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Por
Julian Borger *
Desde Tallahassee, Florida
 Mientras
la lucha sobre las boletas dudosas y las máquinas para votar se
arrastra en los tribunales, se impone la evidencia de que la carrera presidencial
en Estados Unidos estaba irrevocablemente viciada antes de que se emitiera
un solo voto, por la sistemática e inconstitucional negativa a
derecho al voto a miles de negros de Florida. A lo largo de Florida, los
residentes negros que habían tomado parte en anteriores elecciones
sin ningún problema fueron a votar el 7 de noviembre para encontrarse
con una asombrosa serie de obstáculos entre ellos y la urna electoral.
Para muchos, los hechos del día eran un recordatorio de que Florida
es una parte integral de Sur Profundo racista, con largos antecedentes
sobre la segregación y la resistencia a los derechos negros al
voto.
El estado de Florida está bajo la investigación del Departamento
de Justicia de Estados Unidos por infrigir los derechos de sus minorías,
pero los casos de privación de los derechos civiles a los negros
casi no han jugado un rol en la impugnación hecha por el vicepresidente
Al Gore a los resultados de la elección. Las boletas emitidas pueden
ser recontadas y producir rápidos resultados, mientras que los
votos negados son difíciles de medir y difíciles de reclamar.
Pero, a la larga, tienen implicaciones más graves para las relaciones
raciales y la salud de la democracia de Estados Unidos. En la mayoría
de los casos investigados por The Guardian, los obstáculos para
que los negros votaran eran burocráticos y administrativos. En
un puñado de casos, sin embargo, eran más sutiles.
En la mañana de la elección, Darryl Gorham llevaba a algunos
vecinos a votar a Woodville, en las afueras de Tallahassee. Tomaron una
curva en el camino a una milla del puesto electoral y se enfrentaron a
una escena salida de la era de la segregación. “Había
cuatro patrulleros de caminos de Florida en la mitad de la calle”,
dijo Gorham. “Paraban a todos. Inspeccionaban las luces delanteras,
las luces de freno, los indicadores, la licencia, el título del
automotor, boletas, todo. He vivido en Florida la mayor parte de mi vida,
pero nunca había visto algo semejante”.
Robert Chamber, un residente negro que vive en un pequeño bungalow
pintado de blanco cerca de ahí, cree que el mensaje del control
era bastante claro. “Está llenando de temor el corazón
de la gente”, dijo. “Significa: ‘Los agarraremos antes
que lleguen.’ El racismo aquí es subterráneo, pero
es fuerte. Hay lugares a los que sabemos que no debemos ir”. Existe
suficiente evidencia como para apoyar los temores de Chamber. De acuerdo
con un estudio hecho por el Centro Legal de Pobreza del Sur, la concentración
más grande de grupos supremacistas blancos (Defensores del Sur
en la Guerra de Secesión) tales como la Liga del Sur, está
centrada en Florida.
Woodvilee no fue el único caso de supuesta intimidación
policial en Florida. Sin embargo, por lejos, el mayor daño a los
derechos de las minorías parece haber sido causado, no por hombres
de uniforme, sino por burócratas de traje, callada y casi invisiblemente,
meses antes de la elección. Durante la campaña presidencial,
fue claro que Florida podía resultar fundamental y que los grupos
de derechos civiles estaban haciendo esfuerzos sin precedentes para movilizar
a los votantes de las minorías. Bajo la bandera de una campaña
antifraude, el gobernador Jeb Bush, el hermano del candidato presidencial
republicano, y su ahora famosa secretaria de Estado, Katherine Harris,
implementaron una serie de pasos administrativos que muy bien pueden haber
cambiado la elección.
En junio, la oficina de Harris hizo una lista de más de 700.000
ciudadanos de Florida que están descalificados en forma permanente
para votar (más que en cualquier otro estado) por pasado delictivo
y la envió a los supervisores de la elección de cada condado.
En Florida, losafroamericanos conforman el 13 por ciento de la población
general, pero el 55 por ciento de los encarcelados. Según Human
Rights Watch, más de un tercio de los afroamericanos en el estado
estaban descalificados para votar por una condena judicial, la mayoría
de las veces resultado de la “guerra a las drogas” que asedia
a las zonas urbanas de Estados Unidos.
Cuando tenía 25 años, Wallace McDonald se quedó dormido
en un banco en Tampa esperando un ómnibus. Fue arrestado por vagancia
y obligado a pagar su crimen con trabajo en un camión de basura
municipal. Asqueado con su sentencia, el joven McDonald abandonó
su trabajo, una ofensa por la que lo multaron con 30 dólares. Eso
era en 1959. Cuarenta y un años después, McDonald recibió
un carta del supervisor para la elección del condado de Hillsborough,
Pam Iorio, informándole que como ex delincuente su nombre había
sido quitado del padrón de votantes. El reverendo Willie Dixon
recibió un perdón total por delitos menores en 1985 y desde
entonces se ha convertido en un líder de la juventud y un predicador
de la Biblia, un pilar de la comunidad negra de Tampa que votó
en cada elección presidencial. Hasta que recibió una de
las cartas de Iorio.
