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Por Adriana Meyer
 “(Antonio) Cafiero no
me dijo los nombres de quienes cobraron la coima pero me aseguró
que los fondos salieron de la SIDE”, declaró ayer el ex jefe
de Gabinete Rodolfo Terragno ante el juez federal Carlos Liporaci. El
ex funcionario fue interrogado como testigo en la causa que investiga
el escándalo de los sobornos en el Senado y ratificó lo
publicado por Página/12 el 19 de noviembre: su negativa a firmar
un decreto reservado que otorgó una partida adicional para la Secretaría
de Inteligencia de 30 millones de pesos. También describió
en forma detallada las charlas que mantuvo sobre este asunto con sus ex
compañeros del gabinete Fernando de Santibañes, Carlos “Chacho”
Alvarez, Alberto Flamarique y Federico Storani.
Tras su conversación con Cafiero, Terragno volvió a escuchar
que el dinero de los sobornos había provenido de la central de
los espías. Fue durante un encuentro en la embajada de Francia
con el periodista Joaquín Morales Solá, quien le refirió
la versión según la cual “la SIDE había puesto
entre dos y tres millones de pesos”, tal como relató a Página/12
un funcionario con acceso al expediente. El 18 de diciembre Cafiero ampliará
su declaración testimonial. La fuente comentó que “el
senador les dijo a todos (con los que habló del tema) algo distinto,
y ante el juez dio otra versión”. Mientras tanto, los investigadores
siguen sumando elementos que empeoran la situación del ex jefe
de la SIDE.
Hace dos semanas este diario reveló que el 24 de enero el ex jefe
de la SIDE, Fernando de Santibañes, le había pedido al presidente
Fernando de la Rúa 50 millones “para afrontar indispensables
gastos de personal”. Tuvo que esperar hasta junio para obtener la
aprobación de Presidencia y del Ministerio de Economía,
pero el decreto mencionaba otros fines: la necesidad de “atender
compromisos contraídos por el Estado nacional”. La Secretaría
Legal y Técnica de la Presidencia lo autorizó y se lo envió
a la Jefatura de Gabinete, pero cuando Terragno leyó la palabra
“reservado” se negó a firmarlo. Por esos días,
el ex funcionario viajó a Europa y su reemplazante, el ministro
del Interior Federico Storani, firmó el decreto 519, pero no por
50 sino por 30 millones. Fue el 14 de julio.
Ayer Terragno les explicó al juez Liporaci y a los fiscales Eduardo
Freiler y Federico Delgado que se negó a firmar ese decreto porque
no correspondía que fuera secreto. “Lo que es reservado es
el gasto pero no la asignación de recursos”, indicó.
Y recordó que cuando habló con Storani le advirtió:
“Te hicieron firmar algo cuyo contenido desconocías”.
Además, mientras estaba en el exterior Terragno dice haberle avisado
al Presidente –vía telefónica– sobre la inconveniencia
de sacar ese decreto reservado. De la Rúa le habría contestado
que “no lo sabía” y que lo pensaba “subsanar”.
De hecho, el decreto se hizo público el mismo día de la
renuncia de Terragno. El fiscal Federico Delgado le preguntó cuál
había sido la incidencia del caso de los sobornos en su alejamiento
del cargo. El ex jefe de Gabinete respondió que se había
ido por las diferencias que mantenía con la política económica
y que “lo demás son especulaciones periodísticas”.
Si bien el ex funcionario no puede afirmar la existencia del soborno,
cree que “algo pasó”. Según consta en su declaración,
Terragno afirmó que Chacho Alvarez le pareció el más
comprometido con el esclarecimiento del caso, mientras que De la Rúa
le dijo que se trataba de “una campaña de desprestigio contra
la clase política”, De Santibañes le informó
que no iba a salir a desmentir versiones.
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“Estamos muy
a la deriva”
Terragno cuestionó al Gobierno. “Hacemos una navegación
a vela y vamos para donde manda el viento”, metaforizó
el ex funcionario, y en referencia implícita al presidente
Fernando de la Rúa dijo que “ni siquiera es la navegación
que hace un experto que sabe enfrentar los vientos adversos”.
