. El justicialismo
y algunos legisladores de Acción por la República votaron
en contra. Faltaban apenas unos minutos para la medianoche. Con una bronca
indisimulable, las mujeres de la Alianza fueron poniéndose de pie.
Cristina Guevara, presidenta de la comisión de Salud, pidió
la palabra y, a los gritos, cuestionó en duros términos
la actitud del PJ por trabar una vez más una ley que beneficiará
a las mujeres más pobres, al permitirles acceder a métodos
anticonceptivos en forma gratuita y así decidir cuándo y
cuántos hijos tener. Hace tres años, un proyecto similar
que tenía media sanción murió en el Senado, cajoneado
por el justicialismo.
El proyecto podría tratarse en el período de sesiones extraordinarias,
que comenzó ayer, si De la Rúa lo incluye en el listado
de temas a debatir. Sin embargo, los propios legisladores de la Alianza
descartan esa posibilidad.
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Como
llevar el proyecto a la práctica
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Por Virginia Martínez Verdier *.
“Formar desde
el jardín”
“Considero que como iniciativa es importante que se esté
tratando este tema. Debería corregirse el hecho de que se
aplique desde el tercer ciclo, ya que los chicos tienen inquietudes
sobre su sexualidad desde mucho antes. Lo ideal sería un
proyecto que se pueda implementar desde el jardín de infantes,
obviamente con especificidades propias de cada etapa. El ‘mapa
del amor’, que es el que define los afectos y las relaciones
del ser humano, se configura durante los primeros ocho años
de vida, por eso es fundamental que los chicos puedan evacuar todas
sus curiosidades. Lo que es básico para el éxito del
proyecto es que todos participen del proceso educativo, en especial
los docentes y los padres, porque son quienes van a informar, y
deben hacerlo sin miedos, sin prejuicios y sin vergüenza. En
cuanto a la puesta en funcionamiento, se necesita de respaldo económico,
pero sobre todo de decisiones políticas: hay que convencer
a la comunidad de la importancia de la educación sexual,
que determina la forma en que una persona se para frente a sus afectos
y frente a la vida”.
* Psicóloga. Sexóloga. Miembro de la Asociación
de Psicología de Buenos Aires.
Por Mariano Narodowski *.
“El plan,
en cada escuela”
“En principio me parece adecuado que el Estado se preocupe
por la educación en general y la educación sexual
en particular, porque la falta de información tiene consecuencias
de todo tipo: desde embarazos no deseados hasta enfermedades de
transmisión sexual. Lo que puede desembocar en la ineficacia
de la ley es que las medidas de aplicación sean tan estrictas,
porque generan demasiadas mediaciones. Lo ideal sería que
los diputados tracen los lineamientos generales y que los planes
sean elaborados por la comunidad educativa en general. Cuando las
leyes son tan específicas, no se adecuan a la heterogeneidad
del país. La clave sería que cada escuela, según
sus propias realidades, elabore el plan que le resulte más
eficaz para enseñar educación sexual y que el Estado
adopte una función de apoyo y de control de aplicación.
Porque con esta ley, si los papás de toda una escuela deciden
que sus hijos no reciban educación sexual, no la van a recibir...
¿no sería más adecuado que en conjunto decidan
cómo educar a sus hijos sobre el tema?”
* Doctor en Pedagogía, investigador de la Universidad
de Quilmes.
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