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Por
Cledis Candelaresi
 “Los
más pobres directamente no viajan.” Esa fue la explicación
dada a Página/12 por el secretario de Transporte, Jorge Kogan.
También afirmó que el 15 por ciento más pobre de
la población capitalina y bonaerense directamente no viaja y por
esta razón no está al alcance del reciente aumento de tarifas
que en trenes, colectivos y subte, suba que acentuó el malhumor
social y cosechó críticas de todo el arco político.
A pesar de esa defensa de la impopular medida, el propio gobierno admite
que los incrementos, en particular los ferroviarios, son el producto de
las renegociaciones que había realizado la administración
de Carlos Menem y que la de Fernando de la Rúa habría intentado
mejorar. “Nosotros no empezamos de cero en la renegociación.
Había un contrato firmado que perfeccionamos”, aseguró
Kogan. Página/12 sintetiza en qué medida esa estrategia
oficial fracasó.
La primera norma que el Gobierno omitió para autorizar los aumentos
fue la de dar cabida a todos los órganos oficiales con competencia
en el tema. Apenas 48 horas antes de anunciar públicamente la decisión
de ajustar 10 centavos los boletos de todos los medios de transporte públicos
del área metropolitana, la Comisión Nacional Reguladora
del Transporte exigió a Economía información sobre
el inminente aumento. Pero la negativa del Palacio de Hacienda habría
llegado rápida, fundada en el hecho de que se trataba de una información
confidencial. Este hecho crispó el ánimo de los miembros
del ente regulador, cuyo desempeño es mal visto por el propio ministerio
de José Luis Machinea, del que depende la CNRT.
El ministro y su secretario de Transporte habrían conseguido el
aval expreso de Aníbal Ibarra para autorizar los aumentos en los
subterráneos, cuyo contrato renegociaron conjuntamente los gobiernos
menemistas y de la Alianza, que gobernaba la Ciudad Autónoma en
el momento de esa revisión. Ahora, Economía fue más
allá y acordó con Metrovías la reapertura del contrato
para reformularlo por segunda vez, con miras a eximir al Estado de cualquier
aporte. El resultado: se harán menos inversiones en los subterráneos
y, posiblemente, sea necesario aplicar mayores aumentos. La Legislatura
de la Ciudad debería expedirse sobre el tema, pero nadie en el
gobierno nacional parece prestarle atención a este juicio.
Tampoco se tuvo en cuenta el pronunciamiento adverso de la Justicia a
la renegociación que encaró la Alianza sobre el contrato
de Ferrovías, prestadora del Belgrano Sur. “Todavía
no fuimos notificados”, aseguró Kogan. El Gobierno autorizó
los 10 centavos de aumento como parte de un nuevo contrato que acaba de
renegociar con ese grupo concesionario y con TBA, operadora de las líneas
Mitre y Sarmiento. Sin embargo sólo ayer terminó el período
de consulta abierta sobre este última versión contractual.
En otros términos: Economía apuró una autorización
sin cumplir siquiera con la formalidad de atender a todas las observaciones.
Pero el gobierno de la Alianza tampoco pudo honrar otras promesas acerca
de los criterios que utilizaría para renegociar los contratos ferroviarios,
con el supuesto propósito de hacerlo mejor que Carlos Menem.
Transgresión uno: hace pocos meses, Kogan aseguró ante este
diario que sólo renegociaría las privatizaciones ferroviarias
basándose en un estudio integral del transporte en toda el área
metropolitana. Sin embargo, los incumplimientos de la consultora Steer
Davis y Atkins, contratada para realizar ese trabajo, obligaron a rescindirle
el contrato y el Gobierno se quedó sin esa información que
consideraba vital.
 Transgresión
dos: En un reportaje concedido a este diario, el funcionario también
se comprometió a que no habría aumento tarifario antes de
que las nuevas obras estuvieran ejecutadas. Ahora sostiene que, en el
tema ferroviario, “es muy difícil que el pasajero note de
inmediato las mejoras que se hacen en el sistema. Pero los concesionarios
las están haciendo. Al punto que en los primeros diez años
del contrato renegociado, TBA tendrá un flujo negativo de fondos
de 60 millones de pesos por año”. Al margen de sus propias
limitaciones, Economía apunta el índice hacia el gobierno
de Menem, que fue quien en primera instancia reformuló los contratos
ferroviarios, admitiendo aumentos tarifarios aún mayores. La resolución
1007 del Ministerio de Economía, por la que José Luis Machinea
autorizó los 10 centavos de aumento el viernes pasado, alude expresamente
a los acuerdos firmados por el presidente anterior como un instrumento
ineludible. “Estamos frente a contratos en firme, sólo suspendidos
por un acuerdo con los empresarios. La nuestra no es una gestión
autónoma”, se defendió Kogan.
