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Por
Eduardo Videla
 La
calle Vidal, en el barrio de Belgrano, tiene la extraña virtud
de ensancharse y angostarse según las circunstancia, sin necesidad
de obra pública alguna. Ese atributo se desprende del expediente
vinculado con la construcción de un edificio de ocho pisos, sobre
el 1539 de esa arteria, cuya altura fue calculada sobre un ancho de 17,32
metros para esa calle que, en realidad, resultó tener 5 metros
menos. El “error”, que a esta altura no parece involuntario,
derivó en un calvario para los propietarios: después de
años de trámites infructuosos, se enfrentan ahora con una
resolución del gobierno porteño, que ordena demoler la superficie
construida en forma irregular, que equivale a más de dos pisos.
En forma paralela, un proyecto presentado por el diputado Marcelo Vensentini
intenta regularizar la situación de los damnificados, convalidando
el exceso como una excepción al Código de Planeamiento Urbano.
El edificio, ubicado entre Virrey del Pino y Virrey Avilés, comenzó
a construirse en 1994 y se finalizó en setiembre del ‘97.
Tiene en total 48 departamentos –seis por piso–, de los cuales
42 fueron vendidos. Todos de dos ambientes, valuados en unos 70 mil dólares
cada uno. Eso, al menos, es lo que pagaron los propietarios: sin escritura,
su valor se reduce al de un inmueble invendible.
Lo pudo comprobar Teresa Domínguez, una de las propietarias, que
por problemas de salud necesitaba vender el departamento para volver a
Comodoro Rivadavia. “Desde marzo de 1999 estoy recorriendo oficinas
de la empresa, del gobierno de la Ciudad y de la Legislatura, en busca
de una solución”, se queja la mujer, que asumió la
representación de buena parte de los propietarios.
El caso de la calle Vidal se parece a aquellos que eran resultado del
festival de excepciones e irregularidades que fueron moneda corriente
en la ciudad de Buenos Aires. Por este caso, se sancionó al arquitecto
que confeccionó el plano, se inició un sumario administrativo,
del cual no se conocen los resultados y se tramitan dos causas penales.
Los vecinos están acorralados. Un grupo de nueve propietarios inició
acciones legales contra la empresa Nola Construcciones, propiedad de Saverio
Gerardo Natale, y pidió el embargo del edificio. Si esta medida
prospera, el edificio sería rematado y el resto de los compradores
perdería su derecho sobre su propiedad.
Según consta en el expediente, en el certificado de nomenclatura
parcelaria presentado en agosto de 1994, cuando se comenzó a construir
el edificio, consta que la calle Vidal tiene 17,32 metros de ancho. Como
el Factor de Ocupación Total (FOT) en esa zona se calcula en base
a las medidas de la calle, se autorizó una altura máxima
de ocho pisos. Recién tres años después, la Dirección
de Fiscalización de Obras y Catastro se dio cuenta de que, en realidad,
la calle en cuestión mide apenas 12,43 metros. Pero ya era tarde:
el edificio estaba terminado.
Esa misma dependencia le aplicó al arquitecto Juan Carlos Gentile,
responsable de la obra, cuatro años de suspensión en el
uso de la firma, e intimó a los propietarios a demoler las obras
no ajustadas al Código: un total de 1268 metros cuadrados.
El secretario de Planeamiento Urbano, Enrique García Espil, ratificó
esta decisión mediante una resolución del 3 de agosto último:
allí se fija un plazo de 60 días hábiles para que
se proceda “a la demolición de las obras reglamentarias”.
“No es la primera vez que ordenamos la demolición de obras
irregulares”, dijo García Espil a Página/12. El funcionario,
sin embargo, admitió que siempre se trató de edificios en
construcción, no terminados, como éste. “Lo agarramos
demasiado avanzado al caso”, admitió. El plazo de 60 días
ya está cumplido y, según García Espil, sólo
falta que se firme el decreto para la demolición.
El reclamo de los vecinos, sin embargo, encontró eco en la Legislatura.
El titular de la Comisión de Planeamiento Urbano, Marcelo Vensentini,presentó
un proyecto destinado a “convalidar la construcción, al único
efecto de expedir el certificado de final de obra”, elemento indispensable
para que los propietarios puedan acceder a la escritura. El proyecto establece
que la regularización se llevará a cabo “sin perjuicio
de las acciones administrativas y judiciales contra los responsables de
las irregularidades detectadas”.
“Es necesario regularizar la obra porque los propietarios no son
responsables de las irregularidades cometidas. La demolición implicaría
un perjuicio patrimonial para los afectados”, dijo Vensentini a Página/12.
Por cuerda separada, el legislador giró el caso a la defensora
del Pueblo, Alicia Oliveira, para que investigue supuestas irregularidades
cometidas en el ámbito oficial.
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