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La evasión
en los impuestos que recauda la AFIP (Administración Federal
de Ingresos Públicos) llega a los 29 mil millones de pesos
anuales, o 10 por ciento del PBI, en una hipótesis conservadora.
Es decir, puede ser mucho más. A ese impresionante cálculo
llega el actual subsecretario de Política Tributaria, Juan
Carlos Gómez Sabaíni, en el extenso trabajo sobre
el sistema tributario federal que realizó con otro experto,
Jorge Gaggero, el año pasado. En realidad, ellos hablan de
“incumplimiento” en lugar de evasión, aunque no
siempre.
Como quiera que sea, la fuga de recaudación habría
trepado en 1999 hasta los 35 mil millones de pesos si se incorporan
a la medición los fiscos provinciales y municipales. Esto
toma todavía más color porque el guarismo representa
así doce puntos del Producto. Ahora bien: la presión
tributaria consolidada Nación/Provincias estimada para 1999
era (el estudio es de septiembre) de 21,5 puntos (17,7 para la Administración
Nacional y 3,8 para las restantes), con lo que la recaudación
potencial, incluyendo las tasas y contribuciones municipales, alcanzaría
–de no haber escapes– a un 36 por ciento del PBI.
Ante estos números, Gaggero y Gómez Sabaíni
constatan, “en toda su crudeza, la paradoja tributaria argentina:
debido a la sobreimposición a los consumos, la presión
legal consolidada no es lo que se llamaría baja, comparada
con la de otros países de desarrollo intermedio, “pero
el nivel de evasión es extremadamente alto en relación
con el predominante en ese mismo grupo de naciones”. ¿No
es curioso que este Gobierno, que le confió a Gómez
Sabaíni la conducción política de estos asuntos,
haya debutado con un aumento en las tasas impositivas, incluyendo
a las que gravan los consumos?
Otra notable comprobación: con una reducción de sólo
una cuarta parte en la evasión (de 12 a 9 puntos del PBI)
se podría casi alcanzar el equilibrio fiscal convencional.
Y si fuese dado conseguir que la fuga de contribuciones se redujese
un tercio (a 8 puntos del Producto, ya cerca de lo que ocurre en
Chile), “se podría lograr un equilibrio fiscal más
sustancial (que evitase la acumulación de deuda pública
por causas distintas del financiamiento del déficit convencional)”.
Los autores afirman, a partir de esto, que “hasta que la AFIP
(Administración Federal de Ingresos Públicos; es decir,
DGI más Aduana) y las administraciones provinciales no logren
un salto de credibilidad, toda nueva reforma tributaria resulta
contraindicada”. Así pensaba el año pasado el
hombre que este año diseño junto a Machinea el impuestazo
y ahora dice que no hay estimaciones serias de evasión en
la Argentina.
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