En sus oficinas de Tampa, la demócrata Pam Iorio señaló
su dedo en dirección a Tallahassee. “Sí, hubo errores
en la lista”, dijo. Los “errores” deberían haber
sido corregidos el día de la elección, pero los funcionarios
estaban tan abrumados por el problema que el mecanismo de la apelación
instantánea colapsó. En Tampa, las líneas a la oficina
de Iorio estaban saturadas, mientras los votantes trataban en vano de
llamar desde los puestos de votación para que los rehabilitaran.
La administración de Jeb Bush desechó los reclamos de discriminación
como otro ardid demócrata para socavar los resultados de la elección.
Y el Partido Demócrata es claramente reacio a alzar la bandera
de sus partidarios negros.
Pero la ira entre los afronorteamericanos de Florida no se va a desvanecer
sin un examen de lo que sucedió. Es probable que dure más
que el tema de los recuentos, porque se encuentra en el corazón
de la experiencia negra en el sur.
*De
The Guardian de Gran Bretaña, especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère
EN
SEMINOLE PIDIERON LA ANULACION DE VOTOS POSTALES
El
último cartucho de Gore
Por
J.B.
 Harry
Jacobs, un abogado de New Jersey que habla muy rápido y que puede
resultar ser el último salvavidas legal de Al Gore, fue a los tribunales
para apoyar las afirmaciones del vicepresidente de que los republicanos
manipularon ilegalmente miles de boletas en el condado de Seminole, en
Florida. En carácter de particular y no en representación
del Partido Demócrata, Jacobs demandará a la supervisora
de elecciones en el condado, Sandra Goard, y pedirá que los 15.000
votos postales emitidos en el condado sean anulados. Como George Bush
ganó el voto postal en Seminole por una clara mayoría, el
rechazo de las boletas aplastaría la ventaja de 537 votos del gobernador
de Texas en Florida y entregaría a Gore la victoria en el estado
y, por lo tanto, la presidencia.
Los partidarios de Bush describen a Jacobs como un peón del Partido
Demócrata que simplemente está trabajando para Gore. De
hecho, los abogados republicanos trataron de que el caso fuera considerado
sin mérito, antes de una audiencia completa que comenzó
ayer por la tarde. Jacobs insiste en que está actuando por indignación,
después de escuchar el comentario de un funcionario electoral del
condado de Seminole. El funcionario dijo que el supervisor electoral local
republicano les había permitido a los funcionarios republicanos
llenar los números de identificación de los votantes en
boletas postales incompletas que se habían enviado a sus partidarios,
convirtiendo así en válidos a votos inválidos.
Los republicanos dicen que la controversia proviene de un simple error
de imprenta. Antes de las elecciones, ambos partidos enviaron boletas
formularios postales para sus partidarios que viven en el exterior o están
fuera de su estado. Más de 2000 formularios republicanos, sin embargo,
salieron de la impresora sin ningún número de identificación
del votante. Como respuesta al pedido republicano de que todos los formularios
fueran completados, Goard les permitió a dos trabajadores del partido
que llenaran los números faltantes en su oficina. Los demócratas
locales están demandando también al condado de Martin, justo
al norte de Miami, donde otra supervisora electoral republicana, Peggy
Robbins, les permitió a los funcionarios republicanos que retiraran
los formularios de boletas incompletos de su oficina, llenaran la información
que faltaba y se las devolvieran unos días después. Ese
caso también será escuchado mañana en Tallahassee.
La campaña de Gore se distanció del caso Jacobs, probablemente
porque, si tenía éxito, llevaría a la invalidación
de los votos postales de miembros de las Fuerzas Armadas apostados en
el exterior, lo que podría ser controversial. Pero el caso puede
ser la última esperanza del vicepresidente si pierde en la Corte
Suprema de Tallahassee su apelación formal sobre el resultado de
la elección de Florida. Los funcionarios republicanos señalan
que Jacobs contribuyó a la campaña de Gore y que admitió
que buscó asesoría sobre su demanda de un colega, Mitchell
Berger, que también es un recolector de fondos para Gore en Florida.
El abogado de Jacobs, Gerald Richaman, rechazó la denuncia. “Son
absoluta y totalmente falsas,” dijo Richman ayer. “Sólo
llamó a un abogado que conocía para buscar consejo”.
De
The Guardian de Gran Bretaña, especial para Página/12.
Traducción: C.D
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