Como dato a su favor, Transporte asegura que consiguió prorrogar
los contratos por menos tiempo (24 años en lugar de 30) y limitó
los aumentos, del 78 por ciento en cinco años al 58 por ciento
en seis, según el acuerdo que Menem había suscripto con
TBA. Porque los 10 centavos del aumento que se aplicó desde el
domingo es apenas el primero de una serie de aumentos para financiar el
plan de obras ferroviarias o para paliar la crisis de los colectiveros.
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Caras
largas en el andén
El
andén de la línea C de subte está lleno de
caras largas. Susana es maestra primaria en el barrio de la Boca,
viaja todas las mañanas desde Retiro hasta Plaza Constitución
y ahora tendrá que caminar las quince cuadras que separan
la plaza de la escuela. “Te imaginarás que con mi sueldo
de docente no puedo bancarme el aumento del subte y del colectivo.
José Luis Mariño también se queja. Más
que molesto, este hombre de 57 años, que trabaja en un taller
metalúrgico, se siente estafado. “Yo voté a este
gobierno con muchas esperanzas y la verdad es que me defraudó”,
dice. Desde hoy gastará 15 pesos más todos los meses
por el aumento del tren, en el que viaja cada día desde José
León Suárez hasta Retiro. “Es terrible, porque
además el sueldo a mí me lo bajaron”. A Pablo,
de 21 años, recién efectivizado en su trabajo después
de dos años de prueba, también lo indigna el aumento:
“Yo trato de zafar, cuando mi viejo puede me lleva hasta el
laburo en auto, porque si no se me va un montón de plata”,
cuenta. Pablo viaja todos los días en colectivo desde Vicente
López hasta San Martín, y gasta $ 2,80 entre ida y
vuelta. Cuando además tiene que ir a la facultad, en San
Isidro, el importe se duplica. Laura Domínguez, que trabaja
en un local de ropa de la avenida Santa Fe, vive en Victoria y comenta:
“Ahora viajo nada más en tren, el boleto de colectivo
me lo ahorro”, mientras aprieta el manubrio de su reluciente
bicicleta blanca. “Por lo menos, con la bici voy a llegar flaca
al verano, Eso sí, hay que ver si después hay plata
para las vacaciones”.
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TARIFAS
TAN ELEVADAS COMO EN ESPAÑA E ITALIA
Carpa
de protesta en Congreso
 Mientras
millones de usuarios comenzaron el primer día hábil con
las nuevas y más altas tarifas del transporte público, que
afectan especialmente a los sectores de menores ingresos, las organizaciones
de defensa de los consumidores presentarán demandas a la Justicia
reclamando la ilegalidad de los aumentos e instalarán una carpa
frente al Congreso para sostener la protesta y juntar un millón
de firmas contra el tarifazo. El defensor del Pueblo de la Nación,
Eduardo Mondino, declaró a Página/12 que el Gobierno “actuó
de mala fe”, pretendiendo llevar adelante “una estrategia de
discutir sobre el hecho consumado” y violando los mecanismos de consulta
preestablecidos.
“El Gobierno dio a conocer los aumentos el viernes para que se hagan
efectivos el domingo”, describió el defensor. Con esto se
evitó cualquier medida que pudiera impedir que se hicieran efectivos.
“Si se logra que la Justicia los anule, el daño causado a
los usuarios ya será irreversible. Nadie les devolverá el
dinero”, reflexionó Mondino.
En el caso de los trenes la Defensoría del Pueblo de la Nación
desdoblará sus reclamos. Hoy presentará una medida cautelar
para el aumento del boleto de tren. “La medida es por la ilegalidad
de la resolución”, dijo Mondino. “Las tarifas de los
servicios públicos deben ser en base al costo del servicio más
una ganancia razonable. Sin embargo se dice que el aumento será
destinado a un fondo de inversión para pagar la deuda que el Tesoro
Nacional tiene con los concesionarios. Esto significa que en realidad
encubre un impuesto”, explicó. En otro orden “se interrumpe
el mecanismo de consulta pública que seguía la Secretaría
de Transportes”, sostuvo. “Para TBA ese mecanismo vencía
recién hoy (por ayer), para Metrovías el 13 y para Trenes
Metropolitanos ni siquiera se presentó”, agregó.
En tanto, el diputado socialista Héctor Polino efectuó una
presentación ante la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad
de los aumentos del transporte y la entidad de defensa de los consumidores
Adecua anunció que realizará una demanda judicial contra
el Estado e instalará desde mañana una carpa frente al Congreso
para recaudar “un millón de firmas”, en contra del aumento.
Desde el pasado domingo los usuarios argentinos, que asumieron los nuevos
costos con bronca, gozan de tarifas similares a las de, por ejemplo, países
como España e Italia, esto no obstante la abismal diferencia en
la calidad de los servicios prestados. En Madrid el boleto del subte y
de los “buses” es de 135 pesetas, un monto similar a los 70
centavos de dólar que ahora deben pagar los argentinos. No obstante,
en España se puede sacar un “bono” por diez viajes que
reduce el valor de cada viaje a unos 40 centavos de dólar. En Roma,
los viajes en subte y colectivos urbanos cuestan 1500 liras, también
alrededor de 70 centavos de dólar.
