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 Dando término a una larga
ceremonia de confusión, el presidente Fernando de la Rúa
“y todos sus ministros” firmaron ayer el decreto de desregulación
de las obras sociales, por el cual los trabajadores en relación
de dependencia adheridos al Sistema Nacional del Seguro de Salud podrán
“ejercer su derecho de opción en la elección del prestador”
a partir del 1 de enero próximo. En términos prácticos,
esto significa que las empresas de medicina prepaga entrarán finalmente
a competir abiertamente con las obras sindicales, en la medida en que
lo consideren un buen negocio, pudiendo recibir en pago los aportes que
por ley efectúan empleados y empleadores sobre el salario. De esta
manera se completa la desregulación que, inicialmente, se limitó
al ámbito de las obras sociales, al haberse autorizado la migración
de los trabajadores de unas a otras, sin importar el gremio al que pertenecieran.
Este nuevo paso, que abre el mercado de la salud masiva a las prepagas
y a los prestadores privados en general, cumple con una insistente exigencia
del Banco Mundial y del propio establishment empresario y los economistas
liberales, opuestos a que el Estado y los sindicatos mantuvieran su protagonismo
en este disputado servicio.
Según anunció la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich,
al término de la reunión de Gabinete en la residencia de
Olivos, tras varias controversias por el manejo de “las cajas de
las obras sociales” el Gobierno decidió introducir cuatro
modificaciones al proyecto original, cuya base es la obligación
de los prestadores de salud de brindar el así llamado Programa
Médico Obligatorio (PMO). Entre las modificaciones que mencionó
la ministra figura una mayor participación de “las obras sociales,
de empresas prestadoras privadas y demás entidades que se puedan
adherir” al sistema en el debate para la confección de las
normas regulatorias del nuevo esquema, que, según ordenó
en la víspera De la Rúa, deberán estar listas “el
22 de diciembre” como última fecha.
Asimismo, se decidió “excluir al PAMI (Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) del sistema de competencia”,
con lo que se lo diferencia claramente de las restantes obras sociales.
También se resolvió utilizar “sólo el 3 por
ciento” del Fondo Solidario de Redistribución –en principio
se había establecido en el 5 por ciento– para financiar los
gastos administrativos de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Otra novedad que incorpora el decreto –que, según afirmó
el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, “ya estaba firmado por el
Presidente” con anterioridad a su viaje a México y “sólo
le faltaba la firma de todos los ministros”– es que parte de
ese Fondo Solidario será destinado a “cubrir desequilibrios
financieros” de obras sociales únicamente “por mora en
los aportes”. El decreto establece además que con ese Fondo
“se subsidiará automáticamente a aquellos beneficiarios
que reciban menores ingresos, con el propósito de equiparar sus
niveles de cobertura obligatoria”. Parte del Fondo, uno de los ejes
de la discusión gobierno–sindicatos, también “se
distribuirá automáticamente entre los agentes del Seguro
de Salud que lo soliciten” para poder cumplir coberturas de “alta
complejidad o elevado costo y baja frecuencia de utilización”.
Héctor Lombardo, ministro de Salud, aclaró que el decreto
“no contiene cambios de fondo” respecto del original que en
su momento había impulsado el ex vicepresidente Carlos Alvarez.
Indicó que “sólo hay algunas cosas que se corrigen”,
como por ejemplo el artículo primero, que decía que entraban
todas las obras sociales de la ley 23.660”, y en este caso “no
ingresan el PAMI ni las obras de las Fuerzas Armadas”. También
indicó que a partir de la puesta en marcha del nuevo sistema, el
próximo 1º de enero, habrá un período de transición,
porque hay que reglamentar el funcionamiento, los derechos y las obligaciones
de prestadores y beneficiarios, determinando cómo se sancionarán
los incumplimientos.
Lombardo resaltó que por el nuevo sistema se reemplazará
el aporte básico de 40 pesos por núcleo familiar por otros
de 20 pesos por afiliado,lo cual, afirmó, “amplía enormemente
la posibilidad de atención de los que menos tienen”. De esta
manera, en lugar de un monto mínimo por familia, independiente
del número de integrantes, se establece una cápita individual,
que vuelve variable el piso familiar. El ministro señaló
que a la modificación del sistema prestacional de las obras sociales
se agregarán otras reformas del sistema público de salud,
con la incorporación de médicos de cabecera en los hospitales
y el Programa Médico Obligatorio (PMO) “para atender a todos
los que no tienen cobertura”.
Bullrich afirmó que hasta el 22 de diciembre se efectuarán
“consultas a todos los sectores interesados en adherirse”, entre
los que incluyó también a “hospitales y colegios médicos”.
Al dar a conocer estos cambios, la ministra desechó la posibilidad
de que el sindicalismo declare un paro, tal como había advertido,
para repudiar la desregulación. “El Gobierno no cree que vaya
a haber un paro, porque acá las obras sociales y sobre todo las
de los empleados de menores salarios van a verse totalmente beneficiadas
con la libre competencia en materia de salud”, aseguró. Este
punto de vista no es compartido por quienes no ven cómo, dados
los bajos niveles salariales y las fuertes diferencias remunerativas,
la privatización de la salud masiva podrá garantizar prestaciones
mínimamente igualitarias para personas de diferente nivel económico,
teniendo además en cuenta el nivel de tarifas que cobran las prepagas
de cierta confiabilidad.
En general, los valores en juego dentro del nuevo sistema desregulado
aparecen como muy distantes de los precios de mercado que aplica la medicina
privada. Como ejemplo puede citarse “la cobertura de prestaciones
médicas especiales de alta complejidad o elevado costo y baja frecuencia
de utilización y las de discapacidad”, a las que se refiere
en un punto el decreto ayer suscripto. Para garantizar esta clase de cobertura
se dispone distribuir “entre los agentes del Seguro de Salud que
lo soliciten” y cumplan los requisitos establecidos “un monto
mínimo de pesos uno ($1) mensual por beneficiario”. De hecho,
voceros de algunas prepagas manifestaron su desinterés por desembarcar
en el negocio si el régimen les imponía la prestación
de un Plan Médico Asistencial, que incluya como mínimo la
totalidad de las prácticas y servicios del PMO, a cambio de aportes
que partieran de un piso de apenas 20 pesos mensuales por beneficiario.
En los últimos años, a pesar de mantenerse la separación
entre el campo de la medicina social y la privada, las prepagas ganaron
protagonismo en el mercado exclusivo de las obras sociales como prestadoras
o, en muchos casos, simples intermediarias entre los sindicatos y sanatorios
y clínicas. Algunas prepagas lograron incluso disfrazarse de obras
sociales, apropiándose de algunas de ámbito empresario que
pertenecieran a firmas ya inexistentes, para colarse en el negocio y posicionarse
para el ansiado momento en que la privatización llegara también
a este ámbito. Ese momento ha llegado, y el debilitado movimiento
sindical no parece contar con fuerzas suficientes para impedirlo, pese
al golpe, sobre todo financiero, que le asesta.
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