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 Finalmente los senadores justicialistas
aceptaron tratar hoy el proyecto de Presupuesto 2001. La gestión
final corrió por parte del propio Fernando de la Rúa, quien
se comunicó desde Costa Rica con el titular de la bancada del PJ,
José Luis Gioja. Los senadores de la oposición tuvieron
una tensa reunión de bloque antes de fijar su posición.
Por la noche, en conferencia de prensa, anunciaron que hoy aprobarán
el proyecto en general y mañana lo harán en particular.
Pero todavía no lograron consensuar algunos de los cambios que
podrían introducirle a la iniciativa. Se debate básicamente
sobre dos puntos: eliminar o no el recorte salarial de 12 por ciento a
los empleados públicos y qué postura asumir respecto del
financiamiento a los partidos políticos. Pero lo que más
le importa al Gobierno es que logró que los senadores comprometan
la aprobación del Presupuesto esta misma semana.
Las negociaciones entre el Gobierno y los legisladores del PJ fueron intensas
los últimos dos días. El Poder Ejecutivo le asigna a la
sanción de la ley una importancia excepcional ya que, según
aduce, es lo único que falta para conseguir el crédito de
blindaje del FMI. Ni bien llegó a Costa Rica, De la Rúa
envió un mensaje a los senadores. Los convocó a una reunión
extraordinaria hoy en Olivos a fin de destrabar lo que hasta ese momento
era su resistencia a votar el proyecto. El encuentro se producirá
a las 11 de la mañana. De todos modos, el Presidente consiguió
ayer por la tarde, tras comunicarse con Gioja, que los senadores accedieran
a aprobar el Presupuesto esta semana.
En la reunión en Olivos se discutirá, entonces, sobre los
cambios que los legisladores planean introducirle al proyecto. Según
anunciaron Gioja y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
Carlos Verna, las modificaciones ya acordadas por la bancada peronista
son las siguientes:
 Elevar de 40 a 60 millones
de dólares la partida para las cajas jubilatorias provinciales
no transferidas a la Nación.
Se mantiene en 100 millones
de pesos el subsidio para las tarifas de gas en la Patagonia. Pero se
asigna a los gobiernos provinciales la facultad de determinar cómo
se repartirá el beneficio entre las distintas localidades. De este
modo, se excluye la participación del Enargas en la fijación
de las tarifas.
Eliminación a los cupos
de venta de combustible subsidiado en la Patagonia. La Cámara de
Diputados incluyó un artículo fijando esos cupos, pero ahora
los senadores lo sacarán.
Precisar de qué modo
se distribuirá un fondo de 50 millones de pesos para promoción
regional en los sectores agrícola y turístico, que tal como
ahora está redactado el Presupuesto queda a criterio del gobierno
nacional.
Gioja se preocupó en aclarar que los cambios no elevan el déficit
fiscal y sostuvo que existe un preacuerdo con la bancada de la Alianza
para que acompañen esas modificaciones. Pero los peronistas no
se ponen de acuerdo sobre si rechazar el recorte salarial a los empleados
públicos y cómo actuar respecto del financiamiento a los
partidos políticos. En el primer caso, Jorge Yoma discutió
frente a los periodistas luego de que Gioja dijera que “lo estamos
estudiando”. “Habíamos acordado que vamos a eliminar
el recorte”, le reprochó el riojano. Gioja sólo respondió
con una mueca. Respecto del financiamiento a los partidos, el peronismo
pediría que se disponga una asignación de 3 pesos por voto
en una nueva ley.
DESDOLARIZACION,
DEVALUACION Y DOLARIZACION
El terrorífico plan Triple D
Por Julio Nudler
Tanto terror como el que sembró
hace un cuarto de siglo la Triple A podría provocar ahora el Triple
D, un plan de laboratorio urdido por algunos economistas, no necesariamente
vinculados entre sí, buscando una fórmula para que el país
pueda escapar de la encrucijada en que cayó la Convertibilidad.
Las tres iniciales corresponden a los otros tantos pasos, virtualmente
simultáneos, que prevé esa estrategia: desdolarizar, devaluar
y dolarizar. En otros términos, el paquete consistiría en
convertir compulsivamente a pesos los argendólares (depósitos
bancarios en esa moneda). A esto se añadiría la devaluación
del peso y la dolarización general del sistema monetario, con desaparición
del signo nacional. Se trata, por tanto, de una versión ampliada
del Plan D+D, que en su momento revelara Página/12. La diferencia
esencial del Triple D es que salva a los bancos del letal efecto que tendría
sobre ellos una devaluación y lo hace mediante un parcial repudio
de sus obligaciones con los depositantes, repitiendo de otra manera la
historia del Plan Bónex. Los titulares de cuentas en dólares
las seguirían teniendo, a la postre, en la moneda estadounidense,
sólo que su saldo disminuiría en proporción a la
devaluación.
La Fundación Capital, timoneada por Martín Redrado, señaló
en su último informe que el Triple D “significaría
una nueva confiscación” y otras fuentes consultadas por este
diario insistieron en que, por el momento, sólo se trata de una
idea o simulación de laboratorio, que tal vez nunca se aplique.
Para el consultor Gabriel Rubinstein, hay que recordar que el Plan Bónex,
que canjeó a la fuerza los plazos fijos por bonos, terminó
conduciendo a la segunda hiperinflación, pese a que había
poquísimo dinero en la economía. Para él, un plan
como el Triple D fracasaría porque toda la gente le apostaría
en contra: “Aplicarlo exitosamente –dice– exigiría
del Gobierno tanta credibilidad y capacidad de acción que, de poseerla
el presidente De la Rúa, no tendría necesidad de implementarlo.”
De todas formas, quienes imaginan esa salida explican que el plan serviría
para licuar salarios, incluyendo los sueldos del sector público,
mientras que, al rebanar la deuda de los bancos con sus depositantes,
relevaría al Estado de la obligación de acudir al rescate
de la banca, con el consiguiente costo fiscal. En realidad, ese costo
que se ahorraría el fisco lo pagarían los depositantes.
El problema de una devaluación a secas respecto del sistema financiero
es que, aunque los depósitos en dólares estén calzados
con préstamos en igual moneda, los deudores de esos créditos
difícilmente podrían honrarlos. Pero si los bancos se ven
favorecidos por una quita en sus deudas con los depositantes, el mismo
plan los obligaría a otorgar descuentos y reprogramaciones a sus
deudores.
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