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RÜCKAUF
Y LA POLITICA DE COMERSE A LOS CANIBALES
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Por Horacio Verbitsky
Recorte virtual Al mismo tiempo, la Directora del Consejo Provincial del Menor, Irma Lima, anunció al gobierno que si no honra su compromiso de sancionar una nueva ley que incorpore los conceptos básicos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, renunciará al cargo que asumió en agosto. Rückauf recurrió a la jueza Lima para reemplazar a su antecesor, Daniel Bolinaga, en un intento por atenuar la repercusión de las denuncias sobre el maltrato a chicos en comisarías e institutos de la provincia, entre ellos el Hogar Jesús de Nazareth, regenteado por la Fundación Obispo Emilio Ognénovich. El proyecto de ley, que tiende a evitar la criminalización de la pobreza, contempla una serie de políticas públicas de minoridad que no impliquen castigos penales y establece un sistema procesal juvenil en el que un fiscal acuse, un defensor defienda y un juez sentencie. Había sido consensuado entre las distintas fuerzas políticas y llevaba la firma de todos los presidentes de bloques. Estaba prevista su sanción legislativa el jueves, pero el miércoles Rückauf decidió retirarle su apoyo, aduciendo que el congelamiento del gasto acordado con el gobierno nacional impedía financiarlo. Irma Lima intimó entonces al gobierno provincial a cumplir con el compromiso que Rückauf hizo público al designarla, de reforzar su presupuesto en unos 20 millones de pesos, aplicando a ese fin los recortes en las dietas y los gastos de los legisladores provinciales. Rückauf envió a negociar con la inflexible Lima a su ministro de Economía Jorge Sarghini, quien tiene plazo hasta mañana para dar una respuesta. El primer diálogo entre ambos no fue alentador. Lima reclamó los 20 millones prometidos, la mitad de los cualesservirían para poner en marcha la ley y el resto para seguir sacando chicos de las comisarías. Sarghini respondió que los recortes en la legislatura sólo habían sido “virtuales”. Detrás de las aducidas razones presupuestarias se agitan también oscuros intereses: el ministro de justicia Jorge Casanovas objeta la ley porque pretende imponer en lugar de Lima a su asesor Marcelo Jalil, el amigo de Eva Gatica que llegó a dirigir el Consejo Nacional del Menor y la Familia. El secretario general de la gobernación, Esteban Caselli se opone en defensa de bastiones tradicionales de la Iglesia. Escuela El 20 de agosto este diario reveló que en 1978 la República
Federal de Alemania presentó una reclamación diplomática
porque un ciudadano alemán había sido torturado, a palos
y con picana eléctrica. Martínez fue identificado por la
víctima entre más de 60 policías como el hombre que
lo torturó y el peritaje médico probó el paso de
corriente eléctrica y los golpes con palos. Sin embargo, un juez
de la dictadura lo sobreseyó con el notable argumento de que la
policía no encontró la picana eléctrica en la comisaría
y que los otros detenidos no habían oído quejarse al ciudadano
alemán. Su designación por Rückauf para reconstruir
la mejor maldita policía del mundo coincidió con un incremento
descomunal de maltratos a detenidos. Rückauf dispuso dilatar su relevo
hasta los pases de fin de año, para disimular el estruendoso fracaso
de su política en el área. Pero sus recomendaciones sobre
cómo tratar con quienes violan la ley han hecho escuela e influyen
incluso en los encargados de velar por los derechos humanos de los ciudadanos
bonaerenses. Hace dos semanas, además, la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia confirmó la condena a uno de los protegidos de
Martínez y del ministro de Seguridad Ramón Verón.
Se trata del ex jefe de la comisaría 1ª de San Nicolás,
Rubén Claudio Gatti. En 1992 la jueza Adela Formichelli lo condenó
a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación
especial por cuatro, por golpear con un palo a un detenido. En 1993, la
sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín confirmó
la condena. El recurso extraordinario de Gatti esperó durante siete
años una decisión de la Suprema Corte. La causa estaba por
prescribir cuando en esta página se informó sobre ella,
hace dos meses. Recién entonces la Corte la desempolvó y
ahora confirmó la condena. El jefe de Gatti, comisario inspector
José Aurelio Ferrari había explicado que las lesiones al
detenido se produjeron durante un intento de fuga. La sentencia judicial,
en cambio, consigna que fue golpeado mientras estaba en la oficina de
Gatti “con sus manos esposadas”. Sonrisas Uno con pelo, otro de uniforme, ambos sonrientes, reconocibles sin esfuerzo a pesar del paso del tiempo. La foto fue tomada en 1975, cuando Carlos Rückauf era ministro de Trabajo de Isabel Martínez de Perón y Jorge Videla ocupaba el Comando General del Ejército. Durmió en los archivos durante veintidós años, hasta el 8 de agosto de 1997, cuando la reprodujo un pasquín de aparición eventual. La explicación de la represalia estaba en el propio artículo que acompañaba la foto: Rückauf se había atrevido a dormir en el lecho presidencial durante un viaje del Jefe supremo de la Nación, transgresión imperdonable a la liturgia imperial. En forma interina a cargo del Poder Ejecutivo, Rückauf pidió un informe a la Policía Federal. La foto nunca había sido publicada y sólo estaba en los archivos de la presidencia. En su