Principal RADAR NO Turismo Libros Futuro CASH Sátira
ESPACIO PUBLICITARIO


RÜCKAUF Y LA POLITICA DE COMERSE A LOS CANIBALES
De la nuca

El jefe de la policía de Buenos Aires había amenazado con fusilar por la espalda a los policías torturadores. Ahora el director provincial de derechos humanos, Ariel Bucich, especificó la ubicación anatómica del disparo: �Un tiro en la nuca�, dijo. Al mismo tiempo la directora de minoridad, Irma Lima, hizo saber que renunciará si no se aprueba la nueva ley que instituye un régimen procesal juvenil. Había sido consensuado entre los bloques pero Rückauf lo paró aduciendo escasez de fondos. Había prometido 20 millones de pesos que ahora desaparecieron.

Rückauf y Videla, dos hombres que ríen. Los secretos de una relación que el gobernador preferiría olvidar.

Por Horacio Verbitsky

El director de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, Ariel Bucich, afirmó durante la undécima reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos que “si un policía mío tortura, le pego un tiro en la nuca”. Bucich también negó que existieran torturas en la provincia y dijo que las denuncias eran habituales en los presos o en funcionarios judiciales que “hacen política a través de la prensa”. Hace dos meses el jefe de policía, comisario mayor Eduardo Raúl Martínez, declaró en un reportaje que “si encuentro a alguien que torture, yo mismo lo fusilo por la espalda”, con lo cual el exabrupto de Bucich puede considerarse apenas como una precisión anatómica, con reminiscencias de la Triple A. Sin embargo, fuentes del peronismo bonaerense dijeron que Bucich, que tiene cerca de 50 años, militó en otras tendencias del peronismo de Quilmes, en la tercera sección electoral. Su líder político inmediato es el ministro de Trabajo Aníbal Fernández. Fue designado director provincial durante la gestión del ex gobernador Eduardo Duhalde, y los organismos de derechos humanos de la provincia no tienen un mal concepto de él, pero desató su lengua luego de ser confirmado por el gobernador Carlos Rückauf, quien hizo campaña para la gobernación prometiendo meter “bala a los ladrones”.
El Consejo Federal de Derechos Humanos sesionó el 28 y 29 de noviembre en el piso 11 del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Según la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación, la ex diputada bonaerense Diana Conti, funcionarios de esa dependencia y delegados de otras de las 17 provincias asistentes al encuentro impugnaron la propuesta del tiro en la nuca aduciendo que era un método “contrario al estado de derecho”. La provincia de Buenos Aires tiene el record nacional del gatillo fácil, pero en general sus víctimas no son policías torturadores. Que el jefe de policía proponga fusilar por la espalda es grave. Que el director de derechos humanos especifique en qué parte del cuerpo debe hacerse impacto es un escándalo.

Recorte virtual

Al mismo tiempo, la Directora del Consejo Provincial del Menor, Irma Lima, anunció al gobierno que si no honra su compromiso de sancionar una nueva ley que incorpore los conceptos básicos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, renunciará al cargo que asumió en agosto. Rückauf recurrió a la jueza Lima para reemplazar a su antecesor, Daniel Bolinaga, en un intento por atenuar la repercusión de las denuncias sobre el maltrato a chicos en comisarías e institutos de la provincia, entre ellos el Hogar Jesús de Nazareth, regenteado por la Fundación Obispo Emilio Ognénovich. El proyecto de ley, que tiende a evitar la criminalización de la pobreza, contempla una serie de políticas públicas de minoridad que no impliquen castigos penales y establece un sistema procesal juvenil en el que un fiscal acuse, un defensor defienda y un juez sentencie. Había sido consensuado entre las distintas fuerzas políticas y llevaba la firma de todos los presidentes de bloques. Estaba prevista su sanción legislativa el jueves, pero el miércoles Rückauf decidió retirarle su apoyo, aduciendo que el congelamiento del gasto acordado con el gobierno nacional impedía financiarlo. Irma Lima intimó entonces al gobierno provincial a cumplir con el compromiso que Rückauf hizo público al designarla, de reforzar su presupuesto en unos 20 millones de pesos, aplicando a ese fin los recortes en las dietas y los gastos de los legisladores provinciales. Rückauf envió a negociar con la inflexible Lima a su ministro de Economía Jorge Sarghini, quien tiene plazo hasta mañana para dar una respuesta. El primer diálogo entre ambos no fue alentador. Lima reclamó los 20 millones prometidos, la mitad de los cualesservirían para poner en marcha la ley y el resto para seguir sacando chicos de las comisarías. Sarghini respondió que los recortes en la legislatura sólo habían sido “virtuales”. Detrás de las aducidas razones presupuestarias se agitan también oscuros intereses: el ministro de justicia Jorge Casanovas objeta la ley porque pretende imponer en lugar de Lima a su asesor Marcelo Jalil, el amigo de Eva Gatica que llegó a dirigir el Consejo Nacional del Menor y la Familia. El secretario general de la gobernación, Esteban Caselli se opone en defensa de bastiones tradicionales de la Iglesia.

