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Por Martín
Granovsky
 Decidido a retomar la iniciativa
política después del portazo de octubre, Carlos Chacho Alvarez
está afinando la propuesta para sacudir la Justicia que le presentará
a Fernando de la Rúa. Página/12 pudo establecer que el jefe
del Frepaso estudia un mecanismo que permita cambiar de sede a los jueces.
El proyecto, según sus animadores, permitiría modernizar
la Justicia y a corto plazo serviría para cambiarles la cara a
los jueces federales de la Capital, los de la servilleta, el núcleo
que produce mayor irritación ante la opinión pública.
El equipo asesor de Alvarez ya descartó poner a todo el Poder Judicial
en comisión. Consideran que sería políticamente impracticable
y, además, creen que podría chocar contra dos principios
de la Constitución:
 Uno es la intangibilidad de
los sueldos que ganan los magistrados.
El otro, que se aplicaría
en el caso de una remoción masiva, la inamovilidad de los jueces.
Ninguno puede ser despedido salvo por decisión del Consejo de la
Magistratura.
La variante que estudia el ex vicepresidente escapa a esas dos. Busca
desmontar otra inamovilidad, la de sede. Hasta ahora, cada juez queda
unido al juzgado donde fue designado. En el proyecto, pasaría a
ser posible trasladar a los jueces de sede. Por ejemplo, que un juez federal
porteño se convierta, previa mudanza, en juez en Morón.
O en Río Gallegos. Los estudios no lo dicen, pero así se
abriría un camino para que Carlos Liporaci, por poner un caso,
deje de ser una de las imágenes de la Justicia en Buenos Aires.
Si es que acepta mudarse, claro, en lugar de renunciar y quedarse en la
casona cuyo origen investiga, hoy, el juez Gabriel Cavallo.
Según los borradores que estudia Alvarez, el sistema de rotación
se aplica en otros países. En Italia hay un tope de cinco años
para que un magistrado permanezca en el puesto. Se considera que luego
de ese plazo, y sobre todo en ciudades chicas, es difícil impedir
la simbiosis entre el juez y los factores de poder. Su independencia mengua.
Una eventual reforma de este tipo necesitaría un alto nivel de
acuerdo político, y también una ley, que para no herir suspicacias
podría ser reglamentada en el Consejo de la Magistratura.
Esa nueva ley debería establecer que los acuerdos prestados por
el Senado, antes, y los decretos de designación del Consejo, ahora,
habiliten a ocupar cargos de igual jerarquía pero en cualquier
tribunal federal.
Entonces el Poder Ejecutivo, por razones de oportunidad y con el asesoramiento
del Consejo, imaginan los chachistas, podría disponer que jueces
federales o nacionales presten sus funciones en oficinas de otros de igual
jerarquía en cualquier lugar del país.
Los fundamentos del proyecto tienen cierto parentesco con un trabajo anterior
de los juristas Rafael Bielsa y Carlos Garber. Cuando analizaron la transferencia
de la Justicia a la ciudad de Buenos Aires e imaginaron nuevas variantes
para los juzgados, Bielsa y Garber se preguntaron por qué el único
modelo posible de juez es el del “propietario de la chapa, la llave
de la puerta de acceso, y los muebles, útiles e instalaciones de
un determinado juzgado de un determinado fuero, y atribuciones de jefe
de uno o dos pelotones (secretarías), cada uno de ellos con un
oficial subalterno (secretario), suboficiales y tropa”.
Justamente uno de los obstáculos puestos por algunos magistrados
contra el paso de servicios de Justicia a la Capital consistía
en decir que resistirían cualquier humillación, cualquier
intento por “municipalizarlos”.
“No hay ninguna norma de derecho positivo que establezca que la inamovilidad
de sede debe ser considerada una prerrogativa que protege al juez en su
ejercicio”, dijo a Página/12 un asesor de Alvarez, que pidió
reserva de su nombre a la espera de que su jefe político redondee
hoy la iniciativa. Los cambios de sede no están prohibidos. Hoy,
si dos jueces prestan su consentimiento pueden hacer un enroque para que
cada uno ocupe el juzgado del otro.
