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 Los
presos de La Tablada decidieron no recibir más atención
médica y pidieron ser trasladados a las cárceles donde cumplen
su condena. “Es una decisión exclusiva de los presos para
que el Gobierno se dé cuenta de que no puede seguir demorando la
resolución del tema”, declaró el vocero de los detenidos
del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Paralelamente, un abogado presentó
ante la Corte Suprema un hábeas corpus contra el Estado Nacional
y en defensa del “derecho a la vida” de los presos, en huelga
de hambre desde hace más de 90 días.
En un comunicado escrito desde los hospitales Fernández y Santojanni
los presos expresaron su rechazo al proyecto de ley que el Ejecutivo envió
al Congreso como forma de resolver la situación de los detenidos.
“No aceptamos el proyecto en cuestión porque viola la Constitución
y los tratados internacionales. Por experiencia de haber sido manoseados
con falsas promesas durante todo este tiempo, al igual que durante el
menemismo, tampoco levantaremos la huelga de hambre con media sanción
de Diputados”, señalaron. Si esa norma no se aprueba en las
sesiones extraordinarias, el Gobierno estudia sacarla por decreto. El
presidente Fernando de la Rúa visitará hoy la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, que estudia los
casos que podrían acceder a la Corte, recomendó al Estado
argentino, entre otras cosas, que garantice la doble instancia para los
presos de La Tablada, que les fue negada por haber sido juzgados por la
Ley de Defensa de la Democracia.
A partir de ayer, los doce presos en huelga de hambre decidieron sólo
aceptar atención médica elemental, es decir la medición
del peso y la presión. También decidieron no recibir más
visitas que sus familiares o representantes de organismos de derechos
humanos. “Tienen dificultades para hablar porque están muy
débiles”, justificó Witemberg. Como rechazan la atención
médica, los huelguistas esperan ser trasladados a sus cárceles
porque –explicó el vocero del MTP– “no tiene sentido
ocupar camas en los hospitales públicos, que pueden ser necesitadas
por otras personas”.
“Reconocemos la tarea de los médicos y los enfermeros de los
hospitales que nada tienen que ver con la situación de los presos
y los han asistido como corresponde. Pero si no hay solución, entonces
la huelga de hambre continúa”, declaró Witemberg. “Con
90 días de ayuno no van a volver a la cárcel”, aseguró
la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti. La funcionaria recordó
que existe una orden judicial para que los presos reciban atención
médica en caso de riesgo aun contra su propia voluntad. Allegados
a los miembros del MTP aseguraron desconocer a Roberto Boico, el abogado
que como “letrado y ciudadano” exigió ante el máximo
tribunal de la Nación “el cese total del agravamiento ilegítimo
de las condiciones de detención que padecen los denominados ‘presos
de La Tablada’” y reclamó que el Estado informara “qué
medidas ha tomado para el cabal cumplimiento de las recomendaciones formuladas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” sobre
ellos.
Por otro lado, en los tribunales federales de Morón se radicó
una extraña denuncia. El presidente de una hasta ahora desconocida
“Fundación Argentino Americana por los Derechos Humanos”,
Omar Adra, reclamó la apertura de un nuevo juicio por el caso La
Tablada. La presentación apunta a reclamar la captura de un supuesto
oficial de las “Fuerzas Especiales del Ejército de Cuba, nombrado
por Fidel Castro”, que según Adra tendría vinculación
con el ataque a La Tablada.
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