Escuela

El 20 de agosto este diario reveló que en 1978 la República Federal de Alemania presentó una reclamación diplomática porque un ciudadano alemán había sido torturado, a palos y con picana eléctrica. Martínez fue identificado por la víctima entre más de 60 policías como el hombre que lo torturó y el peritaje médico probó el paso de corriente eléctrica y los golpes con palos. Sin embargo, un juez de la dictadura lo sobreseyó con el notable argumento de que la policía no encontró la picana eléctrica en la comisaría y que los otros detenidos no habían oído quejarse al ciudadano alemán. Su designación por Rückauf para reconstruir la mejor maldita policía del mundo coincidió con un incremento descomunal de maltratos a detenidos. Rückauf dispuso dilatar su relevo hasta los pases de fin de año, para disimular el estruendoso fracaso de su política en el área. Pero sus recomendaciones sobre cómo tratar con quienes violan la ley han hecho escuela e influyen incluso en los encargados de velar por los derechos humanos de los ciudadanos bonaerenses. Hace dos semanas, además, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia confirmó la condena a uno de los protegidos de Martínez y del ministro de Seguridad Ramón Verón. Se trata del ex jefe de la comisaría 1ª de San Nicolás, Rubén Claudio Gatti. En 1992 la jueza Adela Formichelli lo condenó a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por cuatro, por golpear con un palo a un detenido. En 1993, la sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín confirmó la condena. El recurso extraordinario de Gatti esperó durante siete años una decisión de la Suprema Corte. La causa estaba por prescribir cuando en esta página se informó sobre ella, hace dos meses. Recién entonces la Corte la desempolvó y ahora confirmó la condena. El jefe de Gatti, comisario inspector José Aurelio Ferrari había explicado que las lesiones al detenido se produjeron durante un intento de fuga. La sentencia judicial, en cambio, consigna que fue golpeado mientras estaba en la oficina de Gatti “con sus manos esposadas”.
La Corte también recibió una nueva denuncia del asesor de menores en el departamento judicial de San Isidro, Carlos Eduardo Bigalli, quien transmitió su “profunda preocupación por la cantidad de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que habría infligido personal policial a niños por mí asistidos”. El escrito señala que en los primeros siete meses del año se comunicaron a la Corte 159 denuncias, a las que se sumaron 20 en agosto, 22 en setiembre, 21 en octubre y 22 en la primera quincena de noviembre. Esto significa que se han duplicado en el último mes y se han sextuplicado desde que asumió Rückauf. En reiteradas oportunidades el presidente de la Corte, Guillermo David San Martín intimó al gobernador y al ministro de seguridad a que hicieran cesar esa situación intolerable.