Como el tema aún no salió del Frepaso, ni Alvarez ni sus
colaboradores hablaron todavía con sus socios radicales. Es probable
que encuentren en ellos un reparo concreto: su balance del Consejo de
la Magistratura no es negativo, y suelen poner como ejemplo que en poco
más de un año produjo seis acusaciones que generaron cuatro
renuncias, una remoción y una absolución (la de Ricardo
Bustos Fierro).
Los miembros del Gobierno más acostumbrados a tratar con los jueces
federales admiten que hay magistrados más difíciles de presentar
en sociedad. Pero dicen confiar en que hasta ahora los jueces han sido
obedientes a las resoluciones de las cámaras federales. Un caso:
todos aceptaron a la Oficina Anticorrupción como parte querellante,
aunque al principio solo Gabriel Cavallo la había reconocido.
“Es como que todos entendieron que el Poder Ejecutivo no se mete
con los jueces y los jueces hacen buena letra”, resumió un
funcionario.
En cuanto a una negociación con el peronismo, los frepasistas son
optimistas. “También necesitan un cambio de caras, y por otra
parte participarán en el proceso de reubicación de jueces
a través del Consejo de la Magistratura”, dijo un dirigente
con una lógica de imaginar en términos de lucidez los intereses
ajenos muy similar a la que Alvarez aplicó en el Senado.
LA
CAPITAL FEDERAL PODRA JUZGAR DELITOS POR ARMAS
Traspaso en porteño básico
Por
Eduardo Videla
Fernando de la
Rúa y Aníbal Ibarra avalarán mañana, con sus
firmas, el primer convenio para el traspaso de competencias judiciales
de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. En porteño básico,
el acuerdo implica que algunos delitos que hoy son juzgados por magistrados
nacionales pasarán a ser atribución de sus pares de la ciudad.
Será el caso de la portación, tenencia y suministro ilegal
de armas de fuego y la utilización de armas y explosivos en espectáculos
deportivos. El convenio debe ser ratificado por el Congreso nacional y
la Legislatura porteña, y se pondrá en marcha “treinta
días después de la constitución de los nuevos juzgados
contravencionales en la ciudad, prevista para abril próximo”,
dijo a Página/12 el secretario de Justicia y seguridad porteño,
Facundo Suárez Lastra.
La medida es resistida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional, que se viene oponiendo en forma sistemática
al traspaso de los fueron nacionales a la ciudad. La Asociación
envió una nota al presidente De la Rúa, en la que deja constancia
de su rechazo por una medida que “violenta gravemente los poderes
constitucionalmente establecidos”.
La ingeniería del traspaso estuvo a cargo del Ministerio de Justicia
de la Nación y del subsecretario de Justicia de la ciudad, Julio
De Giovanni. Según adelantó Página/12, una comisión
de expertos de ambas jurisdicciones recomendó el traspaso gradual
de la justicia, descartando tanto el traspaso total como la creación
de un nuevo sistema paralelo en la ciudad.
“El primer paso se dio hace dos meses, con el traspaso de las causas
en las que la ciudad de Buenos Aires es parte, y que estaban en juzgados
Civiles y Comerciales de la Nación, que pasaron a los juzgados
en lo Contencioso Administrativo de la ciudad, creados recientemente”,
explicó Suárez Lastra.
En cambio, las causas por tenencia y portación de armas y por violencia
en espectáculos deportivos, que actualmente son competencia de
juzgados Correccionales nacionales, pasarán a ser materia de los
Contravencionales y de Faltas, mediante un convenio entre la Nación
y la Ciudad. La firma de convenios de este tipo está avalada por
la denominada Ley Cafiero.
“La Constitución Nacional le otorga a la ciudad de Buenos
Aires autonomía en materia de justicia y legislación. Y
la Constitución porteña le da a la ciudad la facultad de
organizar su propio poder judicial”, argumentó Suárez
Lastra, en respuesta a las críticas de la Asociación de
Magistrados.
Los jueces nacionales vienen manifestando una fuerte resistencia a ser
traspasados a la ciudad: no quieren perder su régimen jubilatorio
especial, prohibido por la Constitución porteña; quieren
conservar su obra social y mantener su jerarquía como jueces nacionales.