Para rematar con un juicio lapidario enfatizó: “Estamos
muy a la deriva”. El ex jefe de gabinete reivindicó
su Proyecto Bicentenario socioeconómico. “Mi aspiración
era que el presidente De la Rúa lo encabezara”, se lamentó.
Y agregó que “muchos de los problemas que tenemos derivan
de que no nos hemos fijado metas de mediano y largo plazo”.
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El manejo de las cuentas
La Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios (Ufitco)
informó al juzgado de Carlos Liporaci que la cuenta que ese
organismo detectó en el Banco Roberts con movimientos de
dinero de la SIDE pertenece al Instituto de Investigaciones S.R.L.
Página/12 reveló que la central de inteligencia ocultó
la existencia de esta cuenta. Esa unidad especial aportó
los movimientos bancarios, pero los fiscales Eduardo Freiler y Federico
Delgado quieren que les envíen toda la documentación
que acredita que por allí pasó dinero manejado por
los espías que comandó Fernando de Santibañes.
Además, esperan que la Inspección General de Justicia
les informe a nombre de quién está esa sociedad.
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EL
JUEZ CARLOS LIPORACI VA CAMINO A SER JUZGADO
Ahorros difíciles de probar
Por
Irina Hauser
El juez federal
Carlos Liporaci, quien investiga los supuestos sobornos pagados a senadores,
entró en el camino de su posible destitución. La Comisión
de Acusación del Consejo de la Magistratura lo citó para
que declare el martes próximo y dé explicaciones sobre su
supuesto enriquecimiento ilícito. Quieren que explique, entre otras
cosas, cómo hizo para comprar con sus ingresos como magistrado
una casa que los peritos de la Corte Suprema valuaron entre 950 mil y
1.120.000 pesos. El crecimiento de la fortuna del juez, dice el dictamen
votado por cinco de seis consejeros, “no tiene explicación”.
Después de varias idas y vueltas, la Comisión de Acusación
resolvió llamar a Liporaci para que diera una explicación
sobre su evolución patrimonial. Pero el magistrado no se presentaría
personalmente sino que enviaría un escrito. El dictamen en su contra
fue votado por los aliancistas Pablo Fernández y Carlos Maestro,
los abogados Fermín Garrote y Mario Gersenobitz e incluso por el
justicialista Miguel Angel Pichetto. Sólo se abstuvo la menemista
Lelia Chaya. Liporaci había pedido la recusación de los
consejeros que lo cuestionaron (Fernández, Garrote, Gersenobitz
y Eduardo Orio), un planteo que fue rechazado por el cuerpo.
Los argumentos contra el juez apuntan a las presuntas “inexactitudes,
omisiones y contradicciones” en relación con el patrimonio
declarado por él, los ingresos familiares y su nivel de gastos.
El disparador de la investigación sobre su riqueza fue una publicación
periodística que decía que había comprado su vivienda
en Vicente López a 1,5 millones de pesos. El, en cambio, dijo que
la había pagado 610 mil, una cifra de por sí curiosa ya
que era inferior al valor fiscal, que ascendía a 663 mil pesos.
El documento sugiere que “existen elementos que hacen presumir que
Liporaci recibió una atención especial por parte de los
vendedores o que el precio no es el que verdaderamente pagó”.
A los consejeros no les cierra el endeudamiento que contrajo. Ni su decisión
de mudarse “a un inmueble que quintuplicaba en su valor al anterior”
ni la de contratar “dos préstamos que suman más de
la mitad del precio que dice haber pagado” y contratando una hipoteca
privada a un ilustre desconocido.
Otro punto controvertido a entender de la comisión, teniendo en
cuenta que Liporaci basó sus explicaciones “en los ingresos
del grupo familiar”, es cómo pudo ahorrar 118.606 pesos en
seis meses si la familia, según sus dichos, recibió unos
11.000 pesos mensuales. A eso se suma que su hija María Florencia
presta servicios en la Auditoría General de la Nación recién
desde junio de este año. La joven, además, “es beneficiaria
en la actualidad y desde que tenía 15 años, de una pensión
graciable” de 500 pesos, y para su cobro está autorizada su
madre, Lidia Inés Calb.
“Un juez que contrae deudas imposibles de pagar con su sueldo y con
los de quienes integran su grupo familiar se expone a cometer actos incompatibles
con su elevado ministerio”, concluyen los consejeros.
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