Sonrisas

Uno con pelo, otro de uniforme, ambos sonrientes, reconocibles sin esfuerzo a pesar del paso del tiempo. La foto fue tomada en 1975, cuando Carlos Rückauf era ministro de Trabajo de Isabel Martínez de Perón y Jorge Videla ocupaba el Comando General del Ejército. Durmió en los archivos durante veintidós años, hasta el 8 de agosto de 1997, cuando la reprodujo un pasquín de aparición eventual. La explicación de la represalia estaba en el propio artículo que acompañaba la foto: Rückauf se había atrevido a dormir en el lecho presidencial durante un viaje del Jefe supremo de la Nación, transgresión imperdonable a la liturgia imperial. En forma interina a cargo del Poder Ejecutivo, Rückauf pidió un informe a la Policía Federal. La foto nunca había sido publicada y sólo estaba en los archivos de la presidencia. En su única manifestación pública sobre el tema, Rückauf dijo que se había tratado de una visita protocolar que Videla le hizo al asumir y le restó cualquier significación política. Esta semana se distribuirá la biografía política de Rückauf, El hombre que ríe, escrita por el periodista Hernán López Echagüe, que refuta esa rosada versión: “Videla no se ha desplazado hasta allí para conversar banalidades, y mucho menos intercambiar lisonjas y reverencias. Muy otro es su objetivo. Está afligido; los paros y las huelgas lo sacan de quicio, explica, pues entonces mucho le agradaría observar alguna reacción enérgica por parte del ministerio. Durante el cordial encuentro se sientan las bases de un proyecto de ley que el ministro hará público una semana más tarde, y cuyo propósito fundamental es prohibir la realización de huelgas salvajes”, dice. El libro reseña su texto: “Todo paro, abandono de trabajo, ausencia concertada y toda otra forma de perturbación colectiva de la actividad normal por parte de agentes del Estado será sancionada con la cesantía o exoneración, la que será efectiva sin necesidad de sumario previo”. Antes, Rückauf había sido uno de los firmantes del decreto que creó el Consejo de Seguridad Interna, liberó de todo freno a las Fuerzas Armadas en la represión, e indicó que “la lucha antisubversiva” abarcaría “no sólo la faz represiva, sino también la actividad política, económica, social y cultural”. En otra página del libro, López Echagüe recuerda una declaración del ministro de Trabajo al canal 11 de televisión: “La guerrilla de fábrica se debe a los sectores empresarios que tomaron militantes de ultraizquierda para romper las conducciones sindicales peronistas. El problema vital es acabar con la subversión. Los empresarios decían que iban a chupar (sic) a la izquierda, que luego terminó manejándolos”. Los militares enderezarían el entuerto.

Bestias negras

No es ocioso recordar hoy aquella complacencia con la escalada castrense hacia el poder, en la que pueden hallarse algunas raíces de la tragedia que el país padeció a partir de 1976. Si entonces cualquier aberración se justificaba con sólo invocar la lucha antisubversiva, hoy cumple la misma función la inseguridad. No importa que para ello deba forzarse la realidad y borrarse con el codo lo que se escribió ayer. Una de las bestias negras del gobierno provincial, y en particular del ministro Casanovas, ha sido la ley 24.390, conocida como 2 por 1, que computa doble el tiempo de detención sin condena. Según Casanovas se encamina a “proteger a los delincuentes” en detrimento de los “derechos de los ciudadanos”. El gobernador y su ministro pretenden que no sería de aplicación en la provincia, dado que no se trataría de una ley penal (que es competencia del Estado Nacional) sino procesal (cuyo dictado corresponde a cada provincia). Esa ley fue sancionada y promulgada en 1994, para lo cual Rückauf dio su consentimiento como ministro del Interior. Al año siguiente un plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal debió decidir sobre sus alcances. El voto mayoritario fue firmado por el entonces camarista y hoy ministro de Justicia Jorge Casanovas. Alertó sobre “los perjuicios deteriorantes de la pena”; dijo que la ley reglamentaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional; señaló el principio según el cual siempre que sea posible debe estarse a favor de la libertad; se pronunció por “un derecho penal que sea mínimamente intenso,es decir lo menos aflictivo y estigmatizante”; sentenció que “toda norma que coarte la libertad personal del individuo debe ser interpretada en forma restrictiva” y consideró “claro” que no era sólo una norma procesal. Es decir, todo lo contrario de lo que hoy sostiene. Apropiado colaborador de quien pretende llegar a la presidencia en patrullero y disparando antes de preguntar.

 