El convenio que se firma mañana esquiva esa oposición: en
lugar de traspasar a los jueces, se trasladan cierto tipo de causas. De
todas formas, para entrar en vigencia, el acuerdo debe ser refrendado
por el Congreso nacional y por la Legislatura de la ciudad. “Se pondrá
en marcha treinta días después de que se constituyan los
38 juzgados Contravencionales y de Faltas, que se están concursando
en estos días”, dijo Suárez Lastra.
Machinea
está irritado porque
Chacho quiere partirlo en dos
Por
José Natanson
“Si tiene
propuestas para hacer al Ejecutivo, lo más razonable no es ventilarlas
por los medios sino alcanzárselas al Presidente”, dijo ayer
José Luis Machinea, consultado sobre el proyecto que Carlos “Chacho”
Alvarez le daría a Fernando de la Rúa y que incluye la división
del Ministerio de Economía. Aunque Machinea fue el único
funcionario que se atrevió a replicar públicamente los planes
de Alvarez, lo cierto es que el paquete de medidas genera cada vez más
rechazos en el Gobierno.
La fecha exacta de la cumbre aún permanece incierta. Ayer, el jefe
de diputados de la Alianza, el frepasista Darío Alessandro, dijo
que se concretará “en dos o tres días”. En la
oficina de Chacho aseguraban que el día aún no fue fijado,
pero que lo más probable es que se reúnan cerca del fin
de semana.
Lo que está claro es que De la Rúa y Alvarez han decido
que llegó el momento de un acercamiento. “Chacho se dio cuenta
de que no tenía espacio para jugar afuera del Gobierno y decidió
apostar a la Alianza, por lo menos por un tiempo”, aseguraban en
el Frepaso. En cuanto a De la Rúa, los motivos son más nítidos:
se encuentra en un estado de debilidad política agudo desde la
renuncia de Alvarez, que coincide con un momento penoso de su gestión.
“Chacho le puede imprimir otra dinámica y un tono nuevo al
Gobierno”, explicaba un funcionario delarruista. Y, para ejemplificar
la situación, comentaba los datos de una encuesta que se maneja
con sigilo en los despachos oficiales y que arroja un dato impactante:
la intención de voto de De la Rúa, menor al diez por ciento,
es la más baja de su historia política.
Pero una cosa es la necesidad de acercarse y otra la coincidencia de objetivos.
Todos los funcionarios consultados ayer por Página/12 coincidieron
en que –salvo la información aparecida en los diarios–
no conocen el paquete de medidas que llevará Alvarez a la cumbre.
Desde luego, esto no impide que aparezcan los primeros rechazos.
El eje económico del paquete es el más conflictivo: partir
el Ministerio de Economía en una cartera de Producción a
cargo de Machinea y otra de Hacienda que dirigiría Ricardo López
Murphy. Aunque el objetivo es compatibilizar un mayor dinamismo con una
nueva señal a los mercados, lo cierto es que implicaría
un recorte del poder de Machinea. Además, va a contramano del último
cambio de Gabinete, en el que De la Rúa decidió eliminar
el Ministerio de Infraestructura y desairar a su amigo Nicolás
Gallo justamente para reforzar la imagen del titular de Economía.
“Sería devaluar a Machinea, lo debilitaría mucho. Es
difícil que lo acepte”, señalaban ayer en la Rosada.
En este sentido, no es casual que haya sido Machinea el primer funcionario
que salió a replicar públicamente el proyecto de Chacho.
La idea, además, da lugar a variadas especulaciones. Al margen
de los objetivos públicos, el proyecto de dividir el Ministerio
esconde la decepción de Alvarez con el equipo económico
y abona los rumores sobre un futuro recambio en la cima del Palacio de
Hacienda. “Quizás lo que quiere Chacho es empujar a Machinea
a la renuncia para dejar el campo libre y que asuma Cavallo”, especulaba
un importante funcionario. Curiosamente, ayer Cavallo salió nuevamente
a negar las versiones sobre su desembarco en el Gabinete. “No he
escuchado esas versiones. Yo estoy tratando de ayudar a que salgan las
leyes desde la posición en la que estoy como miembro del Congreso”,
sostuvo.