única manifestación pública sobre el tema, Rückauf dijo que se había tratado de una visita protocolar que Videla le hizo al asumir y le restó cualquier significación política. Esta semana se distribuirá la biografía política de Rückauf, El hombre que ríe, escrita por el periodista Hernán López Echagüe, que refuta esa rosada versión: “Videla no se ha desplazado hasta allí para conversar banalidades, y mucho menos intercambiar lisonjas y reverencias. Muy otro es su objetivo. Está afligido; los paros y las huelgas lo sacan de quicio, explica, pues entonces mucho le agradaría observar alguna reacción enérgica por parte del ministerio. Durante el cordial encuentro se sientan las bases de un proyecto de ley que el ministro hará público una semana más tarde, y cuyo propósito fundamental es prohibir la realización de huelgas salvajes”, dice. El libro reseña su texto: “Todo paro, abandono de trabajo, ausencia concertada y toda otra forma de perturbación colectiva de la actividad normal por parte de agentes del Estado será sancionada con la cesantía o exoneración, la que será efectiva sin necesidad de sumario previo”. Antes, Rückauf había sido uno de los firmantes del decreto que creó el Consejo de Seguridad Interna, liberó de todo freno a las Fuerzas Armadas en la represión, e indicó que “la lucha antisubversiva” abarcaría “no sólo la faz represiva, sino también la actividad política, económica, social y cultural”. En otra página del libro, López Echagüe recuerda una declaración del ministro de Trabajo al canal 11 de televisión: “La guerrilla de fábrica se debe a los sectores empresarios que tomaron militantes de ultraizquierda para romper las conducciones sindicales peronistas. El problema vital es acabar con la subversión. Los empresarios decían que iban a chupar (sic) a la izquierda, que luego terminó manejándolos”. Los militares enderezarían el entuerto. Bestias negras No es ocioso recordar hoy aquella complacencia con la escalada castrense hacia el poder, en la que pueden hallarse algunas raíces de la tragedia que el país padeció a partir de 1976. Si entonces cualquier aberración se justificaba con sólo invocar la lucha antisubversiva, hoy cumple la misma función la inseguridad. No importa que para ello deba forzarse la realidad y borrarse con el codo lo que se escribió ayer. Una de las bestias negras del gobierno provincial, y en particular del ministro Casanovas, ha sido la ley 24.390, conocida como 2 por 1, que computa doble el tiempo de detención sin condena. Según Casanovas se encamina a “proteger a los delincuentes” en detrimento de los “derechos de los ciudadanos”. El gobernador y su ministro pretenden que no sería de aplicación en la provincia, dado que no se trataría de una ley penal (que es competencia del Estado Nacional) sino procesal (cuyo dictado corresponde a cada provincia). Esa ley fue sancionada y promulgada en 1994, para lo cual Rückauf dio su consentimiento como ministro del Interior. Al año siguiente un plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal debió decidir sobre sus alcances. El voto mayoritario fue firmado por el entonces camarista y hoy ministro de Justicia Jorge Casanovas. Alertó sobre “los perjuicios deteriorantes de la pena”; dijo que la ley reglamentaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional; señaló el principio según el cual siempre que sea posible debe estarse a favor de la libertad; se pronunció por “un derecho penal que sea mínimamente intenso,es decir lo menos aflictivo y estigmatizante”; sentenció que “toda norma que coarte la libertad personal del individuo debe ser interpretada en forma restrictiva” y consideró “claro” que no era sólo una norma procesal. Es decir, todo lo contrario de lo que hoy sostiene. Apropiado colaborador de quien pretende llegar a la presidencia en patrullero y disparando antes de preguntar.
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El director de derechos humanos
de la provincia de Buenos Aires, Ariel Bucich, afirmó durante la
undécima reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos
que “si un policía mío tortura, le pego un tiro en
la nuca”. Bucich también negó que existieran torturas
en la provincia y dijo que las denuncias eran habituales en los presos
o en funcionarios judiciales que “hacen política a través
de la prensa”. Hace dos meses el jefe de policía, comisario
mayor Eduardo Raúl Martínez, declaró en un reportaje
que “si encuentro a alguien que torture, yo mismo lo fusilo por la
espalda”, con lo cual el exabrupto de Bucich puede considerarse apenas
como una precisión anatómica, con reminiscencias de la Triple
A. Sin embargo, fuentes del peronismo bonaerense dijeron que Bucich, que
tiene cerca de 50 años, militó en otras tendencias del peronismo
de Quilmes, en la tercera sección electoral. Su líder político
inmediato es el ministro de Trabajo Aníbal Fernández. Fue
designado director provincial durante la gestión del ex gobernador
Eduardo Duhalde, y los organismos de derechos humanos de la provincia
no tienen un mal concepto de él, pero desató su lengua luego
de ser confirmado por el gobernador Carlos Rückauf, quien hizo campaña
para la gobernación prometiendo meter “bala a los ladrones”.
emplee el poder del que
está investido, con la misma insistencia con que lo ha hecho
en materia económico social, para exigir de los legisladores
la urgente sanción del mejor proyecto de ley presentado en
el tema;