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Por Julio Nudler
 “El nuevo presupuesto
2001 presenta, sorprendentemente, mayores gastos, menor crecimiento y
por ende mayor déficit, todo con el aval del Fondo Monetario.”
La sorpresa es confesada por los analistas del Ieral (Fundación
Mediterránea) en su último informe semanal, pero compartida
por cualquier observador de las recientes contorsiones en el enfoque de
la crisis, incluyendo las piruetas de José Luis Machinea y su equipo.
Todos aceptaron, de la noche a la mañana, que el déficit
fiscal para el año próximo salte de $ 4820 millones (base
devengado) a 6995 millones, a pesar de que ello viole el límite
establecido por la ley de Solvencia Fiscal, que por tanto debe ser modificada.
Curiosamente, así como antes reducir el déficit era la condición
necesaria para insuflar confianza en los mercados y bajar así el
riesgo–país y las tasas internas de interés, ahora
se pregona el mismo objetivo pero subiendo el déficit. La misión
de inducir confianza queda encomendada al blindaje financiero que proveerá
el FMI, con lo que el país está renunciando a que los especuladores
lo consideren un deudor serio y solvente, pero sí que en cambio
consiguió un buen garante.
Estimando un menor crecimiento económico para el año que
viene y programando un mayor déficit fiscal, el Presupuesto 2001
iguala virtualmente esas dos variables en unos $ 7000 millones. Esa sería
la mayor riqueza generada por la actividad económica, y también
el rojo de las cuentas públicas. En cambio, el incremento de la
deuda pública será claramente superior, porque además
del déficit fiscal, que se cubre indefectiblemente con endeudamiento
adicional, habrá otras vitaminas para el engorde de la deuda en
otros 7000 millones, aproximadamente, por la entrega de bonos para cumplir
con sentencias judiciales, consolidar otras deudas atrasadas del Estado
y los desequilibrios provinciales. De este modo, el aumento del pasivo
público duplicaría el déficit fiscal nacional y el
crecimiento del Producto Bruto. Esta ecuación dice, en términos
sencillos, que el país no estará convergiendo hacia una
situación más equilibrada, que le permita reducir su vulnerabilidad
financiera externa, sino caminando en sentido divergente y quizás
explosivo, a pesar del blindaje.
Presupuestariamente, el sendero por el que se mueve el Gobierno es muy
estrecho. Basta saber que el 25 por ciento de los recursos presupuestarios
esperados en el 2001 deberán utilizarse para pagar intereses de
la deuda estatal. En cambio, para inversiones públicas o para educación
y cultura se destinará alrededor de un 7,5 por ciento de los recursos.
Como cumplir con los acreedores es la prioridad absoluta, los restantes
destinos del gasto son la variable de ajuste. Por tanto, la relajación
en la disciplina fiscal, aceptando un déficit más grande,
descomprime un poco la caldera. En realidad, dentro de la confusión
reinante, nadie sabe realmente qué efecto tendría hacer
una cosa o la contraria, aunque todos arriesguen vaticinios aparentemente
científicos.
En la práctica, contando con la red de seguridad que tenderán
el FMI y otros bomberos externos, la Argentina se da el lujo, al borde
mismo del precipicio, de anunciar para el 2001 un déficit fiscal
semejante al que resultó de la “dilapidación”
menemista de 1999. ¿Pero cuál será el efecto de esta
frivolidad? Si se insistiera en contraer el déficit en lugar de
expandirlo, podría profundizarse la recesión, con lo que,
a la postre, la mancha roja crecería de todas formas al caer la
recaudación impositiva, como consecuencia de una economía
más chica. Esta relación entre recursos tributarios y nivel
de actividad es tan estrecha en la Argentina porque el sistema impositivo
percute masivamente sobre el consumo, y muy poco comparativamente sobre
las rentas y los patrimonios. Por otro lado, tampoco puede descartarse
que, a pesar del mayor déficit presupuestado, el respaldo internacional
al país aplaque a los acreedores y disminuyamarginalmente el costo
de la deuda externa, ayudando a reducir el déficit fiscal.
Un punto crucial que toca el mencionado informe del Ieral es el del sector
privado, que por ahora no tiene blindaje alguno. “Los vencimientos
de Obligaciones Negociables rondan los 6000 millones de dólares,
y las grandes empresas –advierte– deberán renovar sus
créditos con tasas por el momento muy elevadas”, mientras
los bancos se dediquen a financiar al Gobierno. Esto puede abrir una vía
de agua no prevista en los planes.
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