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Por Raúl
Dellatorre
 No quedó claro si el
sentido de la oportunidad se lo señaló la presión
del Senado, que en la última semana criticó duramente la
extensión del contrato, o la intención del gobernador neuquino
de “ganarle de mano” al gobierno nacional. Lo cierto es que
en forma absolutamente imprevista e inusual –tratándose de
un sábado a la mañana–, el presidente de Repsol YPF,
Alfonso Cortina, y el mandatario de Neuquén, Jorge Sobisch, anticiparon
ayer que la Nación, la provincia y la empresa firmarán “entre
martes y miércoles” el acuerdo para extender por diez años
–prorrogando el vencimiento hasta el 2027– la concesión
del rico yacimiento gasífero de Loma La Lata. Dándole la
espalda a los cuestionamientos de la Cámara alta, pero a la vez
sorprendiendo por “cortarse solos” sin la presencia de representantes
del gobierno nacional, Sobisch y Cortina –por impulso del primero,
según supo Página/12– decidieron tomar la iniciativa
y dar por cerrado el asunto.
Sin programarla previamente, Repsol YPF convocó durante la mañana
del sábado a una conferencia de prensa para antes del mediodía.
Pero no fueron los periodistas locales los únicos sorprendidos.
Un nutrido grupo de hombres y mujeres de prensa de España, que
invitados por la petrolera visitan el país, fueron despertados
a las ocho de la mañana en su hotel para participar de la reunión.
No eran esos sus planes: ayer era el único día libre que
tenían para dedicarlo a recorrer y conocer Buenos Aires.
El anuncio –en realidad, la confirmación de un hecho largamente
anunciado– se realizó en el marco del XI Seminario Repsol
YPF–Harvard que se realiza este fin de semana en el Alvear Palace.
La premura de Sobisch, según comentaron fuentes cercanas al evento,
no dejó lugar a que se esperara hasta la conferencia de prensa
programada para mañana, lunes, cuando se presenten las conclusiones
al cierre del seminario. No fue el único hecho llamativo: el otro
es que, con diferencia de minutos y hasta simultáneamente a la
conferencia de prensa, en el salón contiguo (Versalles) la secretaria
de Energía, Débora Giorgi, participaba del plenario que
se desarrollaba como parte del evento. ¿No fue invitada a participar
de la conferencia de prensa o no quiso concurrir? No hubo forma de acceder
a ella para consultarla.
El miércoles último, la prórroga del vencimiento
del contrato de explotación había sido tratado en la Comisión
de Combustibles del Senado, en presencia de la secretaria Giorgi. Allí
se cuestionó la forma en que el gobierno nacional manejó
la negociación –”a puertas cerradas”, se lo acusó–
y se puso en duda que se hubieran defendido los intereses nacionales de
la mejor forma, frente a la supuesta presión de la petrolera española.
Curiosamente, esta misma comisión ahora acusadora debió
entrar en un prolongado receso –un cono de silencio, en realidad–
durante los últimos dos meses, después que la senadora Silvia
Sapag (del movimiento popular neuquino al igual que Sobisch, pero enfrentada
al gobernador) hiciera estallar un escándalo al confesar que Emilio
Cantarero, titular de ese cuerpo, le había sugerido que “había
mucha plata” de las petroleras para “negociar” la Ley de
Hidrocarburos. El propio Cantarero, según Sapag, había involucrado
al vice de la comisión, Juan Ignacio Melgarejo, en las supuestas
negociaciones. Melgarejo renunció, y Cantarero pidió licencia.
La del último miércoles fue su primera sesión después
de estos hechos.
Con el ánimo retemplado, la Comisión de Combustibles volvió
a la carga. La secretaria de Energía admitió el miércoles
que el acuerdo de prórroga aún no había sido firmado.
“Hay un preacuerdo de palabra”, confesó. Y lo que Débora
Giorgi no dijo para la versión taquigráfica, fuentes legislativas
aseguran que lo confió en forma reservada, como por ejemplo que
no hubo auditorías del gobierno ni contratada con terceros para
determinar el valor del yacimiento neuquino, o el flujo de ingresos que
le generaría a la petrolera española la extensión
por diez años del contrato.En definitiva, el pago de 300 millones
de pesos que hará Repsol YPF como contrapartida –un “cash
bonus” y no un canon, según lo definió Georgi–
al Estado nacional, surgió de una negociación en base a
los datos suministrados por la propia empresa.
La senadora Sapag le enrostró a Giorgi el mismo miércoles,
tras dispararle un listado de 25 preguntas, que “usted ha demostrado
total desconocimiento sobre el valor del yacimiento, no definió
los parámetros en base a los cuales se resolvió la prórroga
(del vencimiento) de la concesión. ¿Qué fundamentos
jurídicos tuvo para declarar que Repsol YPF no iba a seguir haciendo
inversiones si no se prorrogaba el contrato, lo cual provocaría
una caída de la producción de 12 mil millones de metros
cúbicos anuales de gas hasta el 2012, a 4000/4500 millones en los
años posteriores, por falta de interés de la empresa al
no tener un horizonte para amortiguar las inversiones?”.
Durante la conferencia de prensa de ayer, los directivos de Repsol YPF
entregaron muy pocos datos adicionales para despejar las dudas. Eludieron
precisar la rentabilidad esperada por los diez años adicionales
de explotación, así como los parámetros tenidos en
cuenta para determinar los 300 millones que abonarán al Estado
nacional en tres cuotas: 80 este mes, 100 dentro de un año y 120
dentro de 24 meses.
Este diario consultó a Cortina y a Sobisch sobre cómo se
entenderían con la oposición del Senado a su extendida concesión,
y con el hecho de que Repsol, siendo la principal empresa del país,
ha pasado a ser un actor político sobre el cual parecen decididos
a cargar diversos sectores partidarios y sindicales. “Yo disiento
totalmente con esa aseveración; nosotros no jugamos ningún
papel político, somos un operador económico que hemos contratado
con quienes tenemos que contratar: el gobierno de Neuquén y el
gobierno de la Nación. En cuanto a la posible oposición
de senadores, es un tema que no nos corresponde a nosotros valorar”,
respondió Cortina. Sobisch agregó que “con respecto
a la oposición de los senadores, quiero aclarar que el periodista
(de Página/12) tiene un error de cálculo: hay una oposición
pero no una oposición cerrada, y no es mayoritaria; el segundo
aspecto es que nada tiene que ver este convenio con el Senado, de manera
que no se discute en el Congreso”. La mayoría justicialista
de la Cámara alta y representantes de partidos provinciales dicen
otra cosa.
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