La
explicación de Bein
El
secretario de Programación Económica, Miguel Bein, justificó
los aumentos en las tarifas del transporte. Para el secretario, los
colectivos aumentaron porque en los últimos tres años,
período en el que no hubo modificaciones tarifarias, el precio
del petróleo se triplicó y el gasoil subió un
70 por ciento. “Si no autorizábamos el aumento de 10 centavos
para las primeras tres secciones, seguramente íbamos a ver
una disminución abrupta del servicio, porque muchas empresas
no iban a poder seguir operando”, explicó. En el caso
de los subtes, “lo que la gente tiene que saber es que los 10
centavos que aumenta el cospel van íntegramente a obras”.
Para los trenes, Bein consideró que desde la renegociación
firmada por el gobierno anterior “obtuvimos mejoras sumamente
importantes. No es un consuelo para la gente, pero siempre estuvo
planteado un aumento importante en la tarifa desde valores muy bajos
para asumir un plan de obras de 4500 millones”. Además,
el secretario argumentó que se redujeron los plazos de concesión
en 5 años y los subsidios que pagaba el Estado, de 286 a 80
millones anuales. |
ASIGNA
MAS PESO AL AUTO QUE AL TRANSPORTE PUBLICO
El
Indec cambió la canasta
Por
Raúl Dellatorre
Si uno mira atentamente la nueva composición de la canasta familiar
elaborada por el Indec, podrá concluir que el aumento del pasaje
en el transporte público no es tan preocupante. Su participación
en el presupuesto del hogar (6,38 por ciento) es inferior al que se le
asigna a gastos en el vehículo propio (6,55 por ciento). Si la
canasta representa el consumo “promedio”, la misma dice que
la mayoría de la gente estaría más preocupada por
el aumento de la cuota del seguro del auto que por un aumento del tren,
el subte y el colectivo. Salvo que la nueva canasta no refleje el presupuesto
de la mayoría.
El Indec informará hoy la variación del costo de vida en
noviembre con la utilización de la nueva canasta. Ayer comunicó
que el índice de precios mayoristas cayó en dicho mes en
un 0,2 por ciento, en tanto el que mide el costo de la construcción
lo hizo en un 0,3 por ciento. El índice mayorista refleja variaciones
negativas en la mayoría de los rubros (principalmente productos
agropecuarios, -3,9 por ciento, y pesqueros, -2,3 por ciento), contra
un aumento en petróleo crudo y gas (4,9 por ciento).
El nuevo presupuesto de consumo de la población, en base al cual
se estimará desde hoy la evolución de los precios minoristas,
refleja una mayor proporción de gastos destinados a los servicios.
Pero ello no es exclusivamente reflejo de una “sociedad más
desarrollada”, aspecto que destacó ayer el titular del Indec,
Osvaldo Kacef. También es producto del abandono del Estado de funciones
esenciales que ahora se cubren con sacrificio económico privado.
Tal es el caso de la salud, que ahora pasará a representar más
de seis veces y media la participación en el presupuesto familiar
que tenía cuatro décadas atrás, o la educación.
Kacef señaló que el consumo de la población fue evolucionando,
dando mayor peso a servicios como educación, salud y esparcimiento,
y teniendo menor peso los recursos destinados a alimentos y bebidas. El
funcionario consideró que “ésa es una característica
de las sociedades desarrolladas” y estimó que “la Argentina
está por arriba de la media de Latinoamérica, a mitad de
camino con una sociedad del primer mundo”. Otros rubros que ganan
peso en la nueva canasta son comunicación y gastos relacionados
con la vivienda.
Pero además de los avances tecnológicos y el cambio de pautas
culturales –reflejados en nuevos gastos como televisión por
cable, informática o pañales descartables–, otros rubros
ganan espacio como resultado de las políticas que redujeron el
peso del Estado en la prestación de servicios esenciales. El rubro
Alimentos y Bebidas, que en 1960 representaba el 59,2 por ciento, en la
nueva canasta baja al 31,29 por ciento. La salud, entre las mismas fechas,
saltó de una participación del 1,5 al 10,04 por ciento de
la canasta.
Por otra parte, el director del Indec anunció una reprogramación
de las partidas presupuestarias del organismo para poder llegar a los
60 millones de pesos requeridos para efectuar el censo de población
y vivienda del próximo año. Los gastos publicitarios correrán
por cuenta de la Secretaría de Cultura y Comunicación, que
destinará a ese fin 20 millones. La encuesta se realizará
en dos días –27 y 28 de octubre– y los resultados principales
se difundirán a partir del 30 de noviembre, “con un sistema
de lectura más rápido que en censos anteriores”. Medio
millón de docentes estarán afectados a la tarea de relevamiento
de una población estimada en 37 millones de personas.
En otro orden, se informó que el Indec comenzará en el 2001
a relevar el desempleo a lo largo de todo el año, con la intención
de brindar información trimestral.
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