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Por
Laura Vales
 El
juicio oral contra Raúl Castells por presunta extorsión
se reanudó después de seis días de receso. Y pareció
dar un viraje. Hasta la semana pasada se discutió básicamente
si pedir comida –de la manera en que lo hicieron Castells y su gente–
podía ser considerado un delito. Pero ayer varios testigos, posiblemente
sin buscarlo, terminaron poniendo en tela de juicio el papel que tuvo
la propia Justicia en todo el episodio. Básicamente, porque dijeron
que el fiscal que acusó a Castells de extorsión estuvo presente
en el hipermercado mientras el dirigente pedía los alimentos, pero
nunca le advirtió que estaba a punto de cometer delito alguno.
Por lo que se escuchó, parece ser que en realidad hizo todo lo
contrario. “El fiscal nos dijo que le diéramos a la gente
la mercadería, que con eso como prueba él iba a detener
a Castells”, resumió un ex gerente de la firma. Para la defensa,
esto indica que el funcionario judicial, en lugar de evitar que se cometiera
el delito, alentó a que se concretara. Y después lo denunció.
Las audiencias orales fueron atípicas desde el primer día.
Dentro de la sala de audiencias, el contraste entre la pobreza del público
que acompaña al acusado y la opulencia de los querellantes estalla
cada tanto sin aviso previo. Ayer ocurrió mientras era interrogada
Julieta Pía, directora de la sucursal Avellaneda de Wal Mart.
Joven y espigada, con el largo pelo castaño sujeto por un broche
de carey y vestida con el uniforme de la empresa, la directora del hipermercado
recordó el momento en que vio entrar a la tienda a la gente de
Castells, el 23 de diciembre de 1998.
–Se notaba que no eran clientes –relató–. Había
mayoría de señoras mayores con chicos y se veía que
muchas nunca habían venido antes al supermercado.
La defensa quiso saber cómo se había dado cuenta de que
efectivamente las señoras que recorrían las góndolas
con sus changuitos no tenían intenciones de hacer las compras.
–Tenían las piernas sucias –respondió la testigo.
El público se revolvió con indignación. Casi toda
la sala estaba llena de mujeres mayores y muy humildes.
La audiencia se va turnando durante la jornada y sigue con atención
las palabras de cada testigo. Es evidente que mucha de la gente del público
participó del pedido a Wal Mart y aprueba o desaprueba las respuestas
de quienes son interrogados con meneos de cabeza o comentarios en sordina.
Uno de los principales testigos de ayer fue el comisario Jorge Porcella,
quien en la víspera de la Navidad del ‘98 estuvo a cargo del
operativo de seguridad en el hipermercado.
El policía fue el primero en declarar que el fiscal Acevedo nunca
puso al tanto a Castells de que el pedido de alimentos podía terminar
llevándolo a la cárcel.
Lo mismo dijeron, por la tarde, los ex directivos de la firma Daniel O’Brian
y Miguel Prémoli, quienes fueron los negociadores de mayor rango
durante la tarde del 23. El primero agregó además que el
supermercado siguió en funcionamiento en todo momento. Aseguró
que “el fiscal tuvo a cargo la resolución del conflicto”
y que “su sugerencia fue entregar la mercadería”.
Prémoli fue un poco más lejos: “El fiscal nos indicó
que diéramos los alimentos, pero que filmásemos todo. Que
iba a detener a Castells cuando saliera del supermercado”.
Se conoció también que en realidad Wal Mart anotó
en sus registros la entrega de dinero como una “donación”.
La empresa entregó a los manifestantes cajas con budines, pan dulce,
azúcar, leche y gaseosas que le significaron un desembolso de 2644
pesos.
La representación de Castells está, desde ayer, a cargo
de la defensora oficial María Fernanda Mestrin. La medida fue tomada
luego de que el dirigente del Movimiento Independiente de los Jubilados
retirara a susabogados particulares del juicio, tras considerar que su
sentencia “ya está firmada”. En la lista de testigos
quedan pendientes cerca de cuarenta personas, por lo que se estima que
habrá por lo menos una semana más de audiencias antes de
escuchar los alegatos y la sentencia.
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