La unificación de planes sociales, otra propuesta de Alvarez, parece
un tema más sencillo. Chacho planea crear una Agencia o un Banco
Social, que centralizaría los 3 mil millones de pesos que el Estado
Nacional dedica a ayuda social. Ya conversó del tema en un par
de oportunidades con Graciela Fernández Meijide, quien se mostró
permeable a la idea. “Es lo más fácil porque el ministro
es del Frepaso y no tiene mucho margen para oponerse”, decían
ayer en el Gobierno.
Otra de las líneas es la institucional: incluye iniciativas sobre
la reforma política y las legislaturas provinciales y, también,
un ambicioso proyecto para depurar la Justicia (ver nota central). Ayer,
una alta fuente de la cartera que conduce Jorge de la Rúa explicaba
que, aunque no la conocen en detalle, la propuesta será de difícil
aplicación. “Cualquier iniciativa de este tipo va a requerir
una ley. Y es difícil que el Senado controlado por el PJ la acompañe.
Por otro lado, el tiempo político ya pasó: quizás
se podría haber hecho hace un año, cuando recién
asumimos, pero ahora es complicado”, aseguraba la fuente. Y agregaba
un argumento concluyente: “es difícil que De la Rúa
apoye un proyecto así. No es su estilo”.
COMO
VEN LOS CHACHISTAS EL NUEVO CAMINO
Para el Frepaso, la opción más leve
Por
Fernando Cibeira
Dirigentes afines
a “Chacho” Alvarez recibieron con la resignación de lo
inevitable las críticas de algunos funcionarios del Gobierno sobre
la propuesta que el ex vice le acercará a Fernando de la Rúa.
“Teníamos tres caminos: romper la Alianza, hacer como si no
pasara nada hasta que se rompiera la Alianza o ésta de hacer una
propuesta. Creo que elegimos la mejor, ¿no?”, explicaba ayer
una alta fuente del Frepaso. Hoy Alvarez convocará a los dirigentes
frepasistas con los que suele reunirse una vez por semana para ponerlos
al tanto del contenido final del paper que le llevará al Presidente.
El gran interrogante pasa por saber cuál será la actitud
de Alvarez si De la Rúa le adelanta su rechazo a alguna de las
iniciativas que terminará de pulir hoy. La posibilidad de una ruptura
no figura en el vocabulario frepasista a no ser, justamente, como contrapartida
a la propuesta que Chacho prepara con esmero y sigilo. “El Gobierno
no puede dejar de admitir que estamos en una situación de inercia,
y de algo así sólo se sale con ideas, que es lo que queremos
aportar”, sostenían cerca del ex vice.
En ese sentido, que el ministro José Luis Machinea se enoje con
Chacho por la proyectada división de Economía (ver aparte)
entra en la lógica de “los huevos que hay que romper para
hacer la tortilla”, que es como Alvarez se defendió una vez
citando a Juan Perón. “Acá no es una cuestión
de cuidar la quintita de cada uno sino de ver cómo marcamos una
ruptura y entrar al año electoral con una perspectiva diferente”,
argumentaban dentro del Frepaso.
Según la temperatura ambiente que medían en los alrededores
de Alvarez, la dirección de los trascendidos de la propuesta del
ex vice cayó bien dentro del Frepaso, que percibe con alivio el
retorno de su jefe a la actividad política en forma paralela al
lanzamiento de su movimiento apartidario. “Están los rebeldes
de siempre, pero en general lo de Chacho fue bien recibido”, aseguraba
uno de los diputados que anoche salía a la calle luego de una larga
reunión de bloque.
Ni siquiera colocaban entre los enojados a la ministra Graciela Fernández
Meijide. Juraban que la idea de Chacho de unificar los planes asistenciales
en una agencia social fue armada de común acuerdo y que el documento
que viene preparando el equipo técnico de Graciela respetará
a rajatabla las directivas de Alvarez. Con todo, hasta los más
cercanos al ex vice admitían que de algunas particularidades de
la propuesta chachista se habían desayunado a través de
los diarios y que de los labios de Alvarez sólo salían generalidades.
Por eso esperaban la convocatoria de hoy en la Casa del Frente con cierta
expectativa, a sabiendas de que con Chacho siempre hay espacio para alguna
sorpresa.
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