Por decreto no

Por H.V.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) objetó que el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de los condenados por el ataque a un cuartel del Ejército en el Gran Buenos Aires en 1989, se produjera mediante un decreto de necesidad y urgencia. Esa posición fue fijada en una carta al presidente Fernando De la Rúa, que el organismo entregó ayer en la residencia de Olivos. Su texto exhorta al presidente a solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Luego de casi noventa días sin recibir alimentos sólidos, los presos han solicitado el indulto presidencial que De la Rúa se niega a conceder. Analiza en cambio el decreto de necesidad y urgencia garantizando el recurso a un tribunal superior. Otros organismos de derechos humanos declararon que aceptarían un decreto que condujera a la libertad inmediata de los presos. El CELS se opuso e, invocando el fortalecimiento de las instituciones democráticas, transmitió a De la Rúa “su honda preocupación ante un posible decreto que, con el alegado propósito de cumplir con la normativa vigente, le provocaría un gravísimo quebranto. La necesaria adecuación de nuestras leyes a las normas superiores de derecho internacional no es concebible a espaldas del Congreso de la Nación. Los derechos humanos no pueden servir de convalidación para la nefasta práctica de gobernar por decreto, sobre todo en materia penal, que la Constitución veda en forma expresa al Poder Ejecutivo, aun en casos urgentes”.
El ministro del Interior, Federico Storani recomendó el camino del decreto de necesidad y urgencia, que el gobierno también ha usado para desregular las obras sociales. En cambio los secretarios de Justicia y de Derechos Humanos, Diana Conti y Melchor Cruchaga prefirieron la inclusión en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso del proyecto del Ejecutivo que reforma la ley de defensa de la democracia, de modo de permitir a los condenados el recurso a un tribunal superior, como recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la reunión de ayer en Olivos, De la Rúa decidió postergar la consideración del decreto hasta el miércoles, hasta observar si el Congreso trata el proyecto de ley. Juan Pablo Cafiero le hizo saber que el Frepaso tampoco avalaría un decreto en material penal.
La carta del CELS recuerda los reclamos formulados por el organismo a los tres poderes del Estado para que cumplan con esas recomendaciones. “En gestiones ante el ministerio de Justicia y ambas Cámaras del Congreso hemos pedido la sanción de una ley que consagrara la doble instancia judicial para los condenados en este caso. Hemos intervenido ante los tribunales para instar la investigación penal por las ejecuciones sumarias y las torturas cometidas con posterioridad a la rendición de los detenidos. Asimismo, en una presentación como amicus curiae solicitamos a la Cámara de Casación Penal que actuara de acuerdo con lo establecido en la Constitución y reconociera el derecho al recurso. El CELS acompañó al presidente de la CIDH en su visita a los jueces de la Cámara de Casación para solicitarles que resolvieran con la mayor prontitud lo solicitado. Pero, por desgracia, nuestro reclamo no fue atendido por la Cámara. Los condenados no han recurrido ante la Corte Suprema y, en cambio, se han dirigido a Usted en busca de una solución inmediata. El CELS no ha cambiado de posición y reitera los conceptos de su fundador, Emilio Mignone: ‘Sólo la aplicación igualitaria de la ley garantiza la democracia, el progreso y el bienestar de la Nación. No es el momento de arriar las banderas de la causa de los derechos humanos, sino de exhibirlas en toda su plenitud, con honestidad y firmeza’”.
El CELS afirma que así como los indultos a procesados dispuestos por el ex presidente Carlos Menem “avanzaron sobre las atribuciones del Poder Judicial, un decreto de necesidad y urgencia modificatorio de la ley penal usurparía facultades del Poder Legislativo, como sin lugar a dudas lo establece el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Las interpretaciones oportunistas que se esbozan, excluyendo de la prohibición la materia procesal penal, como si pudieran escindirse, abrirían un curso de arbitrariedad y discrecionalidad impropio del sistema republicano que los argentinos hemos elegido para gobernarnos.
La decisión política de dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH y a la normativa constitucional, y la búsqueda de una solución humanitaria del conflicto deben manifestarse en hechos racionales y responsables, que fortalezcan y no agredan el estado de derecho. Por tal razón, lo exhortamos a que:
emplee el poder del que está investido, con la misma insistencia con que lo ha hecho en materia económico social, para exigir de los legisladores la urgente sanción del mejor proyecto de ley presentado en el tema;
inste por los medios procesales pertinentes un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la omisión de los condenados, que no han recurrido el fallo de la Cámara de Casación. Entendemos que el Poder Ejecutivo está legitimado a intervenir en el proceso ante su deber de evitar la responsabilidad internacional del Estado argentino y por su obligación de custodia de los detenidos;
disponga las medidas necesarias para que se investiguen con independencia y seriedad las ejecuciones y torturas corroboradas por la CIDH;
De este modo, contribuirá a la cancelación de esta deuda de la democracia argentina consigo misma”.

 

 

KIOSCO12

PRINCIPAL