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Por
Laura Vales
 Los
presos de La Tablada no tienen mayores expectativas de que el Congreso
apruebe esta semana la ley que les habilitaría una segunda instancia
judicial. Por eso ayer reiteraron su exigencia de que el Presidente dicte
un decreto que –ya sea por vía del indulto, de la conmutación
de penas o contemplando la revisión de las condenas con aplicación
del dos por uno– les devuelva la libertad. “Ni sueñen
que se va a levantar la huelga de hambre, que ya lleva 90 días,
por esta promesa”, sostuvo el vocero del MTP Adrián Witemberg
sobre el posible tratamiento del proyecto en Diputados. Pero la subsecretaria
de Derechos Humanos, Diana Conti, descartó de plano la posibilidad
de un indulto presidencial y ratificó que, si el Congreso no trata
“favorablemente” el proyecto de ley, la iniciativa saldrá
por decreto.
Conti habló de esta vía como “una posibilidad cierta
en término de días”. Recordó que los ayunantes
“ya llevan tres meses sin comer, por lo que se están colocando
en una situación riesgosa” y precisó que el Gobierno
considera que “hay que cumplir con las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos”.
Conti está entre los funcionarios que prefieren apostar a que el
Congreso actúe, porque los decretos de necesidad y urgencia en
materia penal están prohibidos por la Constitución. Ayer
aclaró, en esa línea, que en el caso de que finalmente se
apele a la firma de un decreto éste “no tocará aspectos
penales sino meramente procesales”. La interpretación de la
funcionaria es que, al tratarse de un recurso en segunda instancia, se
trataría de una cuestión procesal.
La iniciativa, de todas maneras, no satisface a todos los organismos de
derechos humanos. El sábado, el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) entregó una carta a De la Rúa en la que objeta que
el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH se haga mediante un
decreto.
El CELS considera que así como los indultos dispuestos por el ex
presidente Carlos Menem “avanzaron sobre las atribuciones del Poder
Judicial, un decreto modificatorio de la ley penal usurparía facultades
del Poder Legislativo”. Y exhorta al Presidente a que exija a los
legisladores la sanción del proyecto.
El ayuno de los presos de La Tablada, que están internados en el
Hospital Fernández y en el Santojanni, entró hoy en su día
91 y las señales del deterioro se multiplican. El sábado
Miguel Aguirre tuvo una grave descompensación; no toleró
una endoscopia, reaccionó con una fuerte taquicardia y perdió
el conocimiento.
“Están sufriendo secuelas irreversibles por los días
pasados sin comer”, señaló ayer Marta Fernández.
La abogada detalló algunos de esos daños: “Aguirre
tiene bocio; Claudio Rodríguez muestra niveles muy bajos de vitamina
K, lo que revela problemas hepáticos serios y fragilidad en los
vasos y venas, con riesgos de que sufra un derrame. Enrique Gorriarán
Merlo está diabético y en Ana María Sívori
(que tiene artrosis generalizada) la pérdida de calcio le provoca
permanentes dolores en los huesos”. Fernández advirtió
que muchas de estas afecciones serán irrecuperables.
Básicamente, los presos recelan de una salida legislativa porque
ya levantaron un primer ayuno tras la promesa de que se trataría
la ley, pero el Congreso incumplió esa oferta. “Dieron seguridades
de que tratarían el proyecto de ley inmediatamente terminado el
receso y todavía estamos esperando. ¿Cómo podemos
confiar ahora en que la ley se trate?”, preguntó ayer Fernández.
Los condenados también recelan de que en la Legislatura sancionen
una ley que permita la revisión de la condena, pero al mismo tiempo
los excluya de la aplicación del dos por uno, con lo cual deberían
seguir en prisión. En esa línea, tanto Fernández
como Witemberg sostuvieron que losdetenidos están dispuestos a
seguir con la huelga “hasta las últimas consecuencias”
y que no aceptarán ninguna salida que les vede